A una década del Acuerdo de París, un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestra que los mercados financieros todavía destinan gran parte de sus recursos a actividades intensivas en emisiones, mientras las oportunidades vinculadas con la transición energética permanecen parcialmente desaprovechadas.
Uno de los datos más reveladores del estudio es que el valor de mercado de las empresas de sectores bajos en carbono representa apenas un tercio del de las compañías con altas emisiones de gases de efecto invernadero. En otras palabras, las firmas más contaminantes continúan teniendo un peso significativamente mayor en las bolsas del mundo.
El reporte, titulado OECD Review on Aligning Finance with Climate Goals 2026, analiza cómo evolucionaron las inversiones y las políticas financieras vinculadas con la acción climática. Según el documento, hacia fines de 2025 las empresas bajas en carbono representaban apenas alrededor del 5% del valor total de las acciones cotizadas a nivel global, mientras que las compañías intensivas en emisiones seguían ocupando una porción mucho más relevante de los mercados.
“Las oportunidades para redirigir los flujos financieros hacia la transición permanecen desaprovechadas”, advierte la OCDE.
¿Hay inversión en energías limpias?
La paradoja es que, en la economía real, algunas señales muestran avances. En 2024, las inversiones globales en energías limpias equivalieron al 7% de la formación bruta de capital fijo, superando a las inversiones en combustibles fósiles, que representaron el 4%. Sin embargo, cuando se analiza el sistema financiero en su conjunto, la situación es diferente: el financiamiento asociado a actividades fósiles sigue superando al destinado a soluciones bajas en carbono en gran parte de las clases de activos.
La OCDE señala que esta brecha evidencia que los avances registrados en determinados segmentos aún no logran traducirse en una transformación estructural del sistema financiero. Además de los combustibles fósiles, importantes volúmenes de financiamiento continúan orientándose hacia sectores industriales y energéticos intensivos en carbono, lo que refleja el enorme desafío que implica financiar la transición de actividades difíciles de descarbonizar.
Bonos verdes, en baja
El informe también pone de relieve que la emisión de bonos verdes perdió dinamismo desde 2022. Aunque este mercado continúa creciendo, lo hace a un ritmo menor que en años anteriores. En contraste, los préstamos sindicados etiquetados como verdes registraron una evolución más favorable, aunque todavía financian menos proyectos que aquellos vinculados con el sector fósil.
Para la organización, las políticas públicas desempeñan un papel decisivo para revertir esta tendencia. Entre 2000 y 2025, más de 110 países implementaron unas 860 políticas relacionadas con las finanzas climáticas. La mayoría de ellas estuvieron orientadas a mejorar la transparencia y la divulgación de información vinculada con riesgos climáticos.
No obstante, la OCDE advierte que estas herramientas, por sí solas, no alcanzan. “Las políticas del sector financiero no pueden sustituir a las políticas fiscales, industriales y de infraestructura”, sostiene el documento. En este sentido, remarca que los incentivos económicos, los estándares regulatorios y las inversiones públicas continúan siendo fundamentales para generar señales claras que orienten las decisiones del sector privado.
Otro de los desafíos identificados es la persistencia de importantes brechas de información. Aunque la disponibilidad de datos climáticos mejoró en los últimos años, aún existen dificultades para evaluar el grado de alineamiento climático de determinados activos financieros, especialmente en mercados privados y otros instrumentos menos transparentes.
Frente a este escenario, la OCDE propone una batería de medidas para gobiernos, supervisores financieros y bancos centrales. Entre ellas, recomienda fortalecer las pruebas de estrés climático, desarrollar estadísticas nacionales sobre finanzas sostenibles, mejorar la transparencia de las calificaciones ESG y promover marcos de datos más robustos que permitan identificar riesgos y oportunidades asociados con la transición.