La destrucción de los bosques nativos en la región norte de la Argentina volvió a encender las alarmas ambientales. Según un relevamiento presentado por la organización Greenpeace, entre enero y junio de 2026 se deforestaron 40.862 hectáreas en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, una superficie equivalente a dos veces el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El análisis de imágenes satelitales detalló que Santiago del Estero encabeza el listado con 20.727 hectáreas desmontadas, manteniéndose como la jurisdicción con mayor pérdida de cobertura forestal. Por su parte, la provincia de Salta registró 11.960 hectáreas afectadas, lo que representa el doble de la deforestación contabilizada en el mismo período del año anterior. La nómina se completa con Formosa (4.375 hectáreas) y Chaco (3.800 hectáreas).
Las críticas a las multas económicas y las complicidades provinciales
Desde la organización ecologista advirtieron que los mecanismos sancionatorios vigentes no logran frenar el avance de la maquinaria sobre los ecosistemas. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, señaló que las multas financieras son absorbidas por los empresarios agropecuarios como un costo más de producción o judicializadas para evitar el pago.
Entre las principales denuncias del relevamiento se destacan:
- Falta de control e incentivos a la flexibilización: La entidad apuntó a la complicidad de los gobiernos provinciales por aplicar esquemas de fiscalización débiles y autorizar desmontes en áreas donde la normativa vigente lo prohíbe.
- Aumento de permisos autorizados: En Salta alertaron sobre la inminente aprobación de nuevos planes de desmonte, sumado a la falta de remediación del impacto provocado por un pozo petrolero abandonado en la zona de Lomas de Olmedo.
- Recorte de partidas nacionales: Se advirtió sobre la reducción de fondos destinados a la conservación ambiental y los intentos de modificación de la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego.
El reclamo de penalizar la destrucción de los bosques nativos
A pesar de que la Argentina suscribió el compromiso internacional de Deforestación Cero para el año 2030 durante la Cumbre Climática de Glasgow en 2021, los índices de pérdida forestal continúan en niveles críticos.
Frente a esta situación, desde la entidad insistieron en la urgencia de catalogar la destrucción de bosques como un delito penal para terminar con la impunidad, advirtiendo que el avance del ecocidio agrava el cambio climático, incrementa el riesgo de sequías e inundaciones y provoca el desalojo sistemático de comunidades campesinas e indígenas.