Ley de Tierras: denuncian a Javier Milei en Córdoba por derogar la normativa
La denuncia, radicada en la Justicia Federal de la provincia, fue interpuesta por un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Los detalles.
En una escalada de tensiones judiciales y críticas, el presidente Javier Milei enfrenta una nueva presentación legal en la provincia de Córdoba por la derogación de la Ley de Tierras, contenido en el controvertido DNU 70/2023, recientemente rechazado por el Senado.
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La denuncia, radicada en la Justicia Federal de la provincia, fue interpuesta por un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con asistencia legal de un ex juez, y apunta a las consecuencias ambientales y sociales que la derogación podría acarrear.
Raúl Montenegro, docente universitario, lidera la acción judicial argumentando que la derogación de esta ley podría abrir la puerta a la venta indiscriminada de recursos naturales como bosques nativos, glaciares y yacimientos minerales a intereses extranjeros, violando así tratados internacionales y normativas ambientales, incluyendo consultas a comunidades indígenas.
Qué dice la denuncia contra Milei
El Tratado de Escazú y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas son citados como fundamentos legales en la denuncia, que sostiene que la derogación de la ley anterior establecía un límite del 15% a la compra de tierras por parte de entidades extranjeras, con regulaciones específicas a nivel nacional, provincial y departamental.
Los denunciantes acusan al presidente Milei de posibles delitos como incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita, solicitando a la justicia que investigue los procesos de elaboración del DNU, incluyendo posibles influencias de asesores y consultores cercanos al gobierno.
Esta no es la primera vez que la derogación de la Ley de Tierras genera controversia. La Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (Fipca) recientemente solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la normativa, mientras que decisiones judiciales han oscilado entre suspender y reinstaurar la derogación.
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La denuncia no solo apunta al presidente Milei, sino también a varios de sus ministros, acusándolos de promover una política que favorece a empresas privadas en detrimento de la protección ambiental y social.
En respuesta a estas acusaciones, Milei defendió su posición y cuestionó el Pacto de Mayo, destacando que su gobierno no sigue necesariamente los acuerdos previos con los gobernadores.
La presentación judicial refleja la creciente tensión entre el gobierno y sectores críticos respecto a las políticas ambientales y económicas, poniendo en el centro del debate la preservación de los recursos naturales y los derechos de las comunidades locales en un contexto de cambios regulatorios y disputas legales.
