Ley de Glaciares: la comunidad científica advierte por riesgos para el agua y el ambiente

La Academia Argentina de Ciencias del Ambiente (AACA) cuestionó con dureza la modificación de la Ley de Glaciares (26.639) impulsada por el Poder Ejecutivo y advirtió que el Congreso debería rechazarla por sus posibles impactos sobre la disponibilidad de agua y la protección ambiental. El proyecto, que ya cuenta con dictamen por mayoría en el Senado, está previsto para ser tratado en febrero.

En un comunicado firmado por su presidenta, Marta Litter, y el secretario general, Mariano Aguilar, la entidad sostuvo que las reformas propuestas “contienen propuestas con potencial detrimento de la disponibilidad del agua” y que, lejos de fortalecer la actividad productiva, “no contribuyen a un eficiente desarrollo de la minería”.

Según la academia, los cambios habilitarían actividades mineras e industriales en zonas actualmente protegidas sin garantizar la preservación de las cuencas hidrográficas e hidrogeológicas que abastecen de agua para consumo humano, agricultura y ganadería, además de afectar la biodiversidad, la investigación científica y el valor turístico de estos ecosistemas. “Todo ello constituye objetivos centrales de la ley vigente”, remarcó la AACA.

El pronunciamiento se suma a una serie de manifestaciones de rechazo provenientes del ámbito científico y de organizaciones ambientales, tanto nacionales como internacionales, que expresaron su preocupación por el alcance de la reforma.

Uno de los puntos más cuestionados por la AACA es el artículo primero, que redefine a las provincias como autoridad de aplicación última. La academia consideró llamativo que el texto aclare que la ley debe interpretarse conforme a la Constitución Nacional, “como si pudiera ser interpretada de otra forma”, y alertó sobre posibles discrepancias de criterios entre autoridades nacionales y locales.

También generó fuertes críticas el artículo tercero bis, que incorpora un principio precautorio según el cual los glaciares y el ambiente periglacial quedarían protegidos “hasta tanto” la provincia verifique que no cumplen funciones estratégicas como reserva de agua. Para la AACA, esta formulación contradice el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente (25.675), que indica que la falta de certeza científica no debe usarse para postergar medidas de protección frente a daños graves o irreversibles.

Finalmente, la academia advirtió que otros artículos, como el quinto y el séptimo, podrían debilitar los criterios y controles científicos aplicados a la protección de glaciares. En ese marco, reiteró su llamado al Congreso para que rechace la reforma y preserve una norma que considera clave para garantizar el acceso al agua y la protección de ecosistemas estratégicos en un contexto de creciente estrés hídrico y cambio climático.

Alertan por el tratamiento exprés de la reforma en el Senado

El pronunciamiento de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente se suma a una amplia coalición de organizaciones ambientales, científicas y sociales que advirtieron que durante febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso, podría avanzar el tratamiento de la modificación a la Ley de Glaciares. Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas–Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA–CAJE) y Jóvenes por el Clima alertaron que la iniciativa, que ya obtuvo dictamen exprés en el Senado, representa un grave retroceso en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

“Modificar la Ley de Glaciares en plena crisis climática e hídrica implica reducir la protección de reservas de agua dulce estratégicas para los argentinos y poner en riesgo la seguridad hídrica de más de 7 millones de personas”, sostuvo Matías Arrigazzi, del equipo de Greenpeace. Según explicó, los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol clave en la regulación de los caudales de los ríos, especialmente en contextos de sequía y aumento de las temperaturas.

Argentina cuenta con casi 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas a lo largo de más de un millón de kilómetros cuadrados. Estos ecosistemas constituyen reservas estratégicas de agua para el presente y el futuro de la población, además de cumplir funciones ambientales esenciales.

Desde Aves Argentinas, su director ejecutivo Hernán Casañas advirtió que los ambientes periglaciales no son territorios vacíos, sino espacios con alta biodiversidad y funciones ecológicas críticas. “La naturaleza no reconoce límites administrativos. La protección de estos ambientes requiere una mirada integral, federal y basada en la ciencia”, señaló.

Las organizaciones también cuestionaron la constitucionalidad del proyecto. Aseguran que vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, los principios precautorio y de prevención de la Ley General del Ambiente y el principio de no regresión ambiental reconocido en el Acuerdo de Escazú. En particular, objetan que la iniciativa delegue en las provincias la definición de qué glaciares y áreas periglaciales deben protegerse, rompiendo el carácter uniforme de los presupuestos mínimos ambientales.

“La reforma propuesta es altamente regresiva e inconstitucional. La Ley de Glaciares no necesita ser modificada; necesita ser cumplida”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN. En la misma línea, Mercedes Pombo, cofundadora de Jóvenes por el Clima, advirtió que reemplazar criterios técnicos y científicos por decisiones políticas coyunturales puede tener consecuencias irreversibles durante décadas.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Enrique Viale subrayó que “lo que está en juego es el agua” y alertó sobre el riesgo de sacrificar glaciares milenarios para habilitar proyectos de grandes empresas mineras. Las organizaciones recordaron además que la Ley de Glaciares es una norma pionera a nivel mundial, ratificada por la Corte Suprema, que permitió frenar más de 40 proyectos extractivos en zonas protegidas.