Ley Bases y Ambiente: Cómo impacta la normativa aprobada en los recursos naturales del país

La poca atención que se le da al tema del medioambiente quedó reflejada en las últimas horas con la sanción de la Ley Bases, que encendió las alertas en las organizaciones socioambientales y en la sociedad en general sobre los eventuales alcances que tendrá la normativa en su aplicación en el futuro.

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Entre esas preocupaciones está la advertencia que hizo el senador radical Martín Lousteau, quien puso sobre la mesa el tema de la prioridad que tendrían las empresas en el acceso a recursos como el agua y el gas, en el marco del debate de la ley Bases, que sorprendió incluso a funcionarios del gobierno de Javier Milei, que admitieron no estar al tanto de esa disposición.

Para el diputado radical Fabio Quetglas, integrante de la comisión de Recursos Naturales de la cámara baja, “siempre el tema de la escasez de recursos es relativo. Desde el punto de vista humanitario es cierto porque si la tecnología no cambia puede haber competencia de recursos”.

En declaraciones a Economía Sustentable, Quetglas relativizó el impacto que tendría la ley directamente sobre el medioambiente y aclaró que la ley original de Bases “tenía muchas iniciativas que suspendían la vigencia de las normas de Presupuestos Mínimos Ambientales que se sacaron del texto finalmente del proyecto”, en su primer paso por Diputados.

Quetglas indicó que “el RIGI es una normativa de promoción de innovaciones y con o sin RIGI tiene que haber normas ambientales”, al destacar que “los controles eran los mismos antes de la aprobación de este régimen”.

Tras señalar que “si decimos que los recursos son de las provincias, los cuidados también lo son”, el diputado bonaerense advirtió que “ese tipo de seguimiento requiere de una observancia muy cercana, es una tarea local. Creo que Argentina en general esas cosas no las hace bien. No importa el gobierno, una buena regulación siempre permite el desempeño de la actividad minimizando los riesgos y sosteniendo controles, de modo tal que se desenvuelva en un contexto seguro”.

“No me cabe duda que la capacidad regulatoria del Estado tiene que mejorar en términos del control y garantías para que ocurran las actividades y las inversiones”, enfatizó el diputado radical, al señalar que “toda actividad económica tiene impacto ambiental. Lo que hace la civilización es administrar esa complejidad. Ese salto merece darse”.

En ese sentido, la diputada de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, había señalado a Economía Sustentable que la ley plantea “un enorme retroceso en materia ambiental, viola acuerdos internacionales” y puso de relieve que además en el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) no está contemplado ningún impacto ambiental sobre las extracciones ni en el agua ni en las áreas protegidas”.

Para la diputada de UXP, se trata de “una decisión política del presidente Milei, es una estrategia que la plasma en la ley Bases. En ningún caso se discute cuál es el modelo de protección ambiental” y consideró al presidente Milei como “un negacionista ambiental”.

Estévez afirmó además que la iniciativa significa “un enorme retroceso y el impacto será tremendo”, al advertir sobre la falta de inversión en Parques Nacionales, con despidos de trabajadores y “una terrible desinversión” que se evidencian además, por ejemplo, en los programas de manejo del fuego”.

Más sectores extractivistas y con más beneficios ante la Ley Bases

Para las organizaciones ambientales, la implementación del RIGI significaría una reversión, ampliada a más sectores extractivistas y con más beneficios, del Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1993 (Ley N° 24.196).

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Según las organizaciones, se trata de una especie de “cheque en blanco” a los capitales extranjeros para ingresar al país, explotar los recursos naturales y llevarse las ganancias, con beneficios fiscales y sin la obligación de generar trabajo local ni transferencia de tecnología.

Para esas organizaciones, la ley Bases “facilita de esta manera al máximo la llegada de las grandes empresas mineras y petroleras, amplía sus ganancias y atenta contra los bienes naturales y las comunidades locales”.

La delegación de facultades a Milei, otra de las preocupaciones

Las organizaciones socioambientales apuntan además a la delegación de facultades contempladas en la ley que habilitan al presidente Javier Milei a avanzar en la reforma del Estado y una reorganización administrativa.

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Especialmente, en el artículo 3 del proyecto, se habilita a modificar la estructura jurídica, disminuir competencias o, directamente, eliminar organismos estatales.

Entre los organismos clave para la coordinación y aplicación de políticas ambientales que podrían reducirse en sus funciones o eliminarse. En esa situación se encuentran:

• Administración de Parques Nacionales
• Instituto Nacional del Agua (INA)
• Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres)
• Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep)
• Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (Ianiglia)
• Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar)