Las exportaciones pesqueras alcanzaron u$s 2.010 millones en 2025, lo que configuró el segundo mejor registro histórico. Además, en lo que va de este año, se registró el mayor volumen de desembarques de la última década, según datos de la Subsecretaría de Pesca, basados en Declaraciones Juradas de las empresas.
Sin embargo, la fiscalización física a bordo cayó del 20% al 15% entre 2023 y 2026. Hoy casi 9 de cada 10 buques zarpa sin inspector a bordo, según revela un informe del Círculo de Polítcas Ambientales (CPA) sobre fiscalización y la ONG “Sin Azul No Hay Verde”, que también detalla las pérdidas económicas y el daño ambiental que esta falta de controles conlleva.
De acuerdo al informe titulado “El mar como caja negra. La brecha entre la expansión de la pesca y la fiscalización estatal”, el país cuenta con apenas 64 inspectores embarcados para más de 7.400 viajes de pesca: cada inspector debe cubrir 116 navegaciones, más del doble que en 2021.
En este punto cabe aclarar que la función de los inspectores de a bordo es fiscalizar y eventualmente sancionar a los buques que no cumplen con las reglamentaciones de pesca. También suele haber en los barcos pesqueros -muchos de ellos verdaderas fábricas en el mar- “observadores científicos”, “Se trata de investigadores que toman datos en los viajes de pesca para realizar estudios del hábitat y comportamiento de las especies, pero no tienen poder de fiscalización ni sanción”, explicó a Economiasustentable Esteban Gaitán, integrante del INIDEP (Instituto de Investigaciones y Desarrollo Pesquero), durante el Tercer Foro de Periodismo Científico llevado a cabo el 22 y 23 de octubre en Mar del Plata.
Más exportaciones, menos inspecciones
La falta de controles es especialmente grave en las pesquerías de mayor peso económico. El calamar Illex, que en 2025 fue el primer producto pesquero exportado en volumen, contó con inspector a bordo en apenas el 9 % de sus viajes de pesca. El langostino y la merluza hubbsi (también de gran valor comercial) rondan el 20%.
“Hay una ley que no se está cumpliendo” sostuvo Consuelo Bilbao, Directora Política del CPA. “La normativa exige que haya un inspector en todos los buques de 33 metros de eslora o más, pero entre 2023 y 2026 nunca se superó el 56%: prácticamente 1 de cada 2 buques de gran porte zarpó sin inspector pese al mandato normativo”, señaló.
La falta de datos públicos completos y actualizados sobre buques, permisos, despachos e historial de infracciones dificulta que investigadores, organizaciones y periodistas puedan conocer quién pesca, dónde, cuánto y bajo qué condiciones.
Falta de cámaras y tecnología para monitorear los barcos pesqueros
A la ausencia de inspectores en los barcos pesqueros se suma que Argentina estableció hace más de 15 años un sistema integrado de control mediante cámaras de monitoreo a bordo (SICON), que pese a sus reiteradas prórrogas nunca logró estar operativo.
Sin inspección física, sin monitoreo electrónico efectivo y con una cobertura de observadores científicos que no superó el 2,3% de los viajes de pesca en la flota merlucera (2022), ni el 6,5% en la pesquería de calamar (2024), buena parte de la información sobre lo que ocurre en el mar depende de las declaraciones juradas realizadas por los propios operadores.
“Mientras el sector pesquero exporta más que nunca, el Estado controla cada vez menos. Y lo que no se controla tampoco se transparenta: Argentina es el único país de la región con una flota pesquera significativa que no publica quién pesca en su mar”, señaló Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde. “El mar y sus recursos marinos son patrimonio de todos los argentinos. Controlar quién extrae, cuánto y cómo no debería ser opcional”, destacó.
Por qué se dificulta auditar los permisos de la flota pesquera
El informe advierte además que la Subsecretaría de Pesca modificó sin aviso los criterios de registro de sus propios datos, lo que impide reconstruir series históricas y auditar la evolución del control. La Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación ya habían señalado el déficit crónico de fiscalización en informes anteriores.
Para revertir esta tendencia, tanto el Centro de Políticas Ambientales como Sin Azul No Hay Verde proponen aumentar la fiscalización a bordo en proporción al crecimiento de las operaciones de pesca. “Los inspectores deberían ser asignarlos según el volumen y el riesgo de cada pesquería, en lugar de un sorteo aleatorio”, señaló Bilbao, del CPA. “También se deben abrir los datos sobre la flota pesquera y sus permisos, para que la sociedad civil, la academia y la prensa puedan ejercer un monitoreo independiente sobre la actividad pesquera”, propuso.
“La información básica sobre la flota y los permisos otorgados no es de acceso público, lo que dificulta el control de la actividad. Esto limita la capacidad de la ciudadanía para verificar quién explota los recursos pesqueros del país, qué derechos le fueron otorgados y si se opera de acuerdo con las regulaciones establecidas. El recurso pesquero es un bien de dominio público — su información también debería serlo”. expresó la directora del CPA.
Pesca en la zona de Malvinas: soberanía y depredación
El litoral atlántico argentino es una de las zonas más biodiversas y productivas del mundo, pero esta riqueza está en riesgo por falta de controles en la pesca, tanto por parte de buques nacionales como extranjeros.
Actualmente Argentina cuenta con una zona económica exclusiva de hasta 350 millas donde tiene derechos sobre la columna de agua y el lecho marino; y una “zona adyacente” donde tiene derechos sobre el lecho y subsuelo marino -lo cual involucraría los recursos bentónicos (organismos que viven en el fondo del mar) y eventualmente recursos petroleros offshore.
“En las adyacencias a la zona económica exclusiva del país hay una intensa actividad de flotas de países como China, Taiwán, Corea y España, que están al límite de la zona económica exclusiva”, señaló Gaitán al ser consultado por este medio durante el Foro de Periodismo Científico . “Se deberían promover acuerdos, como existen en otros mares del mundo, para fijar límites de captura y medidas de conservación y control. Pero esto no ha sido posible en el Atlántico Sur debido a la ocupación ilegal de Malvinas por parte de Gran Bretaña”, señaló.
“Cualquier organización internacional estaría conformada por el gobierno británico que se presentaría como uno de los Estados Pesqueros “ribereños” y eso Argentina no lo puede permitir”, explicó Gaitán.
El Atlántico Sur “es un área estratégica como puerta de entrada a la Antártida y al paso bioceánico. Por eso hace falta una política exterior consistente para poder promover acuerdos científicos y de cooperación que tiendan a preservar los recursos y el ambiente”, sostuvo el especialista.