La comunidad indígena Lule Vilela La Armonía, en Santiago del Estero, denunció un intento de desalojo de familias campesinas e indígenas durante un operativo policial realizado este jueves en el departamento Copo. Las imágenes difundidas muestran a efectivos con escudos dentro de una vivienda rural, en un episodio que reaviva la preocupación por las disputas territoriales y la respuesta estatal ante los reclamos de los pueblos originarios.
Los integrantes de la comunidad señalaron a Isabel Salas, conocida como “Chabela” y residente de Monte Quemado, por su presunta vinculación con maniobras de venta irregular de tierras. Las acusaciones deberán ser investigadas y contrastadas con documentación que permita establecer la titularidad de los terrenos, las circunstancias del procedimiento y las eventuales responsabilidades.
La denuncia se produce en un escenario de creciente preocupación por las garantías de las comunidades indígenas frente a los conflictos por la tierra. En estos casos, la intervención de las fuerzas de seguridad y las decisiones de las autoridades pueden tener consecuencias directas sobre el acceso a la vivienda, la continuidad de las actividades productivas y la permanencia de las familias en sus territorios.
La eliminación de la emergencia indígena dejó a las comunidades sin una protección específica contra los desalojos
En diciembre de 2024, el Gobierno de Javier Milei derogó, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1083/2024, la emergencia territorial indígena establecida por la Ley 26.160. La normativa había dispuesto la suspensión de desalojos para las comunidades comprendidas en su alcance mientras avanzaba el relevamiento de las tierras tradicionalmente ocupadas.
La decisión eliminó una protección legal específica en un contexto en el que numerosos pueblos originarios todavía reclaman el reconocimiento formal de sus territorios. El Gobierno nacional argumentó que era necesario garantizar el derecho de propiedad y resolver conflictos prolongados, pero organizaciones indígenas y ambientales cuestionaron la medida por considerar que debilitaba las garantías frente a posibles desplazamientos.
La derogación no habilita a particulares a ocupar territorios ni a ejecutar desalojos por fuera de los procedimientos legales. Sin embargo, al desaparecer aquella suspensión específica, adquieren mayor relevancia las actuaciones judiciales, el control de las autoridades y el cumplimiento de las garantías que protegen a las familias involucradas.
La Constitución Nacional reconoce, en su artículo 75, inciso 17, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, en los términos allí establecidos. A su vez, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 24.071, establece obligaciones de consulta a los pueblos indígenas frente a medidas que puedan afectarlos directamente.
En este marco, el conflicto de La Armonía plantea interrogantes sobre la protección efectiva de esos derechos. Para esclarecer el episodio, será necesario conocer si existió una orden judicial, qué organismo intervino, cuál fue el objetivo del operativo y qué medidas se adoptaron para resguardar a las familias.
Los conflictos por la tierra en Santiago del Estero exponen las fallas en los controles estatales
La denuncia de La Armonía se suma a otros conflictos territoriales registrados en Santiago del Estero. Uno de los antecedentes es el de la comunidad indígena El Tunal, perteneciente al pueblo Vilela, donde las tareas de desmonte autorizadas por organismos provinciales generaron cuestionamientos por sus posibles consecuencias sobre el territorio comunitario.
Según lo informado por La Política Ambiental, la Dirección de Bosques de Santiago del Estero había autorizado a la empresa Agropecuaria TOMAY S.A. a realizar tareas de desmonte en un área de aproximadamente 3.132 hectáreas. La comunidad había obtenido en 2020 un relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconocía su ocupación actual, tradicional y pública sobre el territorio.
Los pobladores denunciaron que desconocían la autorización y que las topadoras habían ingresado sin consulta previa. También cuestionaron la continuidad de los trabajos pese a una suspensión preventiva y señalaron la presencia de personas armadas que, según sus testimonios, custodiaban la maquinaria.
El antecedente expone las tensiones entre las actividades económicas que transforman el territorio y los derechos de las comunidades que lo habitan. En el caso de los desmontes, los efectos pueden extenderse más allá de la pérdida de vegetación, ya que también pueden comprometer los recursos naturales, las actividades productivas locales y las condiciones de vida de las familias rurales.
Los casos de El Tunal y La Armonía no corresponden necesariamente a los mismos expedientes ni permiten atribuir responsabilidades comunes. Sin embargo, ambos plantean la necesidad de revisar cómo actúan los organismos públicos cuando existen disputas sobre la tierra y qué mecanismos utilizan para garantizar que las decisiones administrativas respeten los derechos de las comunidades afectadas.
En el departamento Copo, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del operativo denunciado, determinar si existió una orden judicial y establecer cuál es la situación jurídica de los terrenos. También será necesario investigar las presuntas maniobras de venta irregular señaladas por los pobladores.
La actuación provincial resulta central para evitar que las disputas territoriales se agraven y para garantizar que los procedimientos se desarrollen dentro de la ley. La transparencia de las decisiones, el acceso a la documentación y la investigación de las denuncias son condiciones necesarias para determinar responsabilidades y prevenir nuevos episodios de violencia.
La comunidad La Armonía ratificó su resistencia tras más de 25 años de organización
Frente al operativo denunciado, los integrantes de La Armonía reafirmaron su decisión de permanecer en el territorio. Según expresaron, llevan más de 25 años organizados para defender las tierras que habitan, trabajan y cuidan.
“Podrán pagar millones y aquí seguiremos resistiendo por las tierras y territorio que son de los que los vivimos, cuidamos y lo trabajamos”, expresaron en un mensaje difundido este jueves.
La declaración refleja una concepción de la tierra que excede su valor comercial. Para las comunidades indígenas y campesinas, el territorio constituye una base para la producción, la organización colectiva, la transmisión cultural y la continuidad de sus formas de vida.
“¡No pasarán! ¡Estamos organizados!”, agregaron los integrantes de la comunidad, al ratificar que continuarán con su reclamo.
En Santiago del Estero, organizaciones como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) llevan décadas acompañando a familias rurales en conflictos vinculados con la tenencia y el acceso a la tierra. La organización comunitaria se convirtió en una herramienta para visibilizar denuncias, defender la permanencia en los territorios y reclamar respuestas de los organismos estatales.