La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia restableció la medida cautelar que suspende los desmontes en Chaco, incluidos los permisos que ya fueron autorizados pero todavía no se ejecutaron y los nuevos permisos que puedan otorgarse.
La decisión se tomó en el marco de la causa conocida como “Mafia del Desmonte”, que investiga presuntos permisos irregulares, recategorizaciones de tierras y otras decisiones administrativas vinculadas con desmontes en áreas protegidas, que científicos ya habían revelado cómo el Estado facilitó el engranaje.
La resolución revocó el fallo de primera instancia del 14 de agosto de 2026, que había dispuesto el cese de la medida cautelar. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), parte querellante en la causa, apelaron esa decisión.
La cautelar había sido dictada originalmente en agosto de 2024, luego de que la Fiscalía Federal denunciara la existencia de un presunto entramado delictivo vinculado con el otorgamiento irregular de permisos de cambio de uso del suelo, recategorizaciones de predios y otras decisiones que habrían permitido desmontes ilegales en áreas protegidas.
Qué decidió la Cámara Federal
El fallo de primera instancia había considerado que las circunstancias habían cambiado a partir de la aprobación de un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y que no estaba acreditada la persistencia del riesgo que había motivado la cautelar.
Desde AAdeAA cuestionaron ese argumento y sostuvieron que un cambio normativo no demuestra por sí mismo que se haya modificado la situación en el territorio. La organización también señaló que persistían incertidumbres técnicas sobre las superficies investigadas y que había desmontes denunciados durante la vigencia de la cautelar que todavía debían ser analizados.
El 17 de septiembre, la Asociación participó de una audiencia ante la Cámara Federal junto con el Ministerio Público Fiscal para defender la continuidad de la medida.
Según informó AAdeAA, el tribunal consideró que la modificación de las normas no alcanza para demostrar que desapareció el riesgo concreto sobre los bosques involucrados.
“La modificación normativa no alcanza para demostrar que desapareció el riesgo concreto sobre los bosques”, sostuvo la organización en un comunicado de prensa al resumir el criterio adoptado por la Cámara.
El propio Tribunal señaló, según el comunicado, que todavía existen dificultades técnicas y cartográficas para determinar cómo impactó el nuevo ordenamiento territorial sobre las superficies vinculadas a los permisos investigados.
Por ese motivo, la Cámara sostuvo que todavía es necesaria una evaluación objetiva de la situación actual del territorio antes de decidir el levantamiento de la protección.
Una pericia ambiental será clave para la causa
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal informó que dispuso la realización de una pericia ambiental a cargo de Micaela Camino, profesional perteneciente al CONICET.
La evaluación deberá aportar información técnica sobre el estado actual de las áreas involucradas, la eventual afectación del bosque nativo, su magnitud y sus consecuencias. Los resultados serán utilizados para determinar si persiste el riesgo que dio origen a la medida cautelar.
El fallo hizo lugar a las apelaciones de la Fiscalía y de AAdeAA, revocó la resolución que había dispuesto el cese y ordenó la continuidad de la cautelar hasta que se produzca y valore la prueba técnica pendiente.
De acuerdo con la organización ambientalista, la Cámara consideró que existe incertidumbre sobre daños que podrían ser irreversibles y que, por ese motivo, la protección no debe levantarse antes de determinar qué ocurrió efectivamente en las áreas investigadas.
La causa continúa así con la prohibición de desmontes mientras avanza la investigación penal y se realiza la pericia ambiental que deberá determinar el estado actual de los bosques y la eventual afectación producida.