Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos, pero su conservación vuelve a quedar relegada en la planificación de los recursos públicos. El proyecto de Presupuesto 2027 prevé destinar apenas una porción mínima de los fondos para la protección ambiental, muy por debajo de lo que establece la legislación vigente para garantizar el cuidado de estos ecosistemas.
De acuerdo con un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos recibiría $24.668 millones durante 2027. Sin embargo, según los criterios de financiamiento establecidos por la Ley 26.331, el monto debería alcanzar los $606.304 millones.
La diferencia implica que los recursos previstos cubrirían solamente el 4,07% del financiamiento que correspondería por ley. En términos concretos, la asignación equivaldría a unos $466 anuales por hectárea de bosque nativo, alrededor de $39 mensuales para sostener su conservación.
El escenario vuelve a poner en discusión el cumplimiento de una normativa sancionada hace casi dos décadas y la capacidad del Estado para sostener políticas ambientales frente al avance de las actividades que transforman los territorios.
Ley de Bosques y Presupuesto 2027 con fondos por debajo de lo establecido
Sancionada en 2007, la Ley 26.331 estableció los presupuestos mínimos de protección ambiental para los bosques nativos. Entre sus principales herramientas creó un fondo específico destinado a compensar a las provincias y a los titulares de tierras que desarrollan tareas de conservación y manejo sostenible.
El artículo 31 de la normativa establece que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos debe integrarse, como mínimo, con el 0,3% del presupuesto nacional, además de otros recursos previstos por la legislación.
Sin embargo, las partidas asignadas durante los últimos años quedaron lejos de ese objetivo. Según Fundación Vida Silvestre, el financiamiento proyectado para 2027 se encuentra entre los niveles más bajos desde la implementación de la ley. La organización también advierte que, salvo durante los primeros años de aplicación de la normativa, los fondos nunca superaron el 10% de los recursos que deberían destinarse.
La falta de financiamiento tiene consecuencias directas sobre la implementación de las políticas ambientales. Las provincias necesitan recursos para fiscalizar los desmontes, controlar las actividades productivas, monitorear los territorios y desarrollar programas de restauración de áreas degradadas.
También se ven afectados los incentivos económicos destinados a propietarios y comunidades que conservan los bosques nativos o implementan prácticas de manejo sostenible. Sin una asignación suficiente, estas herramientas pierden capacidad para competir con actividades que generan mayores presiones sobre el uso del suelo.
Deforestación y pérdida de biodiversidad agravan la situación de los bosques argentinos
La reducción de los fondos previstos para la conservación ocurre mientras los ecosistemas forestales enfrentan distintas amenazas. Entre las principales causas de pérdida de superficie se encuentran la expansión de la frontera agropecuaria, la explotación forestal, los desarrollos inmobiliarios y la construcción de infraestructura.
Estas actividades pueden provocar desmontes, fragmentación de hábitats y desplazamiento de especies que dependen de los ambientes forestales para alimentarse y reproducirse. Cuando los ecosistemas pierden continuidad, también se debilitan sus posibilidades de recuperación y se alteran procesos naturales fundamentales.
A esto se suma la falta de herramientas de control suficientes para identificar y sancionar a quienes incumplen la normativa. La ausencia de un registro nacional de infractores, señalada entre las falencias del sistema, también dificulta el seguimiento de las actividades ilegales y la coordinación de las autoridades.
La degradación de los bosques nativos no representa solamente una pérdida de biodiversidad. Estos ecosistemas cumplen funciones esenciales para el equilibrio ambiental y la economía de numerosas comunidades. Regulan el ciclo del agua, favorecen su infiltración en el suelo, reducen la erosión y contribuyen a disminuir los riesgos asociados a determinados eventos climáticos extremos.
Además, funcionan como reservorios de carbono, ayudan a mitigar el cambio climático y albergan una gran diversidad de especies vegetales y animales. También proporcionan alimentos, materias primas y recursos medicinales, además de sostener actividades productivas y medios de vida de poblaciones rurales.
Por eso, la insuficiencia presupuestaria puede comprometer tanto la protección de los ecosistemas como la capacidad de las provincias para prevenir nuevos desmontes y recuperar superficies degradadas. El problema también tiene consecuencias económicas, ya que la pérdida de los servicios ambientales puede incrementar la vulnerabilidad de las comunidades y generar mayores costos a largo plazo.