La Justicia Federal puso bajo investigación el funcionamiento de un basural a cielo abierto de unas 20 hectáreas en San Pedro, en el norte de la provincia de Buenos Aires, ante la posibilidad de que décadas de acumulación y quema de residuos, un escenario similar al expuesto en el ranking mundial de emisiones que lidera un basural del CEAMSE, hayan provocado contaminación del suelo y del agua.
El foco está puesto en La Tosquera, el predio utilizado para la disposición final de los residuos del distrito y en donde los investigadores encontraron problemas ambientales que se arrastran desde hace años como la inexistencia de impermeabilización que separe la basura del suelo ni de un sistema adecuado para captar y tratar los lixiviados, además de haberse registrado quemas, humo, olores y residuos acumulados directamente sobre el terreno.
Junto al basural se extiende un barrio en el que el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) relevó 462 familias y en donde parte de sus habitantes utiliza agua extraída de pozos, con cursos próximos que terminan desembocando en el río Paraná.
En las últimas semanas, la causa avanzó con allanamientos en la Municipalidad de San Pedro, el Concejo Deliberante y Ashira S.A., la concesionaria encargada de recoger y transportar los residuos, que trabaja en el distrito desde 1987 y cuyos camiones fueron observados por la Policía Federal ingresando a La Tosquera para descargar basura.
La empresa tiene alcance nacional ya que, por ejemplo, participa además del servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires y desde hace años se la vincula públicamente con el entorno de Hugo Moyano, el histórico dirigente del Sindicato de Camioneros.
El expediente judicial todavía no atribuyó a Ashira la eventual contaminación ya que los peritajes deberán determinar primero si existen sustancias contaminantes y, a partir de esa evidencia, establecer las responsabilidades dentro de un sistema en el que la compañía tiene concesionadas la recolección y el transporte, mientras el predio utilizado para la disposición final es municipal.
Por qué se investiga el basural de San Pedro
El origen de la investigación judicial se remonta al 5 de noviembre de 2025, cuando la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), encabezada por el fiscal federal Ramiro González, tomó conocimiento de la situación de La Tosquera a partir de información sobre combustión de residuos y emanaciones de humo.
El Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal inspeccionó el lugar y constató que el basural no tenía cierre ni protección perimetral.
Durante el relevamiento se registraron humo, insectos, olores nauseabundos, maquinaria trabajando directamente sobre los residuos y distintos focos de quema.
Los agentes también encontraron papel, nailon, envases plásticos y de vidrio, cartón, madera, chapas metálicas, neumáticos y restos de poda, entre otros materiales.
El posterior análisis técnico de la UFIMA incorporó el posible impacto sobre el suelo y las aguas subterráneas y los especialistas determinaron que el sitio no cuenta con una membrana que aísle los residuos del terreno ni con infraestructura para captar, conducir y tratar los lixiviados.
Esos líquidos se generan cuando el agua atraviesa la masa de residuos y arrastra sustancias contenidas en ella, por lo que si un sitio de disposición carece de una barrera impermeable, pueden infiltrarse en el terreno y alcanzar las aguas subterráneas.
Al respecto, María Fernanda Cuneo Basaldúa, licenciada en química de la UFIMA, explicó que una disposición adecuada requiere “membranas aislantes sobre el suelo”, además de sistemas específicos para manejar los lixiviados.
La especialista advirtió que esos elementos “no existen en el lugar” y según el informe de la UFIMA, las condiciones observadas podrían representar incumplimientos de la Ley Nacional 25.916 y de la Ley bonaerense 13.592, que regulan distintos aspectos de la gestión integral de los residuos domiciliarios.
Un basural que afecta a la comunidad local
En las últimas semanas, la investigación dejó de limitarse al funcionamiento del basural cuando los agentes avanzaron sobre las condiciones de vida de quienes habitan a su alrededor.
Durante las inspecciones, la Policía Federal encontró adultos, niños y niñas dentro del predio separando cartones y botellas como parte de un proceso “laboral” que no constituye una actividad ocasional en La Tosquera sino que se lleva a cabo desde hace años y que forma parte de los ingresos de familias que llegan al lugar para seleccionar elementos reutilizables.
De hecho, esa relación entre el barrio y el basural fue analizada incluso antes de la causa federal al punto que un proyecto elaborado desde la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) describió la existencia de un asentamiento precario próximo al sitio de disposición y registró problemas de vivienda, infraestructura y servicios.
El trabajo también señaló que numerosas familias obtenían ingresos de actividades relacionadas con la recuperación de materiales.
En el mismo sentido, la organización ambiental Conciencia Ecológica, activa en San Pedro desde 2017, desarrolló iniciativas de reciclaje y trabajos con recuperadores de La Tosquera.
Ahora, la causa federal agregó una posible exposición sanitaria, tal como lo revelan las charlas con vecinos entrevistados por los investigadores quienes mencionaron irritación en los ojos y la garganta, dolores de cabeza, asma y malestar general que relacionan con el humo producido por las quemas.
Uno de los habitantes declaró que llevaba cuatro años viviendo en la zona, relató problemas derivados del humo, señaló que su hijo padecía asma y que, según su percepción, era uno de los integrantes de su familia más afectados.
Como los testimonios no establecen por sí solos una relación causal entre el basural y las enfermedades, la fiscalía incorporó la dimensión sanitaria a las medidas de prueba.
Para llevar a cabo esa tarea, los agentes inspeccionaron la Escuela N°44, donde funciona el Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje La Colmenita y en donde detectaron un tanque que abastece de agua al barrio mediante bombas conectadas a pozos, sin un proceso de potabilización.
La Justicia dispuso además el secuestro de historias clínicas del Centro de Salud Federico Rosito-La Tosquera para analizar si entre los habitantes aparecen patologías compatibles con una eventual exposición ambiental.
La Tosquera, un problema que lleva 20 años
La dimensión actual del pasivo ambiental que evidencia La Tosquera es el resultado de un proceso prolongado, al punto que la UFIMA estableció que el basural viene creciendo de manera constante desde hace más de 20 años.
Otros relevamientos realizados sobre el sistema de residuos de San Pedro sitúan su antigüedad bastante más atrás y describen décadas de utilización del mismo sector para la disposición final.
De hecho, estudios previos sobre la gestión local estimaron que alrededor de 15 de las 20 hectáreas del predio ya estaban afectadas directamente por residuos, entre otros motivos, por falta de cerramiento adecuado, electricidad, iluminación, agua corriente y sanitarios.
Qué determinó la Justicia
Hasta el momento, la causa federal no dio a conocer una nómina de industrias o empresas privadas identificadas como generadoras de residuos peligrosos encontrados en La Tosquera.
Desde julio pasado, el expediente quedó a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, titular de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, quien profundizó las medidas iniciadas a partir del trabajo de la UFIMA.
Una nueva inspección llevada a cabo en la última semana de agosto permitió observar vehículos particulares que ingresaban al predio para arrojar residuos y camiones de la concesionaria que descargaban la basura recogida durante el servicio.
A partir de este hecho, el juez federal de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, autorizó los procedimientos solicitados por la fiscalía en la Municipalidad, el Concejo Deliberante y Ashira.
La investigación incorporó documentación destinada a reconstruir las obligaciones de cada parte y la forma en que funcionó el circuito desde la recolección hasta la descarga final.
En paralelo se realizó un operativo ambiental con participación del Departamento de Delitos Ambientales, otras áreas especializadas de la Policía Federal, la Superintendencia Federal de Bomberos y bomberos voluntarios.
Los técnicos tomaron muestras de lixiviados, suelo, agua superficial y agua subterránea y cada punto fue geolocalizado para poder establecer posteriormente la distribución de los resultados.
El muestreo también se extendió hacia cursos de agua cercanos vinculados con el río Paraná para establecer si una eventual contaminación pudo desplazarse fuera de La Tosquera.
Los análisis utilizarán como referencia los parámetros incluidos en los anexos I y II de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, metodología que permitirá identificar sustancias y concentraciones, pero su utilización no significa que ya se haya comprobado la presencia de residuos peligrosos.
Por qué Ashira se relaciona con Hugo Moyano
Los señalamientos que vinculan a Ashira con el entorno de Hugo Moyano surgieron principalmente alrededor de las disputas por grandes contratos públicos de recolección.
Dirigentes políticos y actores empresarios del sector atribuyeron públicamente relaciones entre la compañía y el universo cercano al dirigente camionero.
Entre quienes plantearon cuestionamientos estuvo la dirigente Graciela Ocaña, que mencionó esas vinculaciones al cuestionar relaciones empresarias dentro del negocio de los residuos.
Las referencias incluyeron además contactos con Covelia, otra compañía de higiene urbana históricamente asociada públicamente con el entorno de Moyano.
De todos modos, las versiones no acreditan una relación societaria cierta y la estructura formal de Ashira continúa en manos de la familia García.
Más allá de estos lazos políticos, compañía fue fundada en 1984 por Eduardo Manuel García y permanece bajo conducción de su familia al punto que Victoria María Fernanda García Acuña ocupa actualmente la presidencia, Sebastián Insúa es vicepresidente y Carolina María José García Acuña y Federico Galloni integran el directorio.
Ashira informa que presta servicios en ocho distritos del país, atiende a más de un millón de personas, emplea a alrededor de 700 trabajadores y dispone de una flota superior a 250 vehículos y equipos.
Actualmente opera en San Pedro; Junín; Balcarce y Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires; Puerto Madryn y Trelew, en Chubut; San Francisco, en Córdoba; y la Ciudad de Buenos Aires.
En el caso de San Pedro, su contrato actual surgió de una licitación pública realizada en 2025 y el contrato, que fue firmado el 28 de abril de ese año por el intendente Cecilio Salazar y representantes de Ashira, tiene una duración de tres años y admite una extensión por otros tres.
La concesión comprende la recolección domiciliaria, el transporte y la descarga en el sitio de disposición final, además del barrido.
La empresa informa que para el servicio recoge unas 55 toneladas diarias, cubre alrededor de 3.000 cuadras y dispone de aproximadamente 40 trabajadores y siete equipos.
A esa presencia en municipios del interior se suma uno de los mayores mercados de higiene urbana del país como es el de la Ciudad de Buenos Aires, donde Ashira integra con Martín & Martín la UTE responsable de la Zona 6 del servicio público de higiene urbana.
El área corresponde a las comunas 5, 6 y 7 y comprende Almagro, Boedo, Caballito, Flores y Parque Chacabuco, donde la UTE desarrolla tareas de recolección, barrido y otras prestaciones.
Ashira informa además servicios porteños vinculados con extracción y transporte de líquidos cloacales y pluviales, provisión de agua potable y trabajos de saneamiento, higienización y fumigación en villas y asentamientos.
Su trayectoria en Capital Federal registra también sanciones administrativas por incumplimientos contractuales.
El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos aplicó penalidades a UTE integradas por la compañía por deficiencias relacionadas con barrido, vaciado de cestos y mantenimiento del equipamiento urbano.
Causas y denuncias que se acumulan en otros municipios
San Pedro no es el primer distrito donde un sistema de disposición final en el que participaba Ashira terminó sometido a una discusión judicial por cuestiones ambientales.
En Balcarce, donde la compañía opera desde 1987, la Asociación Civil Brisa Serrana promovió una acción contra la Municipalidad y la empresa por las condiciones en las que funcionaba la disposición final de los residuos sólidos urbanos.
El expediente analizó las obligaciones relacionadas con el manejo del sitio y las medidas necesarias para evitar daños ambientales en el marco de una controversia que requirió intervención técnica y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
La decisión judicial diferenció las responsabilidades y la acción contra Ashira fue rechazada, mientras que el reclamo ambiental prosperó contra la Municipalidad de Balcarce.
El caso no constituye, por lo tanto, una condena contra la compañía por contaminación pero representa un antecedente en otro distrito donde la Justicia debió analizar las responsabilidades alrededor de un sistema municipal de disposición de residuos.
En tanto, la investigación de La Tosquera queda ahora a la espera de los análisis químicos que deberán determinar qué sustancias están presentes en los lixiviados, el suelo, los cursos de agua y las napas, y en qué concentraciones.
Con esos resultados, la fiscalía podrá establecer si existió contaminación, determinar su alcance y avanzar sobre el origen de las sustancias eventualmente detectadas.
Esa evidencia será también la base para delimitar las responsabilidades públicas y privadas dentro del sistema que durante décadas llevó los residuos de San Pedro hasta La Tosquera.