La investigación por el fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo con el procesamiento de dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a Nélida Agustina Bisio, extitular del organismo, y a Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), y les prohibió salir del país.
Además, el magistrado dispuso un embargo de $500 mil millones para cada una. Ambas habían estado detenidas en el marco de la causa y recuperaron la libertad luego de pagar una fianza de $75 millones cada una.
Bisio estuvo al frente de la ANMAT hasta comienzos de este año, cuando presentó su renuncia. Mantecón Fumado, en tanto, se desempeñó como directora del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue apartada preventivamente de su cargo.
La situación de las dos exfuncionarias se enmarca en una investigación que no solo busca determinar qué ocurrió dentro de los laboratorios que fabricaron el fentanilo contaminado, sino también establecer si los organismos encargados de controlar la producción de medicamentos fallaron en su función de fiscalización.
Fentanilo contaminado y las sospechas sobre los controles de ANMAT
En el expediente, el Ministerio Público Fiscal sostiene que HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García Furfaro, acumulaban antecedentes de incumplimientos e irregularidades vinculados con las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
Para los fiscales, esas irregularidades no fueron suficientes para impedir que los laboratorios continuaran funcionando. Por el contrario, consideran que habría existido un supuesto “manto de cobertura estatal” que permitió que ambas empresas siguieran desarrollando su actividad “en pésimas condiciones de calidad”.
La hipótesis de los investigadores es especialmente grave: las deficiencias detectadas en los laboratorios no habrían sido hechos aislados, sino parte de un esquema que permitió mantener la producción pese a los incumplimientos. Según esa línea de investigación, esa situación habría terminado favoreciendo la elaboración y distribución del fentanilo contaminado producido por HLB Pharma.
La Justicia intenta determinar ahora qué grado de responsabilidad tuvieron los funcionarios encargados del control sanitario y si, por acción u omisión, permitieron que los laboratorios continuaran operando pese a las irregularidades que ya habían sido detectadas.
La causa, por lo tanto, excede la responsabilidad de los fabricantes del medicamento y pone bajo análisis el funcionamiento de los mecanismos estatales destinados a garantizar la seguridad de los productos médicos que llegan a hospitales y pacientes.
El caso comenzó el 13 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso inusual entre pacientes internados que habían recibido fentanilo de la marca HLB.
Los análisis realizados posteriormente determinaron que las ampollas estaban contaminadas con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica. Los mismos microorganismos fueron encontrados luego en hemocultivos de pacientes fallecidos en hospitales de distintas provincias.
Según la resolución judicial, el medicamento adulterado fue producido en condiciones “plagadas de serias deficiencias”, con graves incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación, controles microbiológicos irregulares y documentación presuntamente adulterada para aparentar procesos de calidad que, en realidad, no existían.
El fentanilo contaminado fue comercializado entre enero y mayo de 2025 y llegó a hospitales públicos y privados de al menos 17 jurisdicciones del país.
Cuántas muertes investiga la Justicia por el fentanilo contaminado
Aunque la causa está vinculada a más de 110 posibles víctimas fatales, el procesamiento contempla inicialmente 90 muertes y 44 víctimas no fatales.
La diferencia responde al estado actual de la investigación y a la necesidad de establecer, caso por caso, si existe una relación causal entre la infección provocada por el fentanilo contaminado y el fallecimiento o las consecuencias sufridas por cada paciente.
El expediente ya acumula más de 400 legajos e incidentes en trámite, que representan aproximadamente 600 cuerpos, sin contabilizar las historias clínicas incorporadas al análisis judicial.
El juzgado estableció que cada uno de los casos debe ser estudiado individualmente mediante juntas médicas y pericias del Cuerpo Médico Forense. El objetivo es determinar si las infecciones detectadas en los pacientes estuvieron efectivamente relacionadas con el suministro del fentanilo contaminado.
El procesamiento de Bisio y Mantecón Fumado agrega así un nuevo nivel de responsabilidad a una causa que comenzó con las irregularidades en la fabricación del medicamento y que ahora también busca determinar hasta dónde llegó la cadena de controles que debía impedir que un producto en esas condiciones llegara a los hospitales.
Si la investigación logra confirmar la hipótesis de los fiscales, el caso no quedará limitado a una falla en la producción de un medicamento. También podría exponer fallas sistemáticas en los mecanismos estatales de control sanitario y determinar si las advertencias e irregularidades existentes fueron ignoradas hasta que el fentanilo contaminado llegó a los pacientes.