La Ciudad de Buenos Aires sostiene uno de los sistemas de higiene urbana más grandes del país, dividido entre seis concesionarias privadas y una zona estatal. Los controles oficiales, sin embargo, evidencian las fallas en la recolección que agravan el problema ambiental, con calles sin barrer, contenedores que no se vacían, cestos sin reparar y residuos voluminosos, restos verdes y escombros que permanecen sin retirar.
En ese contexto, la administración que lidera el jefe de Gobierno, Jorge Macri, comenzó a preparar la licitación que definirá durante la próxima década la recolección y el tratamiento de la basura de todo el ámbito porteño.
- La Ciudad de Buenos Aires prepara una nueva licitación por 10 años para la recolección de residuos, con cambios en las zonas y la incorporación de la recolección puerta a puerta de reciclables.
- Pese a las numerosas sanciones por incumplimientos, las actuales empresas concesionarias podrán volver a competir por el servicio.
- La Auditoría porteña también detectó “debilidades estructurales” en la gestión de contenedores, con problemas de trazabilidad, almacenamiento y uso de recursos públicos.
Se trata de un proyecto que reorganiza las zonas, separa los componentes del servicio, incorpora la recolección puerta a puerta de reciclables y vincula una parte de la facturación con el cumplimiento operativo y la evaluación de los vecinos.
Pero, a pesar de las críticas y los cuestionamientos al actual sistema, el proceso permite que las actuales prestadoras del servicio puedan competir pese a las multas recibidas durante la concesión vigente.
Qué empresas sancionadas juegan en la licitación y en qué zonas
Todas estas empresas vienen sumando una gran cantidad de incumplimientos en las seis zonas donde actúan.
Se trata de las empresas AESA; Cliba; Solbayres; Níttida; Ashira-Martín & Martín y Urbasur que actualmente se distribuyen las zonas donde operan a partir de un contrato firmado el 1 de octubre de 2015, prorrogado en 2022 hasta el 2028 y que divide el servicio en siete zonas, de las cuales seis están en manos de esas compañías y la restante es administrada por el Estado porteño a través del Ente de Higiene Urbana, en la Comuna 8, que incluye Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo.
Por ejemplo, AESA fue sancionada por problemas con cestos papeleros y por la ubicación incorrecta de contenedores, mientras Cliba recibió penalidades por no retirar residuos voluminosos y omitir reparaciones o reposiciones.
En el caso de Solbayres, fue penalizada por ausencia de barrido, falta de reparación de cestos y restos de obra que no fueron retirados, en tanto que Níttida acumuló sanciones por contenedores domiciliarios sin vaciar, residuos abandonados y cestos sin reparar o reponer.
Por su parte, la UTE Ashira-Martín & Martín fue sancionada por no levantar restos verdes, residuos voluminosos y escombros, además de incumplimientos en el mantenimiento de contenedores y cestos.
En cuanto a Urbasur, también fue penalizada por falta de barrido y por contenedores y cestos deteriorados.
Fallas dentro del control estatal
Pero la Auditoría General de la Ciudad también detectó deficiencias en la administración de los recursos destinados al servicio.
Un informe aprobado en 2025 analizó la adquisición de contenedores realizada durante 2023 con un crédito inicial de $2.347 millones y que terminó con un gasto devengado de $4.656 millones.
La Auditoría encontró unidades almacenadas en depósitos sin identificar, contenedores nuevos dados de baja sin explicación, registros sin fecha de instalación, remitos incompletos, numeraciones duplicadas y equipos que no tenían el color acordado.
En la zona de Cliba había 309 contenedores dentro de un depósito no identificado; en el área de Níttida, 200 permanecían almacenados en junio de 2023 y otros 270 adquiridos ese año todavía no habían sido colocados al 23 de agosto pasado.
En la zona de Solbayres, 100 equipos continuaban en stock y los registros presentaban números repetidos o sin correlatividad.
El organismo también encontró ocho contenedores destinados al área de Ashira-Martín & Martín que habían sido instalados en la Comuna 8, administrada por el Ente de Higiene Urbana.
La Auditoría sostuvo que esos hallazgos repetían observaciones de trabajos anteriores y evidenciaban “debilidades estructurales” en la gestión.
Según el informe, su reiteración implicaba riesgos de ineficiencia, discrecionalidad y pérdida de trazabilidad sobre los recursos públicos.
Pero a pesar de todas estas denuncias y de las malas condiciones en las que operan, la Ciudad les otorgó la posibilidad de volver a licitar por sus zonas al establecer que para competir, las empresas deben, en principio, acreditar al menos cinco años ininterrumpidos de experiencia en prestaciones de escala y complejidad similares.
Cómo será la nueva licitación y por qué es por 10 años
La nueva licitación se dio a conocer este martes 1 de septiembre mediante la publicación del Decreto 304/26 en el Boletín Oficial de la Ciudad que convocó a una audiencia pública para discutir los proyectos de pliegos antes del llamado definitivo.
Ese encuentro se realizará el próximo 5 de octubre a las 12 bajo modalidad virtual y quienes no dispongan de medios tecnológicos podrán participar desde la sede de la Comuna 1, ubicada en Humberto 1º 250.
La inscripción, la consulta del expediente y la presentación de documentación estarán habilitadas entre el 7 y el 29 de septiembre y la audiencia será presidida por el secretario de Higiene, Matías Lanusse, y las opiniones presentadas tendrán carácter consultivo y no vinculante.
La audiencia constituye el primer paso formal para reemplazar los contratos adjudicados en 2013, iniciados el 1 de octubre de 2014 y prorrogados hasta el 30 de septiembre de 2028.
La futura contratación tendrá una duración inicial de 10 años consecutivos desde el acta de inicio pero el gobierno porteño podrá prorrogar el plazo durante 12 meses y disponer posteriormente su continuidad cuando exista una necesidad debidamente fundamentada.
El mecanismo abarca la recolección domiciliaria, el barrido y la limpieza, el retiro de residuos voluminosos, restos verdes y escombros, la recolección puerta a puerta de materiales secos, los contenedores y cestos, la telemetría de los vehículos y un proyecto de tratamiento y valorización.
Como el actual contrato, el anteproyecto distribuye las prestaciones entre 17 renglones que podrán cotizarse, evaluarse y adjudicarse de manera independiente.
El mapa que dejará de regir
De todos modos, habrá ciertos retoques o “maquillajes” al sistema vigente que distribuye el servicio en siete zonas en las cuales AESA, vinculada con el grupo francés Veolia, atiende la Comuna 1; Cliba, controlada por Benito Roggio Ambiental, opera en las comunas 2, 13 y 14, y Solbayres cubre las comunas 11, 12 y 15.
En el caso de Níttida, integrada por Ecohábitat y Emepa, trabaja en las comunas 9 y 10 y Ashira-Martín & Martín tiene asignadas las comunas 5, 6 y 7, mientras que Urbasur, formada por Transportes Olivos y Urbaser Argentina, presta el servicio en las comunas 3 y 4.
Como ya quedó establecido, la Comuna 8 está bajo administración del Ente de Higiene Urbana.
Ahora, el anteproyecto que será debatido en audiencia pública a principios de octubre próximo, reemplaza esa distribución por ocho zonas:
- Zona 1: comunas 1 y 4
- Zona 2: comunas 2 y 3.
- Zona 3: comunas 5 y 6.
- Zona 4: comunas 7 y 9.
- Zona 5: Comuna 8.
- Zona 6: comunas 10 y 11.
- Zona 7: comunas 12 y 15.
- Zona 8: comunas 13 y 14.
Es decir, la Comuna 1 dejará de constituir una zona independiente y pasará a compartirla con la 4, mientras que las comunas 13 y 14 se separarán de la 2.
Del mismo modo, los territorios atendidos actualmente por Solbayres, Níttida, Ashira-Martín & Martín y Urbasur también serán distribuidos entre nuevas áreas, mientras que el Ente de Higiene Urbana conservará las prestaciones de su competencia en la Comuna 8.
El proyecto también asegura que la zona portuaria quedará excluida y que los espacios debajo de autopistas, puentes y viaductos, los cruces peatonales ferroviarios y las colectoras de la avenida General Paz quedarán a cargo del adjudicatario correspondiente.
Un contrato con dos modelos diferenciados en CABA
El contrato vigente concentra dentro de cada zona la recolección de residuos húmedos, el barrido, la limpieza y el mantenimiento de contenedores y cestos.
Los materiales secos funcionan mediante otro circuito, con cooperativas de recuperadores urbanos, contenedores verdes y centros de reciclado.
En el caso del nuevo modelo, crea un renglón para la recolección, el barrido y la limpieza de cada una de las siete zonas concesionadas y otro para la recolección puerta a puerta de residuos secos en esos mismos territorios.
Es decir, a esos 14 contratos se sumarán otros tres para toda la Ciudad que contemplarán la provisión y mantenimiento de contenedores y cestos en las ocho zonas; licencias, mantenimiento e integración del sistema de telemetría; desarrollo de un proyecto de tratamiento y valorización de residuos.
Los primeros 16 tendrán una duración de 120 meses mientras que el proyecto de tratamiento y valorización deberá completarse en ocho meses.
Además, el mantenimiento de contenedores dejará de formar parte de cada concesión territorial y podrá ser adjudicado a un prestador para toda la Ciudad, aunque las empresas encargadas de la recolección deberán vaciarlos.
Por qué las multas que no producen una exclusión automática
Si bien el nuevo proyecto impide participar a las compañías suspendidas o inhabilitadas por organismos públicos mientras esa medida continúe vigente, no establece la exclusión de quienes hayan recibido multas por incumplimientos durante el contrato anterior.
Además, divide la evaluación de los competidores en dos etapas siendo la primera el análisis de los antecedentes empresariales, la propuesta técnica y la capacidad económico-financiera y la segunda las ofertas económicas de quienes hayan superado la preselección.
Los candidatos deberán informar sus contratos anteriores, facturación, características operativas, población atendida y certificados de buena ejecución.
Esos documentos deberán detallar el cumplimiento técnico, la calidad de las prestaciones y el respeto de los plazos.
En ese sentido, la Comisión Evaluadora deberá considerar esos elementos al calificar a las actuales concesionarias.
El texto dispone que ningún oferente podrá adjudicarse más de un renglón dentro del grupo comprendido entre los números 1 y 9. La misma limitación no aparece para los renglones 10 a 14, que también corresponden a servicios territoriales de recolección de residuos húmedos o secos.
También podrán presentarse sociedades extranjeras, personas humanas, cooperativas y uniones transitorias de hasta tres integrantes.
El lugar de los recuperadores urbanos en la nueva licitación
La Ley 1.854 reconoce la participación prioritaria de los recuperadores urbanos en la recolección diferenciada y la Ley 992 los incorporó al servicio público de higiene.
En ese sentido, el anteproyecto ahora en debate exige que quienes oferten por los siete renglones de residuos secos acrediten su adecuación a la exclusividad establecida por la legislación.
Pero también plantea una ventaja para las cooperativas que quedarán exentas de constituir la garantía de mantenimiento de oferta, equivalente al 5% de la cotización.
Además, el documento dispone la incorporación de “un porcentaje” de trabajadores que actualmente presten servicios en cooperativas de recuperadores, pero no determina su magnitud.
La cláusula aparece dentro de la documentación exigida a personas humanas y remite al artículo 33, apartado A que regula la evaluación de las ofertas y no contiene el porcentaje mencionado.
El texto tampoco especifica si las cooperativas participarán como adjudicatarias, integrantes de uniones transitorias o subcontratistas, un vacío por el cual la UBA advierte que el nuevo esquema de reciclado porteño está en peligro.
En otro apartado del documento, se establece que la Ciudad conservará la propiedad y disposición general de los residuos, pero otorgará al adjudicatario de la fracción seca la facultad de aprovechar y comercializar los materiales recuperados.
La empresa deberá acreditar su destino y no podrá reclamar compensaciones por cambios en su volumen, composición o valor.
Una facturación vinculada con el desempeño
En cuanto a la retribución mensual que recibirán las empresas por el servicio, el nuevo contrato dispone que tendrá una proporción fija y otra variable.
La primera cubrirá la disponibilidad de trabajadores, vehículos, equipamiento, infraestructura, mantenimiento y frecuencias obligatorias.
Esta variable dependerá de un Índice de Calidad, que medirá el cumplimiento técnico y operativo, y de un Índice de Percepción, basado en la evaluación de los vecinos.
En el caso de los ajustes sobre la facturación, se aplicarán independientemente de las multas correspondientes a cada incumplimiento.
Recorridos registrados en tiempo real
El sistema de telemetría tendrá un contrato independiente para las ocho zonas y deberá seguir vehículos, equipos y recorridos en tiempo real, comparar las rutas programadas con las ejecutadas y registrar horarios y movimientos.
Los datos tendrán que integrarse directamente con los sistemas del gobierno porteño y serán utilizados para controlar la prestación y calcular los indicadores de desempeño.
El pliego exige, además, planes de gestión ambiental y calidad, auditorías, acciones correctivas y programas de mejora ante los desvíos.