La Justicia Federal ordenó frenar provisoriamente la transferencia de tierras ubicadas frente al glaciar Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, donde se proyectaba un emprendimiento turístico de lujo.
La decisión afecta a dos parcelas de la Península de Magallanes y busca evitar modificaciones registrales mientras se determina qué tribunal debe resolver la controversia.
La medida fue dictada por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, quien ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble abstenerse de realizar transferencias de dominio sobre las parcelas identificadas como G2 y G3.
Los terrenos se encuentran en una zona de relevancia ambiental, paisajística y turística por su cercanía con el glaciar Perito Moreno, uno de los principales atractivos naturales de la Patagonia argentina.
La resolución no anula la operación inmobiliaria ni declara su ilegalidad, sino que establece una restricción provisoria para preservar la situación actual hasta que se defina la competencia judicial.
La venta de tierras frente al glaciar Perito Moreno
El conflicto se originó a partir del Decreto Provincial 915/2026, firmado por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que autorizó una excepción para concretar una operación inmobiliaria sobre esos terrenos.
La disposición permitía que la empresa Lacustre del Sud S.A. vendiera el inmueble a ASB Hospitality Calafate S.A.U., una sociedad constituida recientemente en Argentina.
La operación generó cuestionamientos por la ubicación de las parcelas en la Península de Magallanes y por las implicancias de la transferencia sobre el régimen de tierras rurales y la protección de áreas consideradas estratégicas.
Según la información difundida durante el debate público, el proyecto inmobiliario estaba orientado al turismo de alto poder adquisitivo, con tarifas que podrían alcanzar los US$2.000 por noche.
El posible desarrollo de un complejo de estas características también abrió interrogantes sobre sus efectos en la actividad turística y económica de la región, especialmente en localidades como El Calafate.
Por qué la Justicia decidió frenar la operación
La medida judicial surgió a partir de un amparo presentado por los diputados provinciales Agostina Mora Doldán y Carlos Alegría, junto con otros legisladores y el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS).
La demanda cuestiona el decreto provincial que autorizó la venta y plantea objeciones relacionadas con la derogación de la Ley Nacional de Tierras mediante el artículo 154 del DNU 70/2023.
Los demandantes sostienen que la operación requiere una revisión judicial por sus posibles implicancias territoriales, ambientales y normativas.
Al analizar el expediente, el juez Vázquez consideró necesario evitar modificaciones sobre los inmuebles hasta que se resuelva qué tribunal debe intervenir.
Por ese motivo, ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble no avanzar con cambios de titularidad de las parcelas involucradas.
Sin embargo, el magistrado no declaró la nulidad del Decreto Provincial 915/2026 ni resolvió la legalidad de la compraventa. Tampoco suspendió, en este expediente, el artículo 154 del DNU 70/2023.
Por qué la causa podría llegar a la Corte Suprema
Otro de los puntos centrales de la resolución es la participación de las partes involucradas en el conflicto.
El juez consideró que la controversia no podía resolverse únicamente entre los demandantes y el Estado nacional, debido a que también están directamente involucrados el Gobierno de Santa Cruz y las empresas que participan de la operación.
En consecuencia, señaló que deben intervenir la Provincia de Santa Cruz, Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate S.A.U.
Ante la presencia de intereses del Estado nacional y de una provincia, el magistrado entendió que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La definición sobre qué tribunal debe intervenir será determinante para establecer cómo continúa el expediente y quién deberá analizar los cuestionamientos sobre la operación inmobiliaria.
Qué puede pasar con los terrenos de la Península de Magallanes
Desde los sectores que promovieron el amparo destacaron la resolución como una medida que impide avanzar con la transferencia de los terrenos mientras continúa el proceso judicial.
La diputada provincial Agostina Mora Doldán señaló que la decisión representa una restricción sobre la operación, aunque todavía no resuelve los cuestionamientos de fondo.
Entre las preocupaciones planteadas por los demandantes se encuentran el impacto ambiental del proyecto, el uso del territorio y la protección de zonas consideradas estratégicas por su valor natural y turístico.
Por ahora, la transferencia de las parcelas G2 y G3 permanece frenada por disposición judicial.