La presencia de plaguicidas y residuos derivados de agroquímicos en descargas pluviales que desembocan en el Río Paraná volvió a poner bajo la lupa a la planta de Atanor en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Los resultados corresponden a análisis realizados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM-CONICET/UNLP) sobre muestras recolectadas por la Autoridad del Agua (ADA) bonaerense entre febrero y abril de 2026.
Los estudios identificaron glifosato, AMPA —uno de los principales productos de degradación de ese herbicida—, atrazina y distintos compuestos derivados de esta sustancia en vuelcos provenientes del sistema pluvial de la empresa. Entre los resultados se destacó una muestra con concentraciones extremadamente elevadas de Atrazina-Hidroxi, un producto asociado a la degradación de la atrazina.
La detección de estas sustancias en puntos de descarga cercanos a sectores sensibles del sistema hídrico profundiza las preocupaciones por el impacto ambiental de la actividad industrial en la zona. Además, se suma a otros antecedentes que involucran a la compañía, como el hallazgo de residuos peligrosos en una barranca lindante con la planta y la detección de plaguicidas en pozos y sectores de la red de abastecimiento de agua de San Nicolás.
Fabián Maggi, abogado de vecinos afectados y de la organización Foro Medio Ambiental (FOMEA), consideró que los resultados incorporados al expediente judicial representan “un nuevo y gravísimo episodio de contaminación asociado a Atanor”.
“Los propios organismos de control reconocen que estos compuestos provienen del conducto pluvial de la empresa, aunque luego esos mismos funcionarios intentan minimizar la gravedad de los resultados. Lo que está en discusión ya no es solamente la responsabilidad de la empresa, sino también el funcionamiento de un sistema de fiscalización ambiental que volvió a fallar frente a un hecho de enorme trascendencia para la salud pública y la protección del Río Paraná”, afirmó.
El caso vuelve a poner en discusión la capacidad de los organismos públicos para prevenir y detectar daños ambientales vinculados con actividades industriales. La presencia de sustancias químicas en descargas que llegan al Paraná también plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles y la necesidad de garantizar información accesible para las comunidades expuestas.
Desmantelamiento de Atanor y riesgos de contaminación ambiental
Los nuevos resultados se conocieron mientras la planta atraviesa un proceso de desmantelamiento y recomposición ambiental, luego de la explosión ocurrida en marzo de 2024. A raíz de ese episodio, la Justicia ordenó detener la producción de agroquímicos en el establecimiento.
El cese de la actividad productiva no elimina automáticamente los riesgos ambientales asociados con décadas de fabricación y almacenamiento de sustancias químicas. Las tareas de limpieza, remoción de estructuras y movimiento de materiales pueden generar nuevos riesgos si no se realizan con medidas adecuadas para evitar la dispersión de contaminantes presentes en el predio.
Por eso, el proceso requiere controles estrictos, monitoreo permanente y mecanismos de seguimiento que permitan conocer el estado del suelo, el agua y las instalaciones. La detección de plaguicidas en los desagües refuerza la necesidad de determinar su origen, evaluar su alcance y establecer si existen fuentes de contaminación que continúan activas durante las tareas de desmantelamiento.
Agostina Rossi Serra, vocera de Greenpeace Argentina, advirtió que los hallazgos mantienen vigentes las preocupaciones de las organizaciones ambientales y los vecinos de la zona.
“La contaminación no terminó cuando Atanor dejó de producir. Lejos de demostrar que el problema quedó atrás, los resultados refuerzan las advertencias realizadas por organizaciones ambientales y vecinos sobre los riesgos de movilizar contaminación acumulada durante años dentro del predio industrial. Estos resultados confirman la necesidad de que el proceso de desmantelamiento se realice bajo controles estrictos, monitoreo permanente y la garantía de acceso a información y transparencia hacia la comunidad afectada”, señaló.
El desafío es evitar que las tareas destinadas a cerrar una etapa industrial terminen trasladando contaminantes hacia otros sectores del ambiente. Sin información pública suficiente y controles verificables, resulta difícil determinar la magnitud del problema y comprobar si las medidas de recomposición ambiental son efectivas.
Causa judicial contra Atanor por contaminación del Río Paraná
La detección de nuevos compuestos también coincide con avances en la investigación judicial sobre la presunta contaminación atribuida a la empresa en San Nicolás.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó avanzar con la toma de declaración indagatoria a seis directivos de Atanor, cinco funcionarios del entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y tres expresidentes de la Autoridad del Agua. La investigación busca determinar sus posibles responsabilidades en hechos históricos de contaminación del Río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire de la región.
La causa se inició hace más de diez años a partir de denuncias de vecinos y contempla posibles vuelcos de residuos peligrosos, enterramiento de materiales tóxicos y eventuales omisiones de control por parte de funcionarios estatales. Las responsabilidades señaladas forman parte de una investigación judicial y deberán determinarse en ese ámbito.
El expediente pone bajo análisis tanto las actuaciones de la empresa como el desempeño de los organismos encargados de fiscalizar su actividad. La intervención de funcionarios públicos en la investigación abre interrogantes sobre la eficacia de los controles ambientales y la capacidad del Estado para actuar ante denuncias que involucran riesgos para la población.
Frente a este escenario, Greenpeace y FOMEA reclamaron profundizar la fiscalización del desmantelamiento, mantener el monitoreo del predio y avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades empresariales y estatales.
La preocupación excede los límites de la planta. El Río Paraná es un recurso estratégico para el abastecimiento de agua, los ecosistemas y las actividades económicas de la región. Por eso, determinar el origen y el alcance de los contaminantes detectados resulta central para evaluar los riesgos y prevenir nuevos episodios.
Los resultados difundidos vuelven a exponer la necesidad de sostener controles ambientales durante todas las etapas de una actividad industrial, incluso después de la interrupción de la producción. En San Nicolás, el desafío inmediato es establecer qué sustancias llegan al sistema hídrico, garantizar la transparencia de los estudios y asegurar que las medidas de recomposición respondan a la magnitud del problema.