Neuquén, la provincia que concentra el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales del país y bautizada como el “corazón de Vaca Muerta”, enfrenta un problema ambiental heredado de décadas de explotación petrolera convencional.
La provincia apunta a varias empresas de peso como la propia YPF; Fluxus; Pluspetrol; Bentia Energy e Ingeniería SIMA, a las que involucra en un relevamiento sobre compromisos conocidos durante 2025 y lo que va de este 2026 que reúne 441 registros relacionados con pozos alcanzados por programas de abandono, reclasificaciones para cierre y evaluaciones técnicas.
Las obligaciones incluyen además ductos, instalaciones en desuso y pasivos ambientales que las compañías deben resolver. De acuerdo a los decretos y normas analizadas, la cuenta comprende 208 pozos incluidos en el programa anunciado para Fluxus; 111 clasificados para abandono en concesiones transferidas por YPF a Bentia Energy; otros 100 que la petrolera estatal debía reclasificar.
También se suman ocho correspondientes a áreas adquiridas por Bentia e Ingeniería SIMA; siete identificados en Aguada Villanueva; cuatro en Meseta Buena Esperanza y tres en Las Tacanas.
De esta forma, la suma alcanza 441 registros que muestran una situación que presenta un contraste dentro de la principal provincia petrolera del país.
Es que mientras Vaca Muerta concentra inversiones y nuevos desarrollos de petróleo y gas no convencional, los antiguos yacimientos convencionales dejan perforaciones inactivas, infraestructura y terrenos que requieren intervenciones ambientales.
Detrás de esos compromisos aparece una exigencia que el gobierno de Neuquén incorporó expresamente a las transferencias de concesiones con el objetivo de determinar qué empresa debe cerrar las perforaciones, quién tiene que retirar las instalaciones y quién conserva la responsabilidad de sanear los pasivos generados durante décadas de explotación.
El problema adquiere especial importancia en sectores donde antiguas instalaciones quedaron próximas a viviendas y escuelas, interfieren con nuevos desarrollos urbanos o permanecen sobre tierras cuyos propietarios reclaman recuperar.
Quién debe hacerse cargo del pasivo ambiental al transferir áreas petroleras
El escenario se fue generando a partir de que el crecimiento de Vaca Muerta fue modificando el negocio petrolero neuquino.
Mientras las inversiones se concentran en desarrollos no convencionales, las compañías comenzaron a transferir concesiones maduras que acumulan décadas de explotación.
Por ejemplo, YPF impulsó ese proceso mediante el Proyecto Andes, mientras Pluspetrol también cedió activos convencionales a nuevos operadores, como fue la transferencia de Octógono y Al Norte de la Dorsal a Bentia Energy.
El acuerdo fue autorizado mediante el Decreto 380/2025 que identificó 1.015 pozos, de los cuales 195 estaban activos, 237 inactivos, 111 clasificados para abandono, 452 abandonados y 20 sin conexión.
Las concesiones también comprendían 40 instalaciones de producción y 939,36 kilómetros de ductos, cifras con una dimensión tal que muestran que las obligaciones ambientales de un yacimiento maduro exceden las perforaciones que dejaron de producir.
Es más, antes de concretar la transferencia, YPF asumió el compromiso de reclasificar 100 pozos inactivos para incorporarlos a la categoría de perforaciones a abandonar, mientras que Bentia Energy asumió las obligaciones correspondientes como nueva concesionaria y debió constituir una garantía ambiental de u$s1,17 millones durante cuatro años.
Garantías ambientales exigidas por Neuquén en las cesiones de YPF
En el mismo sentido, YPF también transfirió Señal Cerro Bayo; Volcán Auca Mahuida; Don Ruiz y Las Manadas a Bentia Energy e Ingeniería SIMA.
El Decreto 372/2025 identificó ocho pozos clasificados para abandono dentro de un inventario de 217 perforaciones, además de 29 instalaciones de producción y 180,7 kilómetros de ductos.
La operación incorporó una garantía ambiental de u$s450.000 por cuatro años y estableció un criterio central para determinar quién debe pagar las tareas pendientes.
A partir de esta operación, la autoridad ambiental provincial dejó establecido que los acuerdos privados mediante los cuales las compañías distribuyen responsabilidades no pueden limitar las facultades de Neuquén para exigir el saneamiento.
Por lo tanto, la empresa que generó un pasivo ambiental puede continuar obligada a remediarlo incluso después de vender la concesión, criterio que alcanza a YPF como anterior operadora de las áreas transferidas, mientras Bentia Energy e Ingeniería SIMA deben cumplir las obligaciones asumidas como adquirentes.
La distinción resulta importante porque abandonar un pozo y remediar un terreno son tareas diferentes, tal como lo explican expertos en este negocio para quienes el cierre técnico requiere aislar las formaciones atravesadas por la perforación e impedir migraciones de fluidos y la recuperación ambiental puede exigir además retirar instalaciones, gestionar residuos, tratar suelos afectados y restituir las condiciones necesarias para otros usos de la superficie.
Riesgos ambientales por pozos inactivos cerca de zonas urbanas en Plaza Huincul
A partir de las investigaciones llevadas a cabo por el gobierno provincial surge que una de las situaciones más sensibles aparece en Plaza Huincul, donde la expansión urbana avanzó sobre terrenos anteriormente utilizados por la industria petrolera.
En Octógono, la documentación provincial identificó aproximadamente 82 hectáreas destinadas potencialmente a un desarrollo urbano y advirtió que la presencia de pozos, líneas, ductos e instalaciones puede interferir con ese proyecto.
Por eso, Bentia Energy asumió la obligación principal de retirar la infraestructura que afectara el desarrollo, mientras YPF quedó vinculada mediante una responsabilidad solidaria y subsidiaria prevista en el acuerdo de transferencia.
Pero el problema presenta otras características entre Neuquén capital y Plottier donde antiguas instalaciones petroleras quedaron progresivamente próximas a viviendas, escuelas, chacras y barrios residenciales.
Esto se debe a que la convivencia entre perforaciones y zonas pobladas aumenta la importancia de controlar la integridad mecánica de los pozos.
Según los informes oficiales, una falla en las barreras de aislamiento puede permitir migraciones de gases o fluidos entre formaciones y, dependiendo de las condiciones del lugar, generar riesgos para el suelo, las aguas subterráneas y las personas.
El plan de abandono de pozos de Fluxus en Neuquén
El caso de Fluxus, vinculada con el conglomerado brasileño J&F, muestra cómo una sola empresa concentra el mayor programa individual de abandono anunciado por Neuquén.
La petrolera ingresó a la provincia mediante FLXS OGE, que adquirió de Pluspetrol las concesiones Centenario Bloques I y II y Centenario Centro.
En agosto de 2025, el gobierno de Neuquén anunció el acuerdo que permitió el ingreso de Fluxus a esas áreas, junto con compromisos de inversión, reactivación y abandono de pozos.
Lo hizo mediante el Decreto 982/2025, que autorizó la transferencia, estableció originalmente un programa de abandono de 76 pozos y también contempló la reparación y reactivación de 54 perforaciones, con una inversión estimada de u$s21,3 millones.
Posteriormente, el ministro de Energía provincial, Gustavo Medele, informó que Fluxus había asumido el compromiso de abandonar 208 pozos durante cinco años, principalmente en sectores próximos a Neuquén capital y Plottier.
El programa anunciado comenzó en Bajada de Maida, donde existen 17 pozos comprendidos en las intervenciones previstas y la ubicación de las instalaciones, algunas próximas a viviendas y establecimientos educativos, fue uno de los criterios considerados para establecer las prioridades.
El decreto original contiene además obligaciones ambientales que van más allá del cierre de perforaciones al exigir la continuación del saneamiento de antiguas piletas hidrocarburíferas, suelos contaminados, depósitos de residuos especiales y afectaciones por derrames, además de retirar instalaciones y recuperar superficies.
También incorporó obligaciones relacionadas con el cierre de caminos y picadas para favorecer la revegetación natural de los terrenos intervenidos.
La norma obliga a Fluxus a cumplir las obligaciones asumidas como nueva operadora mientras que Pluspetrol puede continuar alcanzada por responsabilidades derivadas de los pasivos generados durante su período de explotación, de acuerdo con las condiciones de la transferencia y la normativa ambiental aplicable.
Plazos y decretos para el cierre de pozos en Aguada Villanueva y Las Tacanas
Durante este año, Neuquén incorporó otras obligaciones ambientales a las transferencias de concesiones entre Pluspetrol e YPF como en Aguada Villanueva, donde el Decreto 475/2026 estableció obligaciones sobre siete pozos.
Dos perforaciones debían contar con un cronograma de abandono cuyo plazo no podía superar el 31 de julio y para las otras cinco, la norma exigió presentar antes del 1 de agosto un plan de abandono cuyo cronograma no podía extenderse más de doce meses desde su presentación.
El expediente registró además que la información presentada inicialmente por Pluspetrol resultaba insuficiente para determinar la integridad mecánica de determinadas perforaciones por lo cual, los organismos técnicos requirieron documentación adicional.
YPF, como cesionaria, quedó obligada además a ejecutar un plan de saneamiento de los pasivos ambientales identificados en Aguada Villanueva, incluyendo perforaciones e instalaciones individualizadas por la autoridad provincial.
En Meseta Buena Esperanza, el Decreto 476/2026 incorporó cuatro pozos inactivos a un cronograma de abandono y estableció plazos para presentar el programa y ejecutar las intervenciones, además de obligaciones de saneamiento ambiental.
A esos compromisos se sumaron tres pozos de Las Tacanas, alcanzados por el Decreto 496/2026, que autorizó otra transferencia de Pluspetrol a YPF y estableció un plan de abandono para las perforaciones YPF.Nq.LTAC.x-1; YPF.Nq.LTAC.x-2 e YPF.Nq.LTAC.x-3, con un cronograma que no puede superar el 7 de diciembre próximo.
Reclamos de propietarios de tierras por instalaciones petroleras en Chihuido
Pero las consecuencias de la explotación petrolera también generan conflictos cuando las instalaciones permanecen sobre terrenos privados después de perder utilidad productiva.
Uno de los casos más importantes quedó documentado en Chihuido de la Sierra Negra a partir de la publicación del Decreto 679/2026, que recogió el reclamo de propietarios de tierras afectadas por la explotación de YPF.
Los denunciantes reclamantes señalaron que en sus inmuebles existían 580 pozos, 11 baterías, dos centrales eléctricas y cientos de kilómetros de ductos y caminos y solicitaron una evaluación de las condiciones del yacimiento, la identificación de las instalaciones que debían abandonarse y la imposición de obligaciones ambientales antes del eventual retiro de YPF.
También plantearon la necesidad de recuperar los terrenos para destinarlos nuevamente a actividades agropecuarias.
Si bien la provincia finalmente rechazó el reclamo administrativo, el caso expone otra consecuencia de los yacimientos maduros a partir de que la infraestructura petrolera puede continuar condicionando el uso de la tierra aun después de disminuir la producción.
Medición de emisiones de metano en pozos abandonados de Neuquén
Más allá de todas estas normas impuestas hasta ahora, los controles provinciales comenzaron también a incorporar un riesgo menos visible que las instalaciones que permanecen sobre la superficie.
En mayo pasado, Neuquén informó una campaña de medición de metano en 124 pozos inactivos y abandonados distribuidos en 64 áreas hidrocarburíferas.
El trabajo se desarrolló con la participación de la Universidad McGill, de Canadá, dentro de una iniciativa vinculada con el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
El relevamiento se realizó entre el 13 de marzo y el 23 de abril pasados y participaron equipos técnicos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la universidad canadiense, bajo la dirección de la investigadora Mary Kang.
Las mediciones permiten evaluar la integridad mecánica de las perforaciones y aportar información para fiscalizar las obligaciones de las operadoras al tener en cuenta que el metano es un gas de efecto invernadero cuya liberación puede estar asociada con deficiencias en el aislamiento de los pozos.
La comunicación oficial identificó la cantidad de pozos y áreas inspeccionadas, pero los resultados del relevamiento serán analizados por la Universidad McGill y compartidos con la Subsecretaría de Hidrocarburos de Neuquén.
El gobierno provincial informó que posteriormente serán publicados en una revista científica revisada por pares y en la plataforma internacional Eye on Methane, donde podrán utilizarse para identificar perforaciones con posibles deficiencias de integridad y orientar nuevas exigencias a las operadoras.