La estrategia del Gobierno de Javier Milei para avanzar con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sufrió un nuevo revés judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2 de La Plata, Mariano López, ordenó suspender el proceso de venta de la empresa mediante una medida cautelar al considerar que el esquema impulsado por el Ejecutivo presenta serias falencias en materia ambiental.
La decisión judicial respondió a una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que advirtió que los pliegos de la licitación omiten aspectos fundamentales para garantizar el acceso al agua potable y no contemplan la existencia de pasivos ambientales en territorio bonaerense.
Privatización de AySA: qué cuestionó la Justicia
En su resolución, el magistrado sostuvo que el proceso de privatización no fortalece las obligaciones de garantizar la cobertura sanitaria ni incorpora mecanismos suficientes de prevención y recomposición ambiental. Por el contrario, afirmó que el nuevo esquema “tiende a reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas”, además de no evaluar los efectos que podrían generar los pasivos ambientales a mediano y largo plazo.
El fallo también respaldó la postura de la Defensoría del Pueblo al remarcar que el acceso al agua potable constituye un derecho colectivo esencial, vinculado directamente con la salud pública, la protección del ambiente y el desarrollo social. Por ese motivo, la medida cautelar permanecerá vigente hasta que se analicen en profundidad los posibles impactos ambientales derivados de la operación.
El Gobierno había lanzado la venta del 90 % de AySA
El pasado 15 de mayo, el Gobierno nacional anunció la apertura de una licitación pública nacional e internacional para vender y transferir el 90 % de las acciones de AySA en manos del Estado. La iniciativa forma parte del plan de privatizaciones impulsado por Javier Milei con el objetivo de reducir la participación estatal en empresas públicas e incorporar capital privado en la prestación de servicios.
Según trascendió en ámbitos empresariales y políticos, entre los potenciales interesados en la operación aparecen el empresario Mauricio Filiberti, el Grupo Roggio y consorcios de origen brasileño y francés.
En su presentación, la Defensoría bonaerense sostuvo que avanzar con la privatización sin incorporar mayores exigencias ambientales pone en riesgo tanto el derecho humano al acceso al agua potable como el derecho a un ambiente sano, ambos protegidos por la Constitución Nacional. La resolución judicial representa así un nuevo obstáculo para uno de los proyectos más relevantes del Gobierno nacional en materia de reforma del Estado.