LaJusticia Federal de Mar del Plata abrió una investigación a partir de una denuncia penal presentada por una vecina del barrio El Marquesado, quien solicita que se analice una presunta contaminación ambiental relacionada con el uso de agroquímicos en campos ubicados en las inmediaciones de la zona residencial.
Según confirmaron fuentes judiciales, la denuncia ingresó formalmente en la Fiscalía Federal y ya se dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes. Sin embargo, debido a que el expediente se encuentra en una etapa preliminar y de producción de pruebas, por el momento no trascendieron detalles sobre las medidas adoptadas ni sobre eventuales responsabilidades.
La presentación fue impulsada por la abogada María Florencia Ocampos y plantea la posible comisión de delitos contemplados en la Ley de Residuos Peligrosos y en el Código Penal. El escrito solicita que se investigue una eventual afectación del ambiente, los recursos hídricos y la salud pública derivada de fumigaciones y otras aplicaciones de productos químicos en campos linderos al barrio.
Consultadas por BACAP, fuentes del Municipio señalaron que no tenían conocimiento de la presentación judicial, pese a que en la denuncia se requieren medidas de control y fiscalización por parte del Ejecutivo local.
Investigación por fumigaciones en El Marquesado y preocupación de los vecinos
Además de los aspectos jurídicos y ambientales, la denuncia incorpora testimonios de residentes que describen situaciones que, según sostienen, afectan su vida cotidiana.
De acuerdo con el escrito presentado ante la Justicia, vecinos del barrio afirmaron que en los campos dedicados principalmente al cultivo intensivo de papa se realizan aplicaciones de agroquímicos incluso durante jornadas con viento, lo que podría favorecer la dispersión de los productos hacia zonas habitadas.
“Vecinos y vecinas me informaron reiteradamente que en los campos linderos se efectúan fumigaciones con agroquímicos, aun en condiciones de viento, generando deriva, olores penetrantes y afectaciones respiratorias”, sostiene el escrito presentado ante la Justicia Federal.
La denuncia agrega que existe una preocupación particular por el posible impacto en grupos considerados más vulnerables, entre ellos niños, niñas y personas que atraviesan tratamientos médicos complejos, incluidos pacientes oncológicos.
Como antecedente, la presentación menciona el caso de una residente que años atrás decidió realizar análisis del agua en su vivienda ante sospechas de contaminación. Esa documentación también fue incorporada al expediente judicial.
Según la denunciante, el temor de los vecinos no responde a un hecho aislado, sino a una inquietud que lleva años presente en la comunidad y que ahora busca ser evaluada por la Justicia Federal.
Análisis de agua, presencia de atrazina y medidas solicitadas a la Justicia
Entre los elementos probatorios incorporados a la causa figura un acta de constatación notarial realizada en diciembre pasado. En esa oportunidad se certificó la toma de muestras de agua en un arroyo ubicado cerca de la intersección de calle 38 y Diagonal 41, en una zona rural próxima a establecimientos productivos.
Durante la diligencia, según consta en la documentación, se observaron maquinarias trabajando en las inmediaciones y ganado vacuno bebiendo directamente del curso de agua.
Posteriormente, un análisis de laboratorio también presentado en la causa informó la detección de atrazina en una concentración de 0,9 microgramos por litro. En cambio, los análisis correspondientes a glifosato y AMPA registraron valores inferiores a los límites consignados en el informe.
No obstante, el propio laboratorio aclaró que la muestra no fue extraída por personal de la institución, por lo que no asume responsabilidad sobre el procedimiento de toma ni sobre la procedencia exacta del material analizado. Ese aspecto podría resultar relevante en el marco de la evaluación judicial de la prueba.
La denunciante también incorporó un informe de 2022 correspondiente a una muestra de agua domiciliaria tomada en el barrio, en la que se informó la presencia de hidroxi-atrazina -un producto derivado de la degradación de ese herbicida- e imidacloprid.
En la presentación se argumenta además que el caso podría involucrar recursos ambientales de carácter interjurisdiccional, debido a que el curso de agua analizado desemboca en el mar. Sobre esa base, se fundamentó la competencia federal para intervenir en el expediente.
Entre las medidas solicitadas a la Justicia se encuentran inspecciones en los campos mencionados, nuevas tomas oficiales de muestras con cadena de custodia, pedidos de informes a organismos públicos y el dictado de una medida cautelar para evitar eventuales aplicaciones de agroquímicos en las inmediaciones del barrio mientras avance la investigación.
El caso vuelve a poner en agenda un debate que desde hace años genera controversias en el partido de General Pueyrredon: los controles sobre las fumigaciones en zonas periurbanas y la búsqueda de un equilibrio entre la actividad productiva, la protección ambiental y la salud de las comunidades cercanas.