La batalla por el Mar Argentino: pesca ilegal, depredación y una polémica alianza con Estados Unidos

A fines de mayo, la Armada Argentina firmó un acuerdo con la Cuarta Flota del Comando Sur de los Estados Unidos que considera al Mar Argentino como un “bien común global”. Este acuerdo “habilita a la transferencia tecnológica, el entrenamiento y el patrullaje” de la zona económica exclusiva por parte de naves estadounidenses durante cinco años, con el argumento de preservar el territorio marítimo argentino de la depredación que ejercen buques pesqueros de distintas nacionalidades.

Conocido el acuerdo, a través de un comunicado de la Embajada de Estados Unidos, diversas organizaciones del ámbito académico y de la defensa nacional alzaron sus voces.

“No se trata sólo de una cooperación técnica. Estados Unidos va a proveer equipamiento y se quedará con la información que recopile en Argentina. Además, las competencias sobre la vigilancia de la zona económica exclusiva y del límite de esa zona hoy son de la Prefectura Naval y no de la Armada”, señaló la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic.

“El Mar Argentino no es un bien común global, sino un territorio soberano del país”, advirtió el ex canciller y hoy diputado nacional Jorge Taiana. Y además, recordó que si bien Argentina participó en las negociaciones del Tratado de Alta Mar de la ONU (conocido como BBNJ), que protege la biodiversidad en aguas que sí son internacionales, aún no lo ratificó.

La protección de los océanos, una cuenta pendiente

El tratado global de Alta Mar entró en vigencia en enero de 2026 y busca proteger el 30% de los océanos para el año 2030. Argentina, que participó en las discusiones y firmó el tratado a comienzos de 2023 pero aún no lo elevó al Congreso Nacional para su ratificación, tiene una gran deuda con la protección de su propio territorio oceánico. Solo un 8% del área marítima bajo jurisdicción nacional se encuentra resguardada a través de las llamadas Áreas Marinas Protegidas (AMP).

Este tratado negociado en el marco de Naciones Unidas resultaría clave para la Argentina porque permite proteger ecosistemas únicos fuera de su Zona Económica Exclusiva (más allá de la milla 200) como el llamado “Agujero Azul”, que atesora gran riqueza biológica y científica.

Por otra parte, exige evaluaciones de impacto ambiental para actividades realizadas en aguas internacionales, como pesca, vertido de residuos, minería subacuática y prospecciones sísmicas en el mar profundo. Finalmente, regula el acceso y la distribución equitativa de los beneficios obtenidos de la biodiversidad marina a partir de sus recursos genéticos.

Comprar lo que ya tenemos

En tanto, el acuerdo bilateral para el patrullaje de Estados Unidos dentro del mar argentino incluye “la compra de equipamiento que investigadores locales ya han desarrollado”, destaca por su parte el divulgador científico Daniel Arias. “Nos están vendiendo algo que ya tenemos”, aseguró Arias. “Ya en 2001, INVAP (la empresa de base tecnológica de la provincia de Río Negro) desarrolló una cámara estabilizada, con visión nocturna en infrarrojo, pancromática diurna y en color, también diurna, de uso submarino para vigilancia y de búsqueda de náufragos, que ha sido suficientemente testeada”, señaló el divulgador y propuso, con ironía: “Podríamos venderle nuestra cámara de búsqueda y rescate a Estados Unidos, y patrullarles sus Zonas Económicas Exclusivas. Sería un modo de hacerlos sentir protegidos”.

Permisos de pesca: del secreto a la revelación

Mientras las denuncias contra barcos extranjeros que pescan sin permiso (o por encima de las cuotas de pesca autorizadas) en el mar Argentino se suceden, se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley, para que la información sobre embarcaciones, permisos y cuotas de pesca en Argentina sea pública, actualizada y accesible a través de internet.

La iniciativa propuesta por el diputado Maximiliano Ferraro, propone modificar la Ley Federal de Pesca para obligar a la autoridad de aplicación a publicar en formatos abiertos los datos que actualmente reúne el Registro de la Pesca, incluyendo información sobre embarcaciones, titulares, permisos, cuotas de captura, transferencias, sanciones y situación administrativa de cada buque. Según el proyecto, la información deberá actualizarse mensualmente y mantenerse disponible de manera permanente, con trazabilidad histórica de los registros.

Organizaciones como el Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde respaldaron la iniciativa y señalaron que la apertura de estos datos constituye una deuda pendiente del Estado argentino en materia de transparencia.

Transparencia y trazabilidad en los océanos

“Argentina tiene información valiosa sobre su flota pesquera que hoy permanece inaccesible para la ciudadanía. Este proyecto convierte datos que ya existen en una herramienta real de transparencia, control y contribuye a luchar contra la pesca ilegal. Es un paso indispensable para saber quién pesca, qué pesca y con qué autorización en aguas argentinas”, señaló Consuelo Bilbao, Directora del Círculo de Políticas Ambientales.

Desde la entidad sostuvieron que la publicidad de la información permitiría fortalecer los mecanismos de control, mejorar la trazabilidad de la actividad pesquera y contribuir a la prevención de la pesca ilegal. Además, remarcaron que los principales mercados internacionales exigen cada vez mayores estándares de transparencia para los productos pesqueros.

“Se trata de información sobre embarcaciones que explotan un recurso natural que es de todos y que, por lo tanto, debe ser pública. Estos datos permiten verificar si un buque está autorizado a pescar, qué arte de pesca utiliza, si posee cuota vigente o si debería haber perdido su licencia por sanciones acumuladas”, expresó Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde.

El proyecto surgió luego de que las organizaciones solicitaran al Consejo Federal Pesquero y a la Subsecretaría de Pesca la apertura de estos registros, sin obtener respuesta.

De aprobarse la iniciativa, Argentina se alinearía con la mayoría de los países latinoamericanos con flota pesquera industrial, entre ellos Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Panamá y Guatemala, que ya cuentan con sistemas públicos de consulta sobre embarcaciones y permisos de pesca.