Inesperada alianza: La Libertad Avanza y Ciudad Futura se unen para frenar el mega parque acuático de Rosario

Lo que comenzó como una resistencia civil de los sectores linderos al río Paraná por el avance del cemento sobre los espacios verdes se transformó de manera drástica en una batalla legal y política de escala técnica. La controvertida iniciativa del Municipio de Rosario para levantar un mega parque acuático en la costera norte enfrenta ahora un bloqueo institucional inédito en los tribunales santafesinos. La confirmación de una presentación judicial conjunta por parte de bloques legislativos diametralmente opuestos encendió las alertas en el Palacio de los Leones, poniendo bajo la lupa la viabilidad técnica y los verdaderos costos ambientales de una obra privada financiada con recursos públicos.

Esta actualización del conflicto normativo expone las profundas grietas metodológicas que arrastra el proyecto desde su gestación. Mientras la intendencia defiende la instalación del predio recreativo como un polo de atracción turística y generación de empleo para la temporada estival, la oposición legislativa unificó criterios para denunciar que el Ejecutivo local oculta de forma sistemática los pliegos de licitación y los estudios de impacto ambiental. El recurso de amparo ingresado de urgencia busca suspender cualquier movimiento de suelos en la zona ribereña hasta que el intendente rinda cuentas claras ante la ciudadanía y los organismos de control técnico.

Concejales de La Libertad Avanza y Ciudad Futura firmaron un amparo conjunto para congelar las obras del mega parque acuático.

Una alianza insólita contra la opacidad oficial

El factor determinante que modificó el mapa de la discusión pública fue la inesperada confluencia estratégica entre los representantes de La Libertad Avanza y Ciudad Futura en los tribunales. Ambos espacios políticos, ubicados en los extremos ideológicos del arco partidario, decidieron postergar sus históricas diferencias dogmáticas para accionar penal y administrativamente de forma coordinada. Los concejales firmantes argumentaron que la defensa del patrimonio público y el derecho al acceso a la información ambiental son prioridades transversales que obligan a auditar un emprendimiento que, según denuncian, fue diseñado a espaldas de los mecanismos de transparencia del Concejo Deliberante.

La presentación judicial detalla que el municipio avanzó con la adjudicación de las tierras costeras sin haber obtenido previamente la licencia ambiental obligatoria que expide el Ministerio de Ambiente de la provincia. La opacidad que rodea la concesión del mega parque acuático genera sospechas sobre el canon irrisorio que abonarían los operadores privados y el destino de los millones de litros de agua dulce que demandará el funcionamiento diario de los toboganes y piletas gigantes, un recurso crítico que podría resentir la presión del suministro hídrico en las barriadas populares periféricas de Rosario.

El proyecto costero de Rosario es severamente cuestionado por la falta de estudios sobre el uso sustentable del agua del Paraná.

El impacto en el humedal y la sostenibilidad urbana

Desde la perspectiva estrictamente ecológica, los peritos convocados por las organizaciones socioambientales insisten en que el emplazamiento del parque acuático vulnera de forma directa el corredor de biodiversidad del frente fluvial. La descarga masiva de aguas cloradas y tratadas químicamente directo hacia el cauce del río Paraná representa un peligro inminente de contaminación para las microesferas del humedal, afectando la flora hidrófila y las especies ícticas nativas. Además, la impermeabilización de los suelos mediante el tendido de hormigón elimina las esponjas naturales de absorción, elevando el riesgo de anegamientos severos ante futuras sudestadas o lluvias torrenciales.

La resolución de esta batalla jurídica marcará un precedente crucial para los modelos de gestión del suelo público en las grandes urbes argentinas. La pretensión de mercantilizar la ribera bajo el formato de mega infraestructuras de entretenimiento choca de frente con los compromisos internacionales de resiliencia urbana y mitigación del cambio climático. Si la Justicia federal y provincial convalida el amparo de la oposición, el municipio se verá obligado a rediseñar por completo el plan de ordenamiento de la costa norte, priorizando la conservación de los espacios verdes públicos y gratuitos por encima del negocio extractivo inmobiliario y corporativo.

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