¿Quiénes son los responsables de la escasez hídrica en Catamarca? El litio, como mineral crítico pensado para la transición energética, se encuentra en el centro de la escena, no tanto por sus aportes en dólares vías las exportaciones sino por las tensiones sociales vinculadas al acceso al agua y los desplazamientos de sus territorios de las comunidades de pueblos originarios.
En marzo de este año, la Suprema Corte de Justicia de Catamarca suspendió el amparo que había frenado la explotación del litio en un sector del Salar del Hombre Muerto, zona neurálgica del llamado Triángulo del Litio.
La medida cautelar había sido presentada por Román Guitián, cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano y buscaba proteger una cuenca hídrica luego de que fuera demostrado que el río Los Patos se había secado tras más de 15 años de extracción del litio. En el centro de la denuncia penal aparecía (y lo sigue haciendo) la multinacional Livent, luego adquirida por Río Tinto, una corporación minera manejada por los grandes fondos de inversión como BlackRock y Vanguard Group y que posee en el país una suerte de acuerdo de exclusividad con Tesla (Elon Musk).
El proyecto Fénix arrancó en 1997 operado en su momento por FMC, luego adquirido por Livent y actualmente bajo el control de Río Tinto. Durante años, esa explotación condensó la presencia minera en la zona. Con el tiempo, el mapa cambió y alrededor del emprendimiento histórico avanzaron nuevas iniciativas de grandes jugadores internacionales. Pero la escala económica convive con otra menos visible: la ecológica.
“Catamarca se encuentra en emergencia hídrica desde 2022, con restricciones de riego y problemas de acceso al agua potable en distintos centros urbanos. En ecosistemas áridos de alta fragilidad, el agua no es solo un insumo productivo, sino una condición material de la vida cotidiana, el pastoreo, la producción local y la continuidad comunitaria”, sostuvo Mariano Novas, integrante del Observatorio RIGI, en un artículo publicado por la agencia de noticias Tierra Viva (https://agenciatierraviva.com.ar/extractivismo-en-los-territorios-inversiones-que-avanzan-derechos-que-retroceden/).
La decisión de la Corte catamarqueña llegó cuando la administración Milei ya logró la modificación de la ley que protege los glaciares y cuando pretende avanzar en el Congreso con los cambios a la ley que frenaba la extranjerización de tierras rurales. El proyecto, presentado bajo el ampuloso título de “inviolabilidad de la propiedad privada”, incluye un cambio esencial al quitar de la regulación la protección sobre los grandes cuerpos de agua.
Río seco…Río Tinto
La causa penal vinculada a Livent – ahora Río Tinto- se inició en 2021 con la presentación de una medida cautelar invocada por Román Guitián, cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano. En su texto se solicitaba que la provincia revocara los decretos y resoluciones ministeriales que autorizaron la ampliación del “Proyecto Fénix” y “Sal de Vida”, operados en ese momento por Livent y Galaxy Lithium, hoy ambos controlados por Rio Tinto, la empresa que posee un acuerdo de exclusividad con Tesla (Elon Musk).
El pedido de la comunidad apuntaba a la realización de una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y acumulativa para determinar la línea de base ambiental de las subcuencas del Hombre Muerto y Carachi Pampa-Incahuasi o Punilla, con participación del Consejo Federal de Ambiente y la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. También reclamaba por el derecho de consulta y participación de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano.
Luego de tres años, la misma Corte provincial resolvió avalar la idea de una medida cautelar para frenar los nuevos permisos sobre los proyectos ubicados en el Salar del Hombre Muerto. Tal situación no les impidió a las empresas continuar con la promoción de sus actividades y con el lobby necesario para conseguir una licencia social que todavía es rechazada por las comunidades.
Como parte de sus estrategias, Río Tinto o Posco se embarcaron a acciones para acercar los proyectos a las comunidades con charlas informativas con el único objetivo de persuadir a las comunidades de las bondades de un proyecto de litio que nunca “derrama” beneficios económicos para el conjunto.
En enero de este año, Rio Tinto expuso su plan de ampliación del proyecto Fénix cuando todavía seguía vigente la medida cautelar que le prohibía al estado provincial otorgar nuevas habilitaciones. Según la periodista Camila Parodi, durante la exposición de la compañía se sostuvo que el uso de agua –740.000 litros por hora– no representa una pérdida, ya que “el agua vuelve al sistema por evaporación y precipitaciones”.
Las empresas extractivas del litio, cada vez que tienen que informar sobre los impactos ambientales de sus proyectos, lo hacen de manera individual, sin tener en cuenta que las cuencas de agua son interjurisdiccionales y forman parte de un todo sistémico. Esa es la estrategia del sector privado para persuadir a las comunidades.
El argumento de Río Tinto fue rebatido por la abogada ambientalista Verónica Gostissa, quien reflexionó sobre el rol de las cuencas endorreicas: “El salar es una sola cuenca, pero están evaluando proyecto por proyecto. En este ‘mate’ del que todos toman, hay más de diez bombillas succionando al mismo tiempo desconociendo su límite”, sostuvo la especialista de acuerdo a lo publicado por Parodi en su artículo Más minería y menos democracia en Catamarca (Revista Cítrica – https://revistacitrica.com/mas-mineria-y-menos-democracia-en-catamarca)
“El agua que sale del salar no vuelve y la salmuera también es agua, por lo que necesitamos saber cuánta se extrajo desde 1997 y cuánta planean extraer en los próximos 20 años, empresa por empresa. Esa es la huella hídrica real y todavía no hay un número”, concluyó Gostissa.
En la cuenca del Hombre Muerto coexisten al menos ocho proyectos de litio. Esa simultaneidad modificó la escala del problema. Ya no se trata de cuánto consume una empresa aislada, sino de cuánto soporta el sistema en conjunto cuando múltiples actores extraen sobre una misma base hidrogeológica.
De acuerdo a la denuncia original del cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, se generó un “daño irreversible al Río Trapiche donde se secó una vega por la captación de agua superficial y subterránea por parte de la empresa Livent, reconocido por la propia empresa en sus informes a los accionistas de 2022”.
Una auditoria privada y una apelación necesaria
En pleno auge de la administración Milei por los proyectos presentados en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la Corte de la provincia de Catamarca revocó la cautelar de 2024 pero con un fallo dividido (5-2). Lo hizo luego de que la jurisdicción gobernada por Raúl Jalil presentara un estudio de impacto ambiental encargado a la consultora LIPAT.
El informe nunca se hizo público. Aún sí, la gobernación se presentó ante la Corte local para informar los resultados: “Los sistemas ambientales, socioculturales y productivos estaban en buenas condiciones; y que la cuenca del Río Los Patos no se vería afectada en un escenario de potencial explotación minera”. Predecible, ¿no?
Los cinco que validaron la posición de Jalil para derrumbar la cautelar fueron Hernán Martel, Fabiana Edith Gómez, Rita Verónica Saldaño, Jorge Rafael Bracamonte y María Fernanda Rosales Andreotti. Más allá del resultado, también fueron claves – por los argumentos esgrimidos- los dos votos en disidencia firmados por José Cáceres y Miguel Figueroa Vicario.
“Pese al gran avance que constituye la presentación del EGIA, ello por sí solo no acredita el íntegro cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de 2024, ya que se trata de un estudio técnico y no la aprobación administrativa que autoriza la ejecución del proyecto. En efecto, los fundamentos que dieron origen al dictado de la medida cautelar se mantienen intactos. El Plan de Gestión Ambiental de los Impactos Acumulativos sugerido no se agota en el programa de control hidrológico; sino que incluye, además, programas de control meteorológico, de biodiversidad, de patrimonio cultural, de aspectos socioculturales, socioeconómicos y de comunicación y participación comunitaria”, señalaron los dos jueces que se pronunciaron a favor de sostener la medida cautelar.
Con estos argumentos, la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano apeló la decisión del Superior Tribunal de Catamarca.
La extranjerización de la tierra y el control del agua
Los grandes jugados del litio que operan en el país son el surgimiento de proyectos que fueron fusionándose en pocas manos. Livent, la empresa en se encuentra en el seno del conflicto hídrico en Catamarca, se fusionó con Allken y juntas dieron origen a Arcadium Lithium. Durante los primeros días de marzo de 2025, este conglomerado fue absorbido por otro jugador, la empresa Río Tinto.
Los principales accionistas detrás de Río Tinto son BlackRock Investment Management (UK) Ltd (3,3%), The Vanguard Group (3,016%), BlackRock Fund Advisors (2,6%), SSgA Funds Management (1,045%) pero también la china Aluminum Corp. of China (14%). A nivel global, poseen un acuerdo de exclusividad con Tesla, propiedad de Elon Musk. En marzo de 2025, varios delegados del dueño de la red social X visitaron el país para asegurarse un lugar privilegiado en la cadena de suministros para su empresa de autos eléctricos.
Las grandes mineras estuvieron detrás de los cambios normativos en la ley que protegía los glaciares. Y también lo están en el intento de modificar el espíritu de la norma que frena el avance de la extranjerización en las tierras rurales. Para seguir avanzando con la agenda minera en el Triángulo del litio, deben barrerse los límites de adquisición de esas mismas tierras.
En el departamento de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, el porcentaje de extranjerización de la tierra rural se ubica en el 0,12% con 3504 hectáreas. Sin embargo, existe una subdeclaración de los verdaderos titulares de los proyectos en danza que, si se contemplaran, los porcentajes de entrega del territorio a capitales de otras nacionalidades sería mucho mayor. Según los datos oficiales, se encuentran operativos 6 iniciativas y otras 16 en carpeta.
Dentro de este departamento está ubicado lo que se conoce como el Salar del Hombre Muerto, con cerca de 600 kilómetros cuadrados. Uno de los proyectos de Río Tinto se llama Sal de la Vida, que se encuentra a 60 kilómetros del proyecto Fenix. Galan Litio, empresa australiana, ingresó al RIGI con el proyecto Hombre Muerto del Oeste que posee una extensión de 11.000 hectáreas.
Como queda en evidencia, no se encuentran contempladas – es decir declaradas como extranjeras- dentro del Registro Nacional de Tierras Rurales. Al menos por ahora. Si lo estuvieran, el porcentaje de extranjerización del Departamento sería mucho mayor al 0,12%.
Un aspecto central del proyecto oficial para cambiar la ley de tierras tiene que ver con el acceso al agua. “Se eliminan las restricciones específicas sobre tierras con acceso a cuerpos de agua y se debilita su articulación con el régimen de zonas de seguridad de frontera. Su desvinculación del régimen general de tierras rurales fragmenta la política territorial y reduce su eficacia. En el caso de los recursos hídricos, la consecuencia es más directa: su acceso y control quedan crecientemente mediados por el mercado de tierras”, explicó Pablo Volkind, director del Observatorio de Tierras Rurales, en diálogo con Economía Sustentable.