El Senado de la Nación comenzó a debatir una reforma clave dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Se trata de un nuevo régimen para las tierras rurales que, si bien habilita la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras, introduce fuertes restricciones y controles geopolíticos para proteger los recursos estratégicos del país.
El proyecto abre una fuerte pulseada política y económica, ya que apunta directamente a regular el avance de capitales controlados por otros países, en un contexto donde el sector agropecuario mira de cerca las nuevas reglas de juego.
Las nuevas reglas: ¿Quiénes podrán comprar campos?
La iniciativa reconoce el derecho de las personas físicas y jurídicas extranjeras a adquirir inmuebles rurales en Argentina, pero fija límites muy claros respecto a la procedencia de los fondos y el tipo de organización:
- Prohibición total a Estados: Los estados extranjeros tendrán completamente vedada la compra de tierras rurales.
- Empresas con participación pública: Las compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros no podrán comprar libremente; necesitarán una autorización expresa tanto de la provincia donde se ubica el campo como del Gobierno nacional.
- Zonas de frontera: Las tierras ubicadas en áreas de seguridad fronteriza mantendrán controles todavía más rigurosos, exigiendo el aval de ambas jurisdicciones.
- Derechos adquiridos: La normativa aclara que no se verán afectados los derechos comerciales o de propiedad obtenidos antes de la sanción de la ley.
Para agilizar las inversiones legítimas, el texto incorpora el mecanismo de silencio administrativo: si las autoridades nacionales o provinciales no responden a una solicitud de compra dentro de los plazos establecidos, la operación se considerará automáticamente aprobada una vez transcurridos 180 días.
Controles antifraude y el “factor China” en el agro
El proyecto de ley busca blindar el mercado inmobiliario rural ante posibles maniobras encubiertas. La normativa estipula sanciones severas para aquellos casos donde se utilicen personas o sociedades “pantalla” con el fin de ocultar al verdadero comprador estratégico y eludir las restricciones del Estado.
Aunque el dictamen parlamentario no lo nombra de manera explícita, el trasfondo geopolítico está marcado por la preocupación en torno a China. La inquietud en los pasillos del Congreso aumentó luego de que Beijing ordenara a sus empresas con presencia en el exterior priorizar las leyes chinas por encima de las normativas locales, lo que encendió las alarmas sobre el control de recursos naturales y territoriales en Argentina.
Mientras los defensores de la reforma aseguran que el texto permitirá atraer inversión privada sin resignar soberanía nacional, la oposición y algunos sectores productivos advierten que el exceso de trabas burocráticas podría desalentar la llegada de proyectos de inversión legítimos para el desarrollo del agro.