Greenpeace, condenada a pagar más de u$s 660 millones a una empresa energética

Un jurado de Dakota del Norte condenó a Greenpeace a pagar más de 660 millones de dólares a la empresa energética Energy Transfer (ET) por su papel en las protestas contra el oleoducto Dakota Access, en un fallo que podría tener un impacto significativo sobre la libertad de expresión en Estados Unidos.

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El veredicto, emitido tras más de dos días de deliberaciones, responsabiliza a tres entidades de Greenpeace por allanamiento, molestias, conspiración y privación de acceso a la propiedad durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre 2016 y 2017 en torno al polémico proyecto. Energy Transfer acusó a la organización ecologista de haber orquestado una campaña de violencia y difamación para frenar la construcción del ducto, que finalmente entró en funcionamiento en 2017.

“Nos gustaría dar las gracias al juez y al jurado por la increíble cantidad de tiempo y esfuerzo que dedicaron a este caso”, declaró la compañía tras conocerse la decisión. “Esta victoria es para la gente de Mandan y de todo Dakota del Norte que tuvo que soportar el acoso diario y las interrupciones causadas por los manifestantes financiados y entrenados por Greenpeace”, añadió ET.

Qué respondió Greenpeace

Greenpeace anunció que apelará la decisión, denunciando que el caso tenía como objetivo “silenciarla”. La directora ejecutiva interina de Greenpeace en Estados Unidos, Sushma Raman, afirmó que el fallo no detendrá el movimiento ecologista: “No se puede llevar a la quiebra a un movimiento. Este movimiento existe en todo el mundo: personas que quieren un planeta más limpio y más verde, una democracia más vibrante e inclusiva, la protección de los océanos, los bosques y la tierra. La gente que da poder a organizaciones como Greenpeace… no se les puede llevar a la bancarrota, y el trabajo continuará”.

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Greenpeace Internacional también presentó una contrademanda contra Energy Transfer en Países Bajos, acusando a la empresa de usar el sistema judicial para reprimir la disidencia. La audiencia está prevista para el próximo 2 de julio.

Protestas y conflicto con las comunidades indígenas

Las protestas contra el oleoducto Dakota Access se desencadenaron en 2016 y contaron con el respaldo de la tribu indígena sioux de Standing Rock y movimientos medioambientales como Greenpeace. Los manifestantes denunciaron que el ducto atraviesa lugares sagrados y amenaza las fuentes de agua potable de las comunidades indígenas.

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Durante las protestas, cientos de personas resultaron heridas y numerosas fueron detenidas, lo que llevó a la ONU a expresar su preocupación por posibles violaciones de la soberanía de las comunidades nativas.

A pesar de las movilizaciones, el oleoducto comenzó a operar en 2017, transportando petróleo obtenido mediante fracturación hidráulica hacia las refinerías y los mercados internacionales.

Una decisión que podría enfriar las protestas

El fallo fue calificado por críticos como un caso típico de SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), demandas que buscan intimidar y desalentar la participación pública.

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“El efecto de este veredicto podría ser el de aplastar protestas legítimas y amedrentar la libertad de expresión”, advirtió Michael Burger, abogado y académico de la Universidad de Columbia. Sin embargo, Michael Gerrard, profesor de derecho medioambiental en la misma universidad, matizó que este fallo podría disuadir las protestas que bloqueen físicamente proyectos de combustibles fósiles, pero no debería afectar a manifestaciones pacíficas.

Con este fallo, la batalla legal entre Greenpeace y Energy Transfer está lejos de terminar, mientras las tensiones entre las empresas de energía y los movimientos ambientalistas continúan creciendo.