Freno judicial a Milei: suspenden la reforma de la ley de glaciares en Santa Cruz
Un juez federal ordenó detener la aplicación de la nueva normativa impulsada por el Gobierno, tras un amparo ambiental que advierte riesgos sobre reservas estratégicas de agua en la Patagonia.
La reforma de la ley de glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo judicial: un juez federal de Santa Cruz decidió suspender su aplicación en la provincia, en medio de una creciente disputa entre desarrollo minero y protección ambiental.
El fallo fue dictado por Claudio Vázquez, titular del juzgado federal de Río Gallegos, quien hizo lugar a una acción de amparo ambiental presentada por el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante de El Calafate. La ciudad es la principal puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, donde se encuentra el emblemático Glaciar Perito Moreno.
La resolución ordena suspender los efectos de la reforma aprobada por el Congreso el 9 de abril y promulgada recientemente por el Ejecutivo nacional, al menos hasta que exista una sentencia de fondo. Además, instruye al Estado a abstenerse de aplicar cualquier medida basada en la nueva normativa dentro del territorio santacruceño.
El conflicto se remonta a la modificación de la ley de glaciares sancionada en 2010, considerada pionera en América Latina por establecer la protección de glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua. La reforma habilita a las provincias a definir qué zonas cercanas a los glaciares pueden destinarse a actividades como la minería.
Ley de glaciares en Argentina: qué cambia con la reforma y por qué fue frenada
El cambio impulsado por el Gobierno busca otorgar mayor autonomía a las provincias para evaluar, caso por caso, el uso de áreas periglaciales. Según la visión oficial, esto permitiría impulsar inversiones en sectores clave como litio, cobre y oro, en un contexto de fuerte interés internacional por los recursos naturales argentinos.
Desde el sector minero sostienen que no todos los ambientes periglaciales cumplen una función hídrica relevante, por lo que una regulación más flexible podría habilitar proyectos productivos sin afectar reservas de agua.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas advierten que esta modificación pone en riesgo ecosistemas sensibles y reservas fundamentales para el abastecimiento hídrico. Además, cuestionan que se prioricen intereses económicos por sobre derechos colectivos garantizados por la Constitución, como el acceso a un ambiente sano.
Amparos contra la ley de glaciares: crece la batalla judicial en Argentina
El caso de Santa Cruz no es aislado. La provincia de La Pampa también presentó un amparo colectivo contra la reforma, solicitando su inconstitucionalidad y nulidad absoluta. Aunque no posee glaciares en su territorio, argumenta que depende del agua del río Colorado, cuyo origen está en zonas glaciares de la Cordillera de los Andes.
La disputa judicial tiene antecedentes relevantes. En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la ley original tras una demanda impulsada por la minera Barrick Gold y la provincia de San Juan. En ese fallo, el máximo tribunal sostuvo que los glaciares y ambientes periglaciales son bienes públicos y que los derechos colectivos, como el acceso al agua, deben prevalecer sobre intereses privados.
Con este nuevo escenario, la reforma impulsada por el Gobierno queda envuelta en una creciente incertidumbre judicial, mientras se profundiza el debate entre desarrollo económico y preservación ambiental en uno de los territorios más sensibles del país.
