La Cámara de Diputados de la Nación aprobó con modificaciones el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ahora deberá regresar al Senado para su revisión definitiva antes de convertirse en ley. La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue el alcance de la protección de la propiedad privada y los límites a las facultades del Estado, en particular en materia de expropiaciones y desalojos. También hubo cuestionamientos por los cambios vinculados con la Ley de Tierras.
En defensa del dictamen de mayoría, el diputado nacional Santiago Santurio (La Libertad Avanza) afirmó en un comunicado que “lo que venimos a discutir es cómo vamos a proteger este principio de la propiedad privada”. Además, aseguró que la norma “tiene que ser una política de estado” y consideró que “es fundamental que entendamos que respetar la propiedad privada es garantizarle a cada uno que el fruto de su trabajo no se lo va a sacar ni un delincuente ni un burócrata de turno”.
Sobre las expropiaciones, Santurio sostuvo que “el Estado no puede de manera caprichosa y arbitraria tomar un bien que no le corresponde. Y por eso establecemos parámetros claros de qué forma se puede declarar un bien de uso público y que se realice esa expropiación, y que esa expropiación haga el menor daño a la propiedad privada”.
Cruces por las expropiaciones y los desalojos
Desde Unión por la Patria, el diputado Diego Giuliano ratificó la postura de su bloque: “Nuestra posición respecto a la propiedad privada siempre es con función social”.
Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que “no estamos discutiendo una prohibición absoluta, estamos discutiendo nada más ni nada menos cómo preservamos ese derecho que está relacionado a la soberanía nacional, a la integridad territorial, al federalismo y a la protección de recursos naturales”.
La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, cuestionó el alcance de la iniciativa. “Esta es una ley para atacar conquistas sociales, donde están encareciendo las expropiaciones y acelerando los desalojos”, fustigó.
Desde Provincias Unidas, Gisela Scaglia destacó “el diálogo político” y señaló que, como resultado de las negociaciones, “en esta ley vamos a derogar cualquier duda respecto al Art. 154 del DNU 70 y vamos a ratificar la ley de Tierras en la Argentina”.
A su turno, Martín Yeza, diputado del PRO, se refirió a los desalojos exprés y defendió la iniciativa: “Es importante para miles de familias argentinas. Es un proyecto equilibrado porque contempla familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”.
Qué pasó con la Ley de Tierras
Luego de que la Corte Suprema suspendiera la derogación de la Ley de Tierras, las modificaciones introducidas durante el tratamiento en Diputados incluyeron la restitución de la vigencia de la Ley de Tierras 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La norma establece límites a la titularidad de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El debate sobre esa legislación ya había atravesado el tratamiento en el Senado, donde se recortó el capítulo referido al uso de tierras afectadas por incendios.
Con los cambios aprobados en la Cámara baja, el proyecto deberá regresar al Senado. La revisión de los artículos modificados definirá si la iniciativa obtiene sanción definitiva y en qué términos quedará establecida la regulación de la propiedad privada.