La causa por la contaminación del agua con arsénico y agrotóxicos en Lobos entró en una nueva etapa judicial después de cinco años de litigio. El apartamiento provisorio del juez Juan José de Oliveira, tras una recusación presentada por las familias demandantes, abrió el camino para una audiencia destinada a revisar el cumplimiento de las medidas de protección y destrabar los estudios pendientes sobre la calidad del agua.
El amparo colectivo comenzó en junio de 2021, luego de que un monitoreo del INTA Balcarce, dirigido por la investigadora Virginia Aparicio, detectara residuos de 33 plaguicidas en distintas muestras ambientales. Las cinco muestras de agua de consumo analizadas contenían agrotóxicos, entre ellos atrazina, 2,4-D y metolaclor.
A esos resultados se sumaron estudios realizados en 2025 por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que midieron concentraciones de arsénico de entre 74 y 145 microgramos por litro en el agua de la red municipal. Los valores superaron ampliamente el límite de 10 microgramos por litro establecido como referencia para el agua de consumo humano.
La persistencia del problema pone en cuestión la respuesta de las autoridades municipales y la capacidad del sistema judicial para garantizar el acceso a agua segura. Aunque existen órdenes judiciales para proteger a la población, las familias denuncian que su cumplimiento fue parcial y tardío.
Agua contaminada en Lobos y medidas judiciales incumplidas
En julio de 2021, la Justicia ordenó al municipio garantizar el suministro de agua segura a las familias que iniciaron el amparo, además de abastecer a escuelas, centros de salud y clubes. La resolución también exigió controles sobre la calidad del agua.
Cuatro años después, en julio de 2025, la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata revocó una decisión del juez De Oliveira y extendió la protección a todos los habitantes de Lobos. La medida contempló la instalación de centros de distribución que garantizaran agua dentro de los parámetros legales.
Sin embargo, según los demandantes, la respuesta municipal no estuvo a la altura de las obligaciones judiciales. La entrega de agua se habría limitado inicialmente a algunas familias, mientras que distintas instituciones quedaron sin abastecimiento. La distribución general, sostienen, llegó después de varias intimaciones judiciales.
La representación de las familias, a cargo de la organización Naturaleza de Derechos y del abogado Fernando Cabaleiro, cuestionó además el manejo del expediente por parte del magistrado. Entre los argumentos presentados para recusarlo, señalaron la imposición de exigencias formales que consideraron desproporcionadas y una intimación al abogado para que dejara de cuestionar su imparcialidad, bajo apercibimiento de sanciones.
La recusación derivó en el apartamiento provisorio del juez y la intervención de la jueza subrogante Fabiana Coradi, quien convocó a una audiencia para avanzar con el cumplimiento de las medidas. Las familias buscan que los funcionarios municipales expliquen las demoras y que se establezca un mecanismo verificable para garantizar el acceso al agua potable.
La pericia por agrotóxicos enfrenta obstáculos técnicos
El segundo eje del conflicto es la realización de nuevos análisis para determinar la presencia de plaguicidas en el agua. El laboratorio oficial informó que no cuenta con el equipamiento necesario para detectar los agroquímicos utilizados actualmente, lo que mantiene pendiente una prueba clave para el avance de la causa.
La defensa de las familias también rechazó la posibilidad de recurrir a estudios de otro laboratorio cuyos límites de detección serían hasta cien veces menos sensibles que los utilizados en los análisis del INTA. Según su planteo, esa diferencia podría dificultar la identificación de concentraciones bajas de contaminantes.
Por ese motivo, propuso que la pericia quede a cargo del INTA Balcarce o del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata, instituciones con experiencia en el análisis de contaminantes ambientales.
La discusión técnica tiene consecuencias directas sobre la protección de la población. Sin estudios adecuados, resulta más difícil determinar la magnitud de la contaminación, evaluar la exposición y establecer qué medidas deben adoptarse para evitar nuevos riesgos.
El caso también remite a antecedentes judiciales sobre arsénico en el agua de consumo. Entre ellos se encuentra la causa Kersich, iniciada por vecinos de Nueve de Julio, que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2014, el máximo tribunal dictó un fallo relevante sobre el derecho humano al agua potable.
Ese proceso concluyó con un acuerdo entre la Provincia de Buenos Aires y Aguas Bonaerenses (ABSA), y en 2016 comenzó a funcionar una planta destinada a remover el arsénico.