Mientras que la Justicia de Entre Ríos volvió a permitir fumigaciones a 100 metros de las casas, el gobierno local puso en plena vigencia un nuevo régimen de gestión ambiental para las actividades económicas, a partir de la reglamentación de la Ley N° 11.250.
Desde el Gobierno provincial aseguraron en un comunicado que la reforma busca simplificar trámites y unificar procedimientos, pero mantiene las facultades estatales de control y fiscalización.
La nueva normativa reemplaza regulaciones con varias décadas de antigüedad, entre ellas la Ley N° 6.260, vigente desde 1978, y establece un sistema unificado y digital para la gestión ambiental de las actividades productivas.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, sostuvo que la reforma apunta a dar “reglas claras, certidumbre jurídica y agilidad administrativa” a quienes producen e invierten en la provincia.
“Esta ley y su decreto reglamentario marcan un hito histórico para la provincia. Estamos dejando atrás trámites burocráticos y dispersos para ofrecer a quienes producen e invierten en Entre Ríos reglas claras, certidumbre jurídica y agilidad administrativa”, afirmó en el comunicado.
El funcionario remarcó, además, que la simplificación administrativa no implica eliminar los controles. “La ley busca la modernización y la simplificación de los procedimientos, pero sin renunciar bajo ningún punto de vista a las potestades de control y fiscalización del Estado provincial”, señaló.
Qué es el certificado ambiental único
Uno de los principales cambios es la creación del Certificado Único Ambiental, que concentrará y reemplazará distintos trámites que hasta ahora se realizaban por separado.
La secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, destacó que la herramienta busca compatibilizar la actividad productiva con la protección ambiental.
“Cuidar el ambiente y facilitar la producción no son objetivos contrapuestos cuando el Estado hace bien su trabajo”, afirmó.
Según Hojman, el nuevo régimen se fundamenta en la Constitución de Entre Ríos y en la Ley General del Ambiente y apunta a garantizar “el derecho a un ambiente sano y equilibrado para las generaciones presentes y futuras”.
La funcionaria sostuvo que el desarrollo productivo debe darse “en armonía con la preservación, conservación y mejoramiento del ambiente”, especialmente por las características territoriales de Entre Ríos.
Nuevas reglas para el uso del suelo en Entre Ríos
La Secretaría de Ambiente también estableció un modelo uniforme con contenidos mínimos para el Certificado de Uso de Suelo Conforme.
La herramienta busca unificar criterios para los municipios y comunas, aunque la decisión sobre la factibilidad del uso del suelo seguirá correspondiendo a los gobiernos locales, de acuerdo con sus competencias.
Otro de los cambios incorporados al régimen es una nueva modalidad digital para la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación ambiental.
La herramienta permitirá consultar documentación ambiental y presentar observaciones de manera remota. Según la Provincia, el mecanismo busca ampliar los canales de participación y se implementa en línea con los principios del Acuerdo de Escazú.
De esta manera, las instancias de consulta pública podrán incorporar herramientas digitales además de las modalidades presenciales que correspondan en cada procedimiento.
Nuevo registro ambiental y fondo de fiscalización
El nuevo régimen también contempla la puesta en funcionamiento del Registro Provincial Ambiental (RPA) y del Fondo de Control y Fiscalización Ambiental.
El fondo prevé un esquema de cooperación con los gobiernos locales mediante el cual se compartirá el producido de las sanciones para fortalecer las tareas de monitoreo y fiscalización ambiental en el territorio provincial.
Con la reglamentación de la Ley 11.250, el Gobierno de Entre Ríos busca reemplazar un esquema normativo considerado obsoleto por un sistema que centraliza los trámites, incorpora herramientas digitales y establece nuevos mecanismos de participación y fiscalización.
La implementación del régimen será, a partir de ahora, la instancia en la que deberán observarse cómo funcionan en la práctica estas nuevas herramientas y cómo se articula la simplificación de los procedimientos con las tareas de control ambiental.