La muerte de Anguyá, un ejemplar macho de yaguareté de aproximadamente dos años y seis meses que formaba parte de los esfuerzos de conservación de la especie en la provincia de Corrientes, volvió a poner el foco sobre las amenazas que enfrenta este felino en el país. En ese contexto, organizaciones ambientalistas solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avance con el pedido de suspensión de los desmontes en el norte argentino.
Greenpeace Argentina, con el patrocinio de Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, pidió al máximo tribunal que resuelva en forma prioritaria una medida cautelar presentada en 2021 para suspender los desmontes en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. En el escrito, presentado en el marco de la llamada “Causa Yaguareté”, también reclamó la convocatoria a una audiencia pública.
Entre enero y septiembre de 2026 se desmontaron 73.224 hectáreas de bosques nativos en esas cuatro provincias: 35.368 hectáreas en Santiago del Estero, 20.122 en Salta, 9.339 en Chaco y 8.395 en Formosa, según los datos incluidos en la presentación.
La organización advirtió que la degradación, deforestación y fragmentación de los bosques “ponen en serio riesgo la supervivencia de los menos de 20 ejemplares de yaguareté que se estima sobreviven en la región del Gran Chaco argentino”. Recordemos que esta semana la Justicia chaqueña avanzó en la creación de un equipo para controlar los desmontes ilegales.
Qué pasó con Anguyá, el yaguareté atropellado en Corrientes
Anguyá murió tras ser atropellado por una camioneta Volkswagen Amarok sobre la Ruta Provincial N.º 6, en cercanías del paraje Pago Redondo, en el tramo que une las localidades de Santa Rosa y Mburucuyá. La noticia fue difundida por el ambientalista Luis Martínez en su cuenta de Instagram.
“Esta mañana, personal de la Policía Rural y de Parques Nacionales encontró su cuerpo a un costado del camino. Hoy Corrientes vuelve a estar de luto. La muerte de Anguyá no es solamente la pérdida de un ejemplar de una especie emblemática: es un golpe enorme para quienes trabajamos y luchamos por la recuperación y conservación del yaguareté, una especie que durante décadas estuvo al borde de desaparecer de nuestro territorio”, expresó Martínez.
Por qué piden frenar los desmontes en el norte argentino
La documentación presentada ante la Corte sostiene que “gran parte de la deforestación de los últimos años coincide con el área señalada por los científicos como crítica para la conservación del Yaguareté en el Gran Chaco” y que “las recientes modificaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Chaco y Salta no tuvieron en cuenta este trabajo científico, permitiendo que la deforestación avance sobre territorios claves para la conservación de la especie”.
El escrito también advierte sobre los posibles efectos del desfinanciamiento y de los cambios a la Ley de Bosques propuestos por el Gobierno nacional. Según la presentación, esas modificaciones “aumentará significativamente la deforestación, ya que sólo estarán prohibidos los desmontes en los bosques clasificados en la Categoría I, rojo, abarcando en promedio cerca del 10% de la superficie de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero”.
Además, Greenpeace cuestiona las recategorizaciones prediales de los ordenamientos territoriales para habilitar más deforestación, la autorización de desmontes para ganadería en zonas protegidas, la actualización de ordenamientos que permiten desmontar en territorios habitados por la especie y la reducción de fondos destinados al control de desmontes ilegales, la prevención y el combate de incendios y la conservación de los bosques.
Finalmente, la organización solicitó a la Corte que aplique el mismo criterio que en la causa “Árbol de Pie”, vinculada con la Ley de Tierras, en la que el tribunal reconoció “el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno”. Ese fundamento permitió adoptar una medida interina para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar daños irreparables.
Por eso, la presentación sostiene que es “obligación de los Sres. Ministros aplicar ese mismo criterio en un caso de extrema sensibilidad como el presente donde se persigue evitar la extinción de nuestra panthera onca”.
Los antecedentes de la Causa Yaguareté
Greenpeace presentó en 2019 un amparo ante la Corte Suprema contra las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, y el Estado nacional. La organización cuestionó la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que, según estimaciones científicas, sobreviven en el Gran Chaco argentino, y reclamó el cumplimiento de la Ley de Bosques.
Entre sus planteos, pidió “Deforestación Cero” en los territorios que habita la especie, declarada Monumento Natural Nacional. En 2021 presentó una medida cautelar para suspender los desmontes en esas provincias hasta que la Corte resuelva la cuestión de fondo.
En 2022, el máximo tribunal anunció que realizaría una audiencia pública sobre el caso y, en 2023, declaró su competencia en la causa.
Frente a este escenario, Greenpeace también destacó la importancia de la participación ciudadana y convocó a sumarse a la “República de los Siete Bosques”, una comunidad protectora de los bosques que busca mantenerse alerta ante distintas amenazas.