Empresas de agua embotellada podrían recibir hasta 10 años de prisión por contaminación
Una fiscalía pidió juicio por una presunta puesta en peligro la salud de los consumidores. Los detalles.
Los responsables de tres empresas de venta de agua embotellada podrían recibir penas de 3 a 10 años de prisión por presunta puesta en peligro la salud de los consumidores, a raíz de la contaminación de sus productos.
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La fiscal federal Alejandra Mángano pidió el envío a juicio oral de los tres acusados por el delito previsto en el artículo 201 del Código Penal.
La norma prevé esa condena para quien «vendiere, pusiere en venta, suministrare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo».
Agua no apta para consumo
Todo comenzó con la denuncia de una asociación civil sobre la calidad del agua que se vendía a clientes de la ciudad de Buenos Aires. Hubo allanamientos y los análisis arrojaron agua que no era apta para uso doméstico ni para el consumo y que, de acuerdo a los análisis, tenían «Escherichia Coli» u otras bacterias nocivas.
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Según la fiscalía, «la normativa busca tutelar los intereses del consumidor en su vertiente alimentaria frente al peligro que genera la alteración nociva de sustancias alimenticias que usa el público en general, y se contrapone a la seguridad común».
Muestras de agua contaminadas
El agua se habría vendido hasta 2023 por parte de tres empresas: «Soda la Generosa SRL»-; «Blue 480 SRL» con nombre de fantasía «Reino del Hielo»-; y «Carlos Alberto Bonavoglia S.R.L», según el dictamen de elevación a juicio.
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Tras una serie de medidas, la fiscalía le requirió en diciembre de 2023 al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6 que se allanaran las empresas ubicadas en la ciudad de Buenos Aires para extraer muestras de los tanques de agua de las firmas cuestionadas.
Las muestras fueron analizadas por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, Laboratorio de Investigación y Monitoreo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se determinó que se trataba de «alimentos contaminados» y que su comercialización resultaba ilegal, sostiene la acusación fiscal
De acuerdo a los informes químicos y microbiológicos y a lo establecido en el Código Alimentario Argentino, el agua no cumplía con los requisitos establecidos debido a la presencia de «bacterias coliformes y de Escherichia Coli». Para la fiscalía hubo «peligro concreto para la salud pública».
Fuente: iProfesional
