La causa ambiental más relevante en la historia de Vaca Muerta ha dado un giro definitivo. La Justicia resolvió revocar la probation —la suspensión del juicio a prueba— que beneficiaba a los directivos de Comarsa, confirmando que deberán enfrentar un juicio oral y público por las graves acusaciones de contaminación y administración fraudulenta que pesan sobre ellos.
Esta decisión llega acompañada de otra medida de alto impacto: el apartamiento del Juez Lucas Yancarelli. El magistrado había sido duramente cuestionado durante los últimos meses por organizaciones ambientales y querellantes, quienes lo acusaban de minimizar sistemáticamente la gravedad de los delitos y entorpecer el avance del proceso judicial.
El apartamiento de Yancarelli y la reactivación del caso
La remoción del juez Yancarelli representa un triunfo clave para la querella y la fiscalía. Durante las audiencias previas, el magistrado había mostrado una postura que fue interpretada como una búsqueda de cerrar el caso prematuramente, llegando a confundir conceptos técnicos de remediación y a tratar un conflicto de magnitud ambiental como si fuera una cuestión técnica menor.
Con su salida, la causa recupera el impulso necesario para que el debate se centre en la responsabilidad penal de los acusados: el dueño de la empresa, Juan Manuel Luis, y dos de sus exgerentes. La medida busca garantizar la imparcialidad necesaria para un juicio que, lejos de ser un mero trámite administrativo, debe poner bajo la lupa el accionar de la compañía en el corazón de Vaca Muerta.
Datos de una catástrofe ambiental
La urgencia del juicio radica en la magnitud de los hechos denunciados. La investigación se centra en la contaminación generada por unas 300.000 toneladas de residuos tóxicos que fueron acumuladas ilegalmente entre 2011 y 2026. Este volumen descomunal de desechos peligrosos fue depositado sin autorización y sin cumplir normas mínimas de seguridad.
El predio afectado abarca 18 hectáreas ubicadas en el Parque Industrial de Neuquén. La falta de impermeabilización del suelo y la cercanía de este basurero petrolero a zonas residenciales y proyectos urbanísticos pusieron en riesgo constante la salud de la población, con presencia de sustancias cancerígenas en los residuos acopiados.
Hacia un juicio oral decisivo
El objetivo central de esta nueva etapa es evitar que la causa se desvanezca en acuerdos de «limpieza» parcial. A diferencia de las instancias previas, donde la defensa propuso traslados de residuos sin garantizar su tratamiento real, el juicio oral obliga a debatir sobre la responsabilidad por el daño acumulado durante más de una década.
Este proceso se perfila como un test para la justicia neuquina ante la llamada «impunidad petrolera». La expectativa de las organizaciones sociales y la fiscalía es que, tras años de denuncias sobre la desidia ambiental en la zona, el banquillo de los acusados sea el lugar donde finalmente se expongan las consecuencias de un modelo de gestión de residuos que priorizó el lucro sobre la salud pública.