Cómo obtener fondos que financien las metas de desarrollo sostenible, según la OCDE

Para financiar sus ambiciosas agendas de desarrollo sostenible, la Argentina y el resto de los países de América Latina y el Caribe necesitan ampliar sus fuentes de financiamiento.

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Por lo menos así lo advierte un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) bajo el título de “Perspectivas económicas de América Latina”.

Según se desprende de analizar el documento, la entidad internacional propone una serie de opciones de política para movilizar los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas ambientales para el 2050.

El informe se basa en acciones coordinadas entre los responsables de las políticas, el sector privado y sus socios internacionales y sostiene que “los recursos públicos deben invertirse de manera más eficiente, los impuestos deben recaudarse mejor y la deuda debe gestionarse mejor”.

Incluso con esas mejoras, se advierte que el dinero que sea aportado por los privados “será igualmente crucial, ya que los ingresos públicos no serán suficientes para financiar las profundas transformaciones que la región necesita”.

Políticas limitadas

Los autores del paper entiende que el contexto internacional para el 2025 se caracteriza por condiciones financieras y comerciales muy inciertas para países como la Argentina, además de sufrir una desaceleración del crecimiento de sus principales socios comerciales.

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“El espacio de política macroeconómica interna sigue siendo limitado y, si bien los esfuerzos fiscales se centran en evitar un aumento brusco de la deuda pública, la velocidad y la magnitud de los recortes de las tasas de política monetaria están determinadas por la depreciación de las monedas de la región”, anticipa la OCDE.

Por eso, entiende que superar la trampa de la baja capacidad de crecimiento requiere una movilización masiva de recursos financieros y un esfuerzo concertado para coordinar las políticas macroeconómicas, suavizar las fluctuaciones del ciclo económico e implementar políticas de desarrollo productivo que impulsen la inversión y la productividad de las economías de la región.

En este contexto se asegura que la profundidad, el acceso, la inclusión y la eficiencia de los sistemas financieros deben mejorar aún más, especialmente en beneficio de los ciudadanos y las empresas más pequeñas “que necesitan mercados de capital más fuertes para financiar sus proyectos de inversión de largo plazo”.

Las recomendaciones del informe incluyen el uso de instrumentos financieros innovadores; renovar el papel de las instituciones de financiamiento para el desarrollo; revitalizar las alianzas internacionales para movilizar recursos externos; y la adopción de una agenda regional compartida para abordar el difícil contexto financiero internacional.

Mejorar la gestión de la deuda

En el mismo orden, el informe estima que actualmente la brecha de gasto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), asciende a un promedio de u$s99.000 millones al año, dinero que para ser movilizado, requiere una estrategia coordinada de los sectores público y privado a nivel nacional, regional e internacional.

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En este sentido, una de las propuestas de la OCDE se basa en mejorar la gestión de la deuda como forma de ayudar a liberar ingresos para el desarrollo.

El informe explica que los niveles de deuda pública en la región se mantuvieron altos en 2023, aunque heterogéneos (desde menos del 40% del PBI hasta más del 100%) y con un alto costo del servicio de la deuda.

Mientras que los países de la OCDE redujeron su servicio de la deuda del 6,4% de los ingresos fiscales en 2012 al 4,8% en 2022, en América latina aumentó del 9,8% al 12,2%.

Es más, en la última década, los pagos de intereses han superado los gastos básicos del gobierno y en algunos países, el servicio de la deuda ha superado el gasto en educación y ha sido hasta el doble del gasto en atención médica e inversión de capital.

Otra de las advertencias del organismo internacional se enfoca en las políticas económicas ya que deberían centrarse en mejorar varias dimensiones:

• los sistemas financieros carecen de profundidad , ya que el crédito interno al sector privado alcanzó el 50% del PIB en 2022, por debajo del 80% en otras regiones.
• el acceso es limitado, en particular para los más vulnerables, ya que la titularidad de cuentas se situó en el 57% en 2021, por debajo del promedio de la OCDE del 94%.
• existen disparidades significativas en el acceso al crédito entre los hogares formales e informales. Por ejemplo, en algunos casos, el acceso a los préstamos para vivienda para los hogares informales puede ser hasta seis veces menor en comparación con los hogares formales.
• la eficiencia es baja, ya que los bancos exhibieron márgenes de interés netos elevados del 5% en 2021, superiores al promedio de la OCDE del 1,7%.

Agenda unificada

En todos los sentidos, la OCDE reclama políticas que apunten a diversificar las fuentes de financiamiento, mejorar la estabilidad financiera y apoyar las inversiones a largo plazo.

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“Se debe apuntar a impulsar la participación de los inversionistas institucionales, modernizar las regulaciones, mejorar la alfabetización financiera y profundizar la integración financiera regional”, detalla el documento.

De igual modo, se pide una agenda regional unificada como mecanismo que puede aportar la perspectiva de los países de la región a los desafíos financieros globales, en coordinación con socios internacionales.

En este sentido, la OCDE entiende que la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se realizará en 2025, “es una oportunidad para que la región adopte un enfoque estratégico ya que la conferencia permitirá diseñar reformas para promover la financiación para el desarrollo en áreas clave, como mejorar la liquidez, medir el riesgo, movilizar la financiación privada y mejorar la coordinación entre los proveedores de servicios de desarrollo”.

Los autores del documento entienden que una agenda regional unificada no solo puede presentar la perspectiva de América latina sobre los desafíos financieros internacionales, sino también impulsar debates sobre herramientas innovadoras de distribución de riesgos, financiación combinada y mejores regulaciones para fortalecer el panorama financiero.

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Por eso se sostiene que la cooperación internacional será fundamental para aumentar la escala de los recursos adicionales, recordando como ejemplos a los fondos prometidos por la Iniciativa Global Gateway o los instrumentos de deuda.

Los instrumentos de financiación como los bonos verdes, sociales, de sostenibilidad y vinculados a la sostenibilidad (GSSS), los bonos de catástrofe, los canjes de deuda por naturaleza y las cláusulas de desastres naturales pueden movilizar la inversión pública y privada allí donde más se necesita.

De hecho se reclama una mejor regulación y supervisión a través de marcos de financiación sostenible consolidados como esencial para garantizar la eficacia de estos instrumentos y mitigar los riesgos.