El ambicioso y millonario plan de Massalin que le dice chau al humo del cigarrillo en Argentina

La Disposición 2543/26 reemplaza una norma de hace 15 años y crea un registro de productos de nicotina de nueva generación. Los detalles de la normativa que permite a la firma acelerar su transición hacia productos de tabaco calentado en el mercado local.

En un giro regulatorio esperado por la industria y diversos sectores de salud pública, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó este lunes la Disposición 2543/26. 

La normativa deroga la histórica Disposición N° 3226/2011, que durante una década y media mantuvo en la ilegalidad técnica la comercialización y publicidad de cigarrillos electrónicos en Argentina.

El nuevo marco no implica una desregulación total, sino la creación de un sistema de fiscalización bajo estándares modernos para los denominados Productos de Tabaco y Nicotina de Nueva Generación.

Se apunta a generar condiciones para que los fumadores de tabaco puedan reducir o abandonar su consumo, promoviendo una transición hacia alternativas potencialmente menos dañinas que, se supone, reducen el impacto en no fumadores.

A la vez, el Ministerio de Salud, por medio de la Resolución 549/2026, avanzó en el mismo sentido ya que publicó una medida que también deroga normas prohibitivas para este tipo de producto que habían sido establecidas en el 2023.

Por medio de la Resolución 549/2026 se deroga la Resolución N° 565/2023 y se aprueba un nuevo marco para los productos de tabaco y nicotina de nueva generación. 

Desde el Gobierno se asegura que este combo de medidas “tienen como objetivo reemplazar el esquema de prohibición vigente por un sistema de registro, control y fiscalización específico conforme los lineamientos técnicos del Programa Nacional de Control de Tabaco”.

Regular un mercado “millonario”

A partir de ahora se llevarán a cabo acciones vinculadas al análisis, evaluación, regulación, fiscalización, investigación y seguimiento de los nuevos productos de tabaco, con el objetivo de proteger la salud pública.

Para modificar los criterios que hasta ahora regían este negocio, las autoridades entendieron que los esquemas de prohibición absoluta favorecieron la circulación de productos informales o ilícitos sin control sanitario y que, por lo tanto, es necesario transitar hacia un enfoque regulatorio basado en la evaluación y gestión del riesgo.

De hecho, el nuevo marco representa una oportunidad para Argentina en términos de futuras inversiones y exportaciones, teniendo en cuenta que se trata del octavo productor de tabaco a nivel global, economía regional que hoy representa un complejo de exportaciones de más de u$s300 millones y 250.000 puestos de trabajo.

Es más, se intenta comenzar a regular un mercado que, hasta hoy, se movía casi totalmente en las sombras de la informalidad y el contrabando, pero que tiene un potencial de recaudación y facturación masivo.

Aunque la prohibición de 2011 limitaba la comercialización legal, el sector de dispositivos de vapeo y tabaco calentado nunca dejó de crecer en Argentina, alimentado por el comercio online y el contrabando.

En este sentido, se calcula que en el país hay cerca de 1.2 millones de usuarios regulares de dispositivos electrónicos (vapeadores y sistemas de tabaco calentado).

Esa cantidad de consumidores impulsa un negocio informal que se estima en unos u$s150 millones anuales. 

Con la nueva regulación, se espera que una parte importante de este volumen se formalice, permitiendo al Estado recaudar vía Impuestos Internos e IVA.

Más que nada si se tiene en cuenta que el sector tabacalero tradicional es uno de los mayores aportantes al fisco (explicando cerca del 70% al 80% del precio final de un paquete de cigarrillos en impuestos). 

Sin embargo, en los últimos años la recaudación tributaria proveniente de este impacto recaudatorio se ha visto reducida por la caída del consumo de  cigarrillos tradicionales y también por el traslado de consumidores a este tipo de producto que no tributa ninguna clase de impuestos al funcionar desde el anonimato.

En este sentido, la formalización de los productos de nueva generación busca compensar la caída en el consumo del cigarrillo convencional.

También se espera que movilice inversiones de las grandes tabacaleras presentes en el mercado local como el caso de Massalin Particulares (filial de Philip Morris International), que ha desembolsado a nivel global más de u$s10.000 millones en su transición hacia productos «libres de humo». 

En Argentina, la empresa ya cuenta con la infraestructura logística para inundar el mercado con sus dispositivos IQOS (tabaco calentado) apenas se reglamente la nueva disposición.

Impacto en la recaudación y la industria

Pero las nuevas medidas no solo benefician a las grandes tabacaleras, sino que blanquean un ecosistema de PyMEs y comercios ya que permitirá la formalización de los llamados «Vape Shops». 

De hecho, ya existen más de 800 locales en el país que operaban en una «zona gris» mediante la venta de estos productos de manera ilegal. 

La nueva norma les permite operar como revendedores oficiales, sujetos a controles sanitarios.

Nuevos mecanismos de control 

Además, se esperan inversiones en innovación y tecnología ya que, a diferencia del cigarrillo común, los vapeadores mueven negocios periféricos (cargadores, fundas) y consumibles tecnológicos, lo que integra al sector con la industria de electrónica de consumo.

En mercados donde la regulación ya avanzó, como el de la Unión Europea, las categorías de vapeo y tabaco calentado ya representan más del 40% de los ingresos totales de las compañías líderes. 

En Argentina, se espera que en los próximos tres años estas categorías alcancen el 15% del share del mercado de nicotina.    

Mientras tanto, el objetivo de las nuevas medidas que anunció el gobierno nacional este lunes 4 de mayo se orienta a que se establezcan estándares técnicos y mecanismos de fiscalización, con reglas claras, bajo el principio de protección de la salud pública y la prevención de la iniciación en el consumo.

El nuevo escenario responde a la necesidad de encuadrar productos que, pese a la prohibición anterior, circulaban masivamente sin controles de calidad ni trazabilidad de componentes.

En ese sentido, derogar la prohibición de 2011 significa que se levanta el veto generalizado a la importación, distribución y comercialización que pesaba sobre los dispositivos electrónicos de administración de nicotina.

Pero se crea un registro obligatorio en donde empresas como Massalin Particulares y British American Tobacco (BAT), deberán inscribir sus productos presentando ensayos de toxicidad y especificaciones técnicas de los dispositivos.

Al mismo tiempo, se establecen límites estrictos para los componentes de los líquidos (e-liquids), prohibiendo aditivos que atraigan específicamente a menores, como ciertos saborizantes dulces o colorantes.

Publicidad restringida 

Al igual que el tabaco convencional, se mantiene una fuerte  restricción a la publicidad, promoción y patrocinio de estos dispositivos.

Fuentes cercanas al ANMAT señalan que la normativa de 2011 había quedado «totalmente anacrónica» frente al avance tecnológico y el surgimiento de los Productos de Tabaco Calentado (PTC).

«El mercado negro alimentado por la prohibición impedía al Estado controlar qué estaban inhalando los usuarios. Con la 2543/26, el foco pasa de la prohibición a la reducción de daños y el control de calidad», explican analistas del sector.

Para las tabacaleras, este cambio de escenario abre la puerta a inversiones formales. Hasta ayer, Argentina era uno de los pocos países de la región con una prohibición tan tajante, mientras que mercados como el Reino Unido o la Unión Europea avanzaban hacia una regulación basada en la evidencia científica.

Ahora, el sector tiene un plazo de 180 días para adecuarse a las nuevas exigencias de habilitación y deberán tener en cuenta la advertencia de la ANMAT sobre que los productos que no cuenten con la debida certificación tras este período de gracia serán decomisados.

Un punto clave que también deberán tener en cuenta las empresas es la eliminación de sabores en vapeadores, que son la principal puerta de entrada al consumo en adolescentes. 

La normativa prohíbe saborizantes y cualquier elemento que aumente el atractivo del producto, además de establecer límites estrictos sobre ingredientes permitidos, concentración de nicotina y condiciones de fabricación.

También se reduce de manera sustancial la exposición de terceros al humo del cigarrillo tradicional, asociado a enfermedades graves como cáncer, problemas cardiovasculares y respiratorios. 

Decisión lógica 

Desde el sector empresario celebran las nuevas medidas y argumentan que se trata de un reordenamiento sanitario de los productos de tabaco y nicotina, luego de más de 15 años de un enfoque prohibicionista que no dio los resultados esperados. 

Para las tabacaleras más grandes el nuevo marco normativo es una decisión lógica, ya que, pese a las prohibiciones, en la actualidad estos productos se encuentran presentes en el mercado argentino de manera irregular sin supervisión, control sanitario, ni límites en términos de cómo se comercializan y comunican. 

Entienden también que la decisión implica un avance en términos de disponibilidad de productos para los siete millones de fumadores adultos argentinos y se basa en las experiencias internacionales de países como Italia, Japón, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos donde existen esquemas regulatorios que han ayudado a disminuir la cantidad de fumadores y proteger la salud pública. 

Las fuentes de la industria también indicaron que la regulación implementada por el Ministerio de Salud permitirá garantizar a los fumadores adultos acceso de manera legal a productos que han demostrado científica y estadísticamente que generan un menor impacto negativo en la salud que el cigarrillo tradicional.

En el sentido práctico, la decisión del gobierno nacional ubica a Argentina en la lista de más de 100 países que han aprobado y permiten la comercialización de los productos sin combustión, considerando que son una mejor opción a los cigarrillos tradicionales. 

“Las normativas publicadas por el Ministerio de Salud son un avance y van a ordenar el mercado argentino reduciendo el comercio ilícito y promoviendo la prevención de acceso de menores de 18 años”, sostienen desde el sector. 

Lo que viene 

Pero las resoluciones conocidas este lunes 4 de mayo son solo el primer paso de un reordenamiento mayor. 

Ahora, el foco se traslada al Congreso y a la AFIP, donde se deberá definir la carga impositiva para estos productos.

Es decir, si pagarán los mismos impuestos internos que el cigarrillo tradicional o tendrán un esquema diferenciado por ser productos sin combustión. 

Esa será la próxima batalla legal y económica que definirá el precio final en las góndolas y el éxito del nuevo marco regulatorio.