Chaco: la Justicia prorroga la prohibición de desmontes y exige más controles
La medida fue en respuesta a una causa impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Hasta cuándo se extiende.
La Justicia Federal de Resistencia resolvió el jueves pasado extender por seis meses la medida cautelar que prohíbe el desmonte en la provincia de Chaco.
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La decisión, tomada en respuesta a una causa impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, busca proteger el monte nativo frente al avance de la frontera agrícola y a las actividades ilegales vinculadas a la denominada «Mafia del Desmonte».
Refuerzo de controles y sanciones
En su resolución, la jueza ordenó a la Dirección de Bosques del Chaco implementar controles más estrictos sobre el uso de maquinaria pesada. El organismo deberá «identificar movimientos de equipos, lugares de almacenamiento y propietarios para frenar desmontes ilegales». Además, está obligado a presentar informes periódicos sobre infracciones detectadas desde el 21 de noviembre de 2024.
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La jueza respondió a un pedido de medidas complementarias tras detectarse que la Dirección de Bosques dejó de informar al juzgado y a la fiscalía sobre infracciones desde noviembre de 2024. Esta omisión, según el expediente, expone la contradicción del gobierno chaqueño, que se presenta como defensor de los bosques mientras incumple obligaciones judiciales.
Un 2024 alarmante: desmonte a pesar de la prohibición
A pesar de la medida cautelar vigente, en 2024 Chaco sufrió una deforestación equivalente a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Localidades como Fuerte Esperanza y Taco Pozo registraron operativos que desarticularon desmontes ilegales, revelando el incumplimiento sistemático de la normativa ambiental.
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Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas celebraron la extensión de la medida como una victoria para el movimiento socioambiental, pero advirtió que la responsabilidad recae en el gobierno provincial. «Continuaremos exigiendo el respeto a la legislación ambiental y denunciando a quienes destruyen los bienes comunes», afirmaron en un comunicado de prensa.
