La pelea por el daño de los proyectos petroleros llegó a las Islas Malvinas. Además de la denuncia a YPF ante la Justicia por los pasivos ambientales que dejaría en Chubut, organizaciones ambientalistas activaron una denuncia colectiva para intentar frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion.
Así lo informó la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), que junto al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó una acción preventiva de daño ambiental colectivo para intentar frenar el avance del proyecto petrolero impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte.
Según precisaron en un comunicado de prensa, la presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Las organizaciones solicitaron la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras vinculadas con el desarrollo del proyecto.
Por qué está en riesgo el Mar Argentino
Dentro de las justificaciones de la iniciativa judicial, aseguran que la explotación proyectada se encuentra sobre la plataforma continental argentina, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. “Está en riesgo el Mar Argentino. También la soberanía”, sostuvieron.
La acción judicial cuestiona que las empresas estén avanzando con el proyecto sin haber realizado, según las organizaciones, la evaluación de impacto ambiental exigida por la legislación argentina ni obtenido autorizaciones de las autoridades nacionales.
Qué es el proyecto Sea Lion
Sea Lion, denominado León Marino en la presentación judicial, se desarrolla en los bloques identificados por las empresas como PL032 y PL004b, en la Cuenca Malvinas Norte.
De acuerdo con la información difundida por las organizaciones, las primeras dos etapas del proyecto contemplan la perforación de 23 pozos submarinos: 16 productores, seis de inyección de agua y uno de gas. También incluyen cañerías, instalaciones sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
La primera etapa contempla 11 pozos y la segunda otros 12. La compañía prevé comenzar la producción en 2028 y extenderla durante más de 30 años.
El proyecto también contempla infraestructura terrestre en Puerto Argentino, incluyendo ampliaciones portuarias, depósitos y plantas vinculadas con combustibles, productos químicos y lodos de perforación.
Las organizaciones denunciaron que durante 2026 comenzaron obras en el muelle y en la base terrestre, mientras que la perforación estaría prevista para comienzos de 2027.
Qué cuestionan los ambientalistas
AAdeAA y CECIM sostienen que las empresas “no realizaron ante el Estado argentino las presentaciones necesarias para explorar o explotar hidrocarburos ni iniciaron un procedimiento de evaluación de impacto ambiental”.
El planteo se apoya, según explicaron, en respuestas obtenidas mediante pedidos de acceso a la información pública presentados en enero de 2026 ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía.
Para las organizaciones, la evaluación ambiental previa es indispensable para identificar riesgos, analizar alternativas y garantizar mecanismos de participación ciudadana.
“Las licencias de la administración colonial británica no reemplazan nuestras leyes”, afirmaron en el comunicado, en referencia a las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas.
La demanda también incorpora la cuestión de la soberanía y sostiene que el desarrollo del proyecto implicaría una modificación unilateral de la situación en un territorio cuya soberanía es objeto de disputa entre Argentina y el Reino Unido.
El reclamo judicial vincula la protección ambiental con la disputa de soberanía por las Islas Malvinas. Las organizaciones recuerdan que la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional establece que la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y de los espacios marítimos e insulares correspondientes constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
También invocan la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que llamó a Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras continúe la disputa de soberanía.
Para AAdeAA y CECIM, el proyecto petrolero constituye precisamente una modificación de ese tipo. “El petróleo aparece como una nueva forma del viejo despojo”, plantearon.
Qué impacto ambiental advierten las organizaciones
La presentación también pone el foco en los posibles impactos sobre los ecosistemas marinos.
Según las organizaciones, el proyecto se desarrolla en un área vinculada con las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, donde habitan y se alimentan numerosas especies de peces, mamíferos marinos y aves.
Entre los potenciales impactos mencionan las perforaciones, los movimientos del lecho marino, el tránsito de embarcaciones, el ruido submarino, el uso de productos químicos y el riesgo de derrames de hidrocarburos.
También advierten que las corrientes marinas podrían extender los efectos de un eventual incidente hacia áreas utilizadas para alimentación, reproducción y migración de distintas especies.
A esto se sumarían los impactos asociados con la infraestructura terrestre y portuaria proyectada en Puerto Argentino.
Cuál es el reclamo ante la Justicia
La medida cautelar solicita “suspender las obras, perforaciones y movimientos del lecho marino. También impedir nuevos contratos, desembolsos, transferencias o garantías destinados al proyecto. Busca detener el riesgo ambiental y soberano antes del daño. Y la modificación unilateral antes del hecho consumado”, precisaron.
Además, AAdeAA y CECIM solicitaron que se identifique a los bancos, fondos, aseguradoras y otros actores involucrados en el financiamiento de la explotación.
También pidieron que las licencias otorgadas por la administración de las Islas Malvinas sean consideradas inoponibles a la Argentina y que se detenga el avance del proyecto hasta que se cumplan las exigencias ambientales que, según las organizaciones, corresponden al Estado argentino.
“Defender Malvinas exige paz. Exige derecho. Exige cuidar. Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz forman una misma trama. El mar es territorio. El ambiente es patrimonio. La soberanía es del pueblo”, concluyeron.