Biocombustibles: reclaman recalibrar el impuesto al CO2 y su peso en el precio final de los combustibles líquidos

Hace 13 años, se aprobaba la ley 26.093 de promoción de biocombustibles que, luego de más de una década ubica a la Argentina en el selecto grupo de países, junto con Brasil e Indonesia, donde las mezclas de biodiesel con gasoil y bioetanol con naftas superan al dígito y permiten que, entre aceites y alcoholes vegetales los biocombustibles ya aporten un 4% a la oferta interna de energía primaria.

Se trata de una participación relativa que era casi inexistente a principios de la década pasada y que ahora impulsa exportaciones superiores al millón de toneladas en 2019, aportando u$s775 millones ese año y promediando más de u$s1.100 millones los años anteriores. 

Los datos forman parte de un informe elaborado por un grupo de ex secretarios de Energía que lleva el título de “Biocombustibles: lo urgente y lo importante” y que incluye una propuesta orientada a que el Gobierno prorrogue el actual régimen del sector por un año más mientras se debaten nuevos lineamientos para legislar una nueva norma de fondo.

Según el documento, el acuerdo Mercosur-UE ofrece una gran oportunidad de aumentar exportaciones (liberación de restricciones) a ese mercado, principal destino de estos productos, además de permitir una importante serie de ventajas ambientales ya probadas de la huella de carbono de estos productos respecto a los combustibles fósiles. 

A esto se le suma que la mezcla del bioetanol con la nafta favorece el octanaje del derivado petrolero, y que la del biodiesel con el gasoil reduce el porcentaje de azufre del producto final. 

De todos modos, el trabajo de los ex funcionarios admite que el 2020 y la pandemia del Covid-19 también impactaron muy negativamente en las cadenas de valor de estos productos.

“Se desplomaron las ventas internas de naftas y gasoil que tienen mezcla de mandato, y cayeron las ventas externas de biodiesel (exportaciones de u$s471 millones, la cifra más baja desde el 2012). También se atrasaron las actualizaciones de los precios internos de los biocombustibles de mezcla para evitar su impacto en la recomposición de precios finales de la nafta y el gasoil”, enumera el informe con relación a los efectos negativos que para esta industria tuvieron el coronavirus y las consecuencias económicas de las medidas tomadas para combatir este virus.

Debate amplio 

Teniendo en cuenta que la norma que rige al mercado se encuentra próxima a vencer, y no se ha producido un debate amplio sobre la evolución de la política de Estado de los biocombustibles, el trabajo sugiere prorrogar la ley por un año a partir del 1 del próximo 1 de mayo “de manera de tener un lapso de tiempo, alejado del calendario electoral, para desarrollar una discusión amplia y madura sobre las directrices estratégicas que gobernarán a los biocombustibles en el futuro”.

El pedido se realiza en momentos en los cuales el Congreso Nacional se prepara para continuar debatiendo el futuro de la ley que actualmente permite la promoción para la producción y uso sustentable de  los biocombustibles en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que los beneficios de la norma vigente expiran en mayo próximo.

De hecho, el miércoles 28 de abril estuvo convocada una reunión de la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados por indicación del Presidente de dicho grupo, Omar Chafi Félix.

Se trata de una reunión informativa, a través de la modalidad de videoconferencia, que está convocada bajo el lema: “Marco Regulatorio de Biocombustibles y otras cuestiones conexas”.

En ese contexto, los ex secretarios de Energía firmantes del documento recomiendan que la política de Estado para el sector debe ser elaborada luego de una amplia consulta a especialistas, además de los sectores interesados, por parte de las respectivas comisiones del Congreso involucradas en el tratamiento del nuevo Proyecto de Ley. 

Pero también plantean una serie de puntos que consideran “salientes” que debiera plasmar el próximo régimen de biocombustibles en consonancia:

1. Los biocombustibles debieran desarrollarse en un ambiente de mercado donde se contabilicen sus externalidades positivas, especialmente las medioambientales. 
2. Este primer punto es perfectamente cuantificable, ya que el dióxido de carbono está impositivamente gravado y se puede determinar que las emisiones relativas de los biocombustibles respecto a sus sustitutos son menores. En este sentido, debe analizarse la conveniencia de recalibrar el impuesto al CO2 y su peso relativo en el precio final de los combustibles líquidos para que el mismo esté más en línea con las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono.
3. Dado que los biocombustibles presentan una realidad heterogénea (grandes plantas integradas de biodiesel y plantas pymes y regionales; bioetanol de maíz y bioetanol de caña de azúcar), resulta necesario incentivar mecanismos de mercado pero con un Estado que segmente parcialmente la competencia dentro de los diferentes estamentos de la industria de manera de asegurar un plazo razonable en la convergencia hacia una competencia más pura que resguarde la participación regional y de las pequeñas y medianas empresas.
4. En materia de participación de mercado e integración vertical de los productores de combustibles líquidos, resulta fundamental observar la ley y normativas de defensa de la competencia, para evitar las situaciones de posición dominante que puedan resultar en perjuicio para el interés económico general.
5. Debe analizarse el establecimiento de un Fondo Compensador de Carbono, que permita atenuar los bruscos movimientos relativos de la materia prima de modo de permitir a los biocombustibles tener una mayor previsibilidad para competir en estado puro con sus sustitutos fósiles. Ello resultará en un aporte fundamental para ampliar la oferta y competencia dentro del mercado de combustibles: naftas-GNC-bioetanol y gasoil-GNL-biodiesel.
6. Deben promoverse las exportaciones para potenciar la generación de valor agregado exportable de proteína animal y biocombustibles, lo cual agrega hasta cinco veces valor respecto a la producción primaria de proteína vegetal.

“Estos principios rectores deben servir para la formulación de políticas de largo plazo que nos permitan superar las urgencias cortoplacistas que también enfrenta nuestro país en este tema”, detalla el documento que, entre otros ex secretarios de Energía, firman Emilio Apud; Julio César Araoz; Alberto Devoto; Alieto Guadagni; Jorge Lapeña; Daniel Montamat y Raúl Olocco.

Sin embargo, desde el oficialismo impulsan la necesidad de cambios a la ley argumentando que el Gobierno no puede ni debe abordar esta problemática desde la perspectiva de un solo sector o una única región sino que se deben integrar las necesidades y realidades diversas de las zonas productoras.

La iniciativa oficial entiende la necesidad de mantener el esquema de promoción actual pero incorporando nuevos aportes que mejoren su productividad y competitividad de una industria que, a diferencia del petróleo, carbón o gas natural, ofrece fuentes de energías renovables y con una producción mucho más rápida.

Las autoridades aseguran que el nuevo esquema legal que regirá a los biocombustibles será “exitoso” y que se seguirá basando en los preceptos del régimen actual que fue creado por el ex presidente Néstor Kirchner.

Desde la alianza política gobernante a nivel nacional buscan modificar sustancialmente el régimen de promoción de este tipo de combustibles con el objetivo de terminar con las tensiones generadas durante el 2020 por el congelamiento de los precios de esta industria que son fijados por el Estado nacional.

Dicho cepo provocó, según las empresas del sector, un derrumbe de la actividad que se profundizó debido a las consecuencias que generaron en toda la economía del país las medidas sanitarias para combatir la pandemia del Covid-19.

Muchos productores denunciaron atravesar una situación “insostenible”, y hasta  se puso en tela de juicio la continuidad de un centenar de compañías y miles de fuentes laborales, en especial en las provincias del Noroeste, que concentran la mayor actividad producción de biodiesel a partir de la soja, y bioetanol, del maíz y la caña de azúcar.

Desde el sector empresario se recuerda que a principios de año, el Gobierno estableció una serie de aumentos correspondientes para el biodiesel y bioetanol, luego de un congelamiento establecido en el 2019, por el anterior presidente Mauricio Macri.

Ese cepo a los valores hizo que los empresarios no lograran cubrir los costos de producción y quedaran amenazados miles de puestos de trabajo, plantas y pymes.  Pero, tras la insistencia y pedidos por parte de los gremios, se logró acceder a incrementos que mejoraron la performance de las compañías.

Hasta los aumentos otorgados por el Gobierno, en enero pasado, el sector atravesó momentos críticos que, según los industriales, se debieron a permanentes cambios en el modo de determinación de los precios entre 2017 y 2019, cuando se abandonó la fórmula que actualizaba los valores de materia casi automática en función de diversos indicadores, y garantizando una mínima rentabilidad para los operadores.

El crítico escenario causó la parálisis de todas las plantas de biodiesel que abastecen el mercado interno que, de manera adicional, sufrieron un fuerte incremento de sus costos por encima del precio congelado, lo que, sumado al elevado costo financiero que origina la estacionalidad para distribuir el abastecimiento en 12 meses, configuraron un quebranto económico para la actividad.