Buenos Aires avanza con nuevas reglas para los residuos industriales no especiales
La Provincia comenzó a implementar el régimen específico para los residuos industriales no especiales, con nuevas exigencias de registro, trazabilidad y tratamiento.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha la implementación del régimen específico para los Residuos Industriales No Especiales (RINE), con nuevas obligaciones de registro y trazabilidad y mecanismos que buscan facilitar su tratamiento y valorización. La normativa también abre la posibilidad de que determinados residuos sean utilizados como insumos en otros procesos productivos.
El régimen fue creado en abril mediante la Resolución 60/2026, pero su aplicación comenzó a desplegarse durante julio y agosto. En ese marco, la Resolución 181/2026, publicada el 20 de agosto, estableció el cronograma para la desclasificación de los llamados residuos espejo y para la declaración jurada necesaria cuando los RINE sean utilizados como insumo de otro proceso productivo.
La Provincia define este sistema como “una herramienta para ordenar la gestión de una corriente de residuos industriales que no encuadra como residuo especial, patogénico ni residuo sólido urbano”. Entre sus principales instrumentos aparecen las declaraciones juradas de los generadores y la acreditación de la gestión mediante certificados de tratamiento, valorización o disposición final.
¿El objetivo? Mejorar la trazabilidad, es decir, conocer qué residuos se generan, en qué cantidad, cómo se gestionan y cuál es su destino. El nuevo esquema también busca generar información que permita planificar políticas ambientales y promover alternativas de reciclaje, reutilización y valorización.
Un problema que todavía tiene una enorme brecha
La implementación del régimen ocurre en un contexto en el que la gestión de los residuos industriales presenta importantes dificultades a nivel nacional. Una estimación del Observatorio de Residuos Peligrosos UBA-UNR calcula que durante 2026 el circuito formal de tratamiento alcanzaría unas 917.700 toneladas sobre un universo estimado de 12,7 millones de toneladas, equivalente al 7,23%.
El mismo relevamiento estima que existen 393.130 empresas activas generadoras de residuos industriales, pero solo 33.183 contratan servicios especializados, lo que representa el 8,44%. El Observatorio aclara que sus cifras son estimaciones construidas a partir del relevamiento de 37 empresas que operan 47 plantas, por lo que no constituyen un censo completo de todos los residuos industriales generados en el país.
La falta de información consolidada es, justamente, uno de los problemas que busca abordar el nuevo régimen bonaerense. Contar con datos sobre las distintas corrientes de residuos permite determinar qué materiales requieren tratamiento, cuáles pueden ser recuperados y cuáles pueden reincorporarse a otros procesos productivos.
Qué cambia con este nuevo régimen
Uno de los cambios que introduce el régimen es la posibilidad de que determinados RINE puedan ser utilizados como insumos de otros procesos productivos, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa.
La Resolución 181/2026 establece específicamente el procedimiento para realizar esa declaración y fija el cronograma de cumplimiento. De esta manera, la valorización deja de depender únicamente de iniciativas aisladas de las empresas y pasa a formar parte de un esquema regulado.
Entre las alternativas que analiza el sector también aparece la valorización energética. Determinados residuos que ya no pueden volver al circuito convencional de reciclaje, pero conservan capacidad energética, pueden ser acondicionados mediante procesos de blending para su utilización como combustible alternativo en hornos de la industria cementera.
Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (CATRIES), planteó que el primer paso para mejorar la gestión es conocer qué residuo se genera y cómo se origina. En una entrevista publicada esta semana, sostuvo además que si todo el residuo industrial fuera tratado actualmente sería necesario ampliar de manera significativa la capacidad instalada del sector.
Desde la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA), su presidente Gustavo Solari también destacó el potencial de la nueva regulación para avanzar hacia la valorización de materiales.
El desafío ahora pasa por llevar el nuevo esquema de los papeles a la práctica: que las industrias caractericen y separen sus residuos, que exista infraestructura suficiente para tratarlos y que los nuevos mecanismos de trazabilidad permitan conocer efectivamente cuál es el destino de cada corriente.
La regulación bonaerense crea así un marco específico para los RINE, pero su impacto ambiental dependerá de cuánto logre ampliar el circuito formal de gestión y de qué proporción de esos materiales pueda ser recuperada, reutilizada o valorizada en lugar de terminar en disposición final.
