Argentina ya recibió más de $5.381 millones durante 2026 en concepto de compensaciones derivadas de sanciones por pesca ilegal dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE). Los procedimientos alcanzaron a cuatro buques extranjeros identificados por las autoridades nacionales: el Hai Xiang 2, el Bao Feng, el Bao Win y el Coimbra.
La cifra fue informada el 25 de agosto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, que aclaró que los fondos ya fueron efectivamente recibidos por el Estado y no se trata simplemente de multas pendientes de cobro.
El último caso correspondió al Hai Xiang 2, de bandera de Vanuatu, cuya empresa propietaria recibió una sanción de $1.833 millones. El pesquero fue detectado dentro de la ZEE argentina y se convirtió en el cuarto buque extranjero sancionado durante 2026.
La estrategia oficial combina el monitoreo de la Prefectura Naval Argentina con un nuevo mecanismo para utilizar evidencia electrónica en los expedientes administrativos. Así, las autoridades pueden reconstruir los movimientos de una embarcación y determinar si su velocidad, rumbo, permanencia y maniobras son compatibles con actividades pesqueras, incluso cuando el buque ya abandonó las aguas argentinas.
Pesca ilegal en Argentina y las multas a los buques extranjeros
El Hai Xiang 2 fue detectado durante marzo mientras navegaba con una velocidad media cercana a los 4,3 nudos y mantenía patrones de desplazamiento considerados compatibles con actividad pesquera. A partir de esos registros, el Gobierno aplicó una sanción equivalente a un millón de Unidades de Pesca, por un total de $1.833 millones.
Otro de los casos correspondió al Bao Feng, también de bandera de Vanuatu. La embarcación fue detectada el 10 de enero mientras navegaba a menos de seis nudos y realizaba maniobras de arrastre dentro de la ZEE.
El procedimiento derivó en un sumario en ausencia y una sanción superior a $1.262 millones, además del cobro de más de $799.000 en concepto de gastos operativos. El pesquero volvió posteriormente a ser observado en una situación considerada irregular por las autoridades.
El Bao Win, también bajo pabellón de Vanuatu, fue otro de los buques alcanzados por los procedimientos. La Prefectura registró desplazamientos a baja velocidad y movimientos reiterados que fueron considerados compatibles con actividades extractivas dentro de aguas argentinas.
El cuarto caso fue el Coimbra, un arrastrero de bandera portuguesa detectado el 17 de abril. Según la información oficial, el buque ingresó aproximadamente 700 metros dentro de la ZEE argentina y navegaba a una velocidad promedio de 4,9 nudos.
El análisis de su trayectoria determinó patrones compatibles con una operación de pesca por arrastre. El expediente se apoyó en información obtenida mediante el Sistema Guardacostas, lo que permitió avanzar con la investigación sin que una unidad argentina tuviera que interceptar físicamente al buque mientras operaba con sus redes desplegadas.
Cómo Argentina detecta la pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva
El cambio en la forma de acreditar las incursiones pesqueras se produjo en febrero de 2026, cuando la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca estableció parámetros objetivos para identificar electrónicamente conductas compatibles con pesca no autorizada dentro de la ZEE argentina.
El esquema utiliza información generada por el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que permite integrar datos de posicionamiento y tráfico marítimo para reconstruir las trayectorias de los pesqueros.
La herramienta adquiere especial importancia debido a la extensión de la ZEE argentina y a las dificultades operativas y económicas de mantener una vigilancia permanente mediante buques y aeronaves. De esta manera, la ausencia de una intercepción física ya no impide necesariamente iniciar un procedimiento sancionatorio.
Argentina mantiene, además, operaciones de vigilancia marítima mediante la Prefectura Naval y las Fuerzas Armadas. Durante 2026, el Comando Conjunto Marítimo volvió a desarrollar las operaciones Mare Nostrum con buques y aeronaves de la Armada Argentina para controlar la ZEE y los movimientos de las flotas extranjeras en sus proximidades.
El Gobierno también busca diferenciar estos casos de la actividad pesquera que ocurre más allá de las 200 millas náuticas. En esas aguas internacionales operan cientos de pesqueros extranjeros durante cada temporada y, aunque sus actividades pueden generar problemas ambientales o vinculados con la pesca no declarada y no reglamentada, no constituyen automáticamente una violación de la jurisdicción pesquera argentina.
Los cuatro expedientes sancionados durante 2026 corresponden a una situación diferente: según las autoridades argentinas, los buques ingresaron dentro de la Zona Económica Exclusiva y realizaron maniobras compatibles con tareas de pesca sin autorización.
Con más de $5.381 millones ya cobrados y cuatro buques sancionados, el Gobierno busca convertir el monitoreo electrónico en una herramienta central para perseguir la pesca ilegal dentro de las aguas sometidas a jurisdicción argentina.