Argentina recibe un millonario crédito de la CAF para impulsar la sustentabilidad energética

El Gobierno de Javier Milei acaba de oficializar este lunes la aprobación de un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por un monto total de u$s400 millones.

La operación, formalizada a través del Decreto 23/2026 publicado en el Boletín Oficial, se denomina técnicamente «Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético».

El objetivo del préstamo tiene varias aristas, siendo una de las más importantes la necesidad de apalancar la implementación de un plan de sostenibilidad del sector para mejorar su relación con el medio ambiente.

Si bien en términos macroeconómicos el desembolso contribuye a fortalecer las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) y facilita el «roll over» de deudas multilaterales, el destino específico de los fondos es la reforma del sistema energético argentino.

El crédito presenta condiciones competitivas típicas de los organismos multilaterales como un plazo de 15 años, con un período de gracia de 36 meses (3 años); una tasa variable anual resultante de la suma de la tasa SOFR (actualmente en torno al 3,66%) más un margen de 1,90% que sitúa el costo financiero estimado en un 5,56% anual.

La ejecución del programa estará bajo la órbita del Ministerio de Economía, con la participación directa de la Secretaría de Energía y la Secretaría Legal y Administrativa.

“El monto de la operación será destinado a un préstamo de libre disponibilidad y rápido desembolso; con base en el reconocimiento de las acciones de política pública que viene realizando Argentina en materia sostenibilidad del sector energético. Adicionalmente, podrán destinarse recursos del préstamo para el financiamiento de los gastos de evaluación y de la comisión de financiamiento”, se sostiene en la norma.

Crédito, alivio para el Tesoro

En el Gobierno entienden que este financiamiento es crucial para la implementación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (Resef), el cual determinará quiénes mantienen el beneficio en sus facturas de luz y gas bajo el nuevo régimen vigente desde principios de este año.

Pero además, el acuerdo representa un poco de oxígeno para el Tesoro Nacional en un contexto de alta exigencia de divisas ya que, al ser un formato SWAP de enfoque sectorial, permite al gobierno de Milei recibir los fondos de libre disponibilidad una vez que se certifica el cumplimiento de ciertas metas de política pública energética.

En el anexo de la Resolución dedicado a explicar los objetivos generales del programa se profundiza en sus alcances explicando, por ejemplo, que “consiste en fortalecer la sostenibilidad del sector energético a través de mejoras en la focalización de los subsidios para la protección de los hogares vulnerables y la promoción de la eficiencia energética”.

Se agrega que el plan va a acompañar las medidas oficiales tendientes a mejorar el sistema energético; mejorar la focalización de los subsidios para la protección de los hogares vulnerables; y promover el uso y consumo eficientes de los recursos.

Es decir, el Programa se ha estructurado en torno a tres componentes estratégicos que agrupan las acciones de política pública reconocidas en la matriz:

• 1. Fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector energía

Este componente tiene como objetivo impulsar la modernización del sector energético argentino mediante la implementación de reformas sistémicas y la consolidación de un marco normativo e institucional que garantice la sostenibilidad, la eficiencia y la transparencia a largo plazo.

Se busca reordenar el sistema para atraer inversiones, optimizar la coordinación y fortalecer la seguridad del abastecimiento.

Las acciones de este eje pretenden actualizar las condiciones legales y regulatorias, generar incentivos para la inversión y definir reglas de funcionamiento claras para el mercado.

El punto de partida lo constituyen los instrumentos legislativos iniciales, como el DNU N° 70/2023 y la Ley 27742, que impulsan la modernización institucional y regulatoria con miras a fortalecer la sostenibilidad y eficiencia del sector.

De manera complementaria, se ha considerado la necesidad de establecer un marco temporal para garantizar la continuidad operativa del sistema mientras se avanza hacia la sostenibilidad estructural.

Esto se gestiona mediante una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), como el DNU 55/2023, el DNU 1023/2024 y el DNU 370/2025, que definen un período de transición y reordenamiento, cubriendo un rango desde diciembre de 2023 hasta julio de este 2026.

Este marco excepcional es considerado vital para la estabilidad durante la implementación de las reformas más profundas.

En un nivel más operativo, se ha avanzado en la definición de reglas claras para el mercado energético, plasmadas en la Resolución SE 400/2025, norma que se enfoca en fortalecer el funcionamiento del mercado bajo principios de transparencia y eficiencia operativa, esenciales para la toma de decisiones de los actores y la protección de los usuarios.

Adicionalmente, se ha puesto un énfasis particular en el marco regulatorio del gas natural a partir del Decreto 451/2025 que aborda esta necesidad al establecer un marco regulatorio actualizado para incentivar la inversión privada, robustecer la seguridad del abastecimiento y mejorar la eficiencia global del sistema energético, reconociendo el rol estratégico del gas natural en la matriz productiva del país.

En paralelo a las reformas normativas, se han impulsado acciones para consolidar la gobernanza y la coordinación sectorial. El Decreto 452/2025 aborda la optimización de la estructura institucional mediante la integración de funciones regulatorias. Esta medida busca mejorar la coordinación entre los entes de control y supervisión, reduciendo la dispersión funcional y aumentando la capacidad técnica de gestión del sector energético, un requisito fundamental para implementar políticas complejas de manera efectiva.

• 2. Mejoras en la focalización de los subsidios energéticos: Este componente está diseñado para establecer un sistema de subsidios energéticos más equitativo, eficiente y fiscalmente sostenible en la Argentina.

Se busca transitar progresivamente hacia un esquema de asignación focalizada que minimice los errores de inclusión y exclusión, promueva el uso eficiente de la energía y garantice el apoyo a los sectores más vulnerables.

El componente se articula en varios ejes como, por ejemplo, el establecimiento de un período de transición y la implementación de una focalización profunda requiere de un esquema ordenado.

Para ello, el Gobierno ha diseñado un plan de transición que promueve una focalización progresiva y sostenible, alineada con los objetivos de equidad y sostenibilidad fiscal.

Según el acuerdo, “este diseño se formaliza a través del Decreto N° 465/2024 y se complementa con normativa de implementación como la Resolución SE N° 384/2024 y el Decreto N° 370/2025, sentando las bases operativas para la reestructuración del esquema de subsidios”.

También se pretende actualizar el registro y bases de datos a partir de la disponibilidad de información precisa sobre el consumo y la composición socioeconómica de los usuarios.

En este sentido, las Resoluciones SE N° 90/2024 (electricidad) y SE N° 91/2024 (gas por red) establecen topes de consumo y niveles de bonificación que buscan promover un uso eficiente del recurso al definir umbrales que, al ser superados, reducen o eliminan la bonificación, contribuyendo a una asignación más equitativa y al uso responsable de la energía.

De manera adicional, se pretenden mejoras en la identificación de los beneficiarios para corregir los errores de inclusión y exclusión.

En este sentido, la Secretaría de Energía ha formalizado un Convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para actualizar los sistemas de información y registros energéticos, fortaleciendo la base de datos para la asignación de subsidios.

Además, la Disposición SSTyPE N° 1/25 incorpora herramientas de georreferenciación, lo que permite identificar con mayor precisión a los beneficiarios según su nivel de ingresos y condiciones territoriales.

De manera paralela, la Secretaría de Energía ha estandarizado la metodología para la revisión de solicitudes de subsidios, aportando transparencia y eficiencia al proceso de evaluación.

Otra arista se enfoca en la actualización de programas existentes, con medidas para garantizar la continuidad y la correcta aplicación de los programas de protección a hogares vulnerables.

La Secretaría de Energía – a través de la Resolución SE N° 216/2024 – garantiza la continuidad del Programa Hogar mediante la asignación eficiente de aportes y cupos de gas licuado de petróleo.

Por su parte, la Disposición SSTyPE N° 1/2024 extiende el período de reempadronamiento de la Tarifa Social, asegurando que los beneficiarios actuales mantengan su acceso al programa y se garantice una focalización actualizada.

A esto se le suma la actualización de regímenes especiales, de apoyo a entidades específicas.

Para los Clubes de Barrio, la Secretaría de Energía – a través de la Resolución SE N° 276/2025 – ha fortalecido la gestión de los subsidios mediante su registro formal como beneficiarios, asegurando la trazabilidad.

Complementariamente, la Disposición SSTYPE N° 4/2025 estandariza y digitaliza el proceso de incorporación y reempadronamiento, lo que contribuye a la eficiencia y equidad en el acceso a estos beneficios.

• 3. Promoción del uso y consumo eficientes de los recursos energéticos: Este componente busca impulsar un cambio cultural y operativo hacia la eficiencia energética, garantizando el uso responsable de los recursos y la sostenibilidad a largo plazo del sistema.

Este objetivo se aborda mediante una combinación de incentivos económicos y normativas técnicas, estructuradas en tres líneas de acción interrelacionadas.

Las acciones iniciales en este eje están estrechamente ligadas a los instrumentos de focalización del Componente 2, al establecer límites de consumo que incentivan la eficiencia.

La Resolución SE N° 90/2024 define bonificaciones y límites para la electricidad, mientras que la Resolución SE N° 91/2024 establece topes de consumo y precios escalonados en gas natural.

“Estos mecanismos no solo promueven el uso responsable, sino que también fortalecen la sostenibilidad fiscal del esquema de subsidios. De manera complementaria, se avanza en la adecuación de los umbrales de consumo”, se detalla en la resolución.

Se agrega que la Disposición SSTyPE N° 2/25 ajusta los límites de consumo eléctrico para usuarios sin acceso a gas por red, incorporando consideraciones bioclimáticas y equidad territorial, reconociendo las diferencias regionales y las necesidades de calefacción no sustituibles.

Además, la Disposición SSTyPE N° 3/25 se enfoca en la actualización de la normativa de eficiencia energética, asegurando que las regulaciones reflejen las mejoras técnicas disponibles y mantengan la continuidad en su aplicación.

Nuevo índice de eficiencia

Incluso se creó el Índice de Eficiencia Energética Estacional (IEEE), en el ámbito de los productos de consumo energético, con el que se busca establecer herramientas de monitoreo claras.

La Resolución SE N° 426/2025 impulsa el desarrollo del IEEE, un indicador de desempeño que permitirá monitorear la eficiencia de productos y sistemas que utilizan energía y son comercializados en el país.

Para el gobierno nacional se trata de un índice clave para informar a los consumidores y promover la adquisición de tecnologías más eficientes.

De todos modos, se advierte en la norma que “el éxito de las iniciativas en torno a la promoción de la eficiencia energética y la sostenibilidad fiscal dependen de un esquema tarifario coherente”.

Por eso, se recuerda que la Resolución SE N° 93/2024 aborda un aspecto central al alinear los precios del gas natural con criterios de sostenibilidad económica y previsibilidad en el abastecimiento energético nacional.

Este ajuste es fundamental para reflejar los costos reales de la energía y reducir la dependencia de las transferencias fiscales.

En cuanto a la política de subsidios, la Resolución SE N° 24/2025 garantiza coherencia y equidad al homogeneizar los criterios de bonificación entre los servicios de electricidad y gas, armonización que, según las autoridades nacionales, elimina distorsiones y facilita la comprensión por parte de los usuarios, reforzando la aplicación de la política de subsidios bajo principios unificados.

Finalmente, para asegurar una transición socialmente ordenada y sostenible, la Resolución SE N° 36/25 establece la aplicación progresiva de los ajustes en bonificaciones energéticas.

También esta gradualidad es vista como clave para evitar impactos abruptos en los hogares y sectores productivos.

En el plano de la gobernanza tarifaria, las resoluciones ENARGAS 16/2025 y ENRE 79/2025 consolidan un proceso tarifario transparente y participativo, asegurando la sostenibilidad del sistema a través de revisiones quinquenales regulares.

“Estos mecanismos institucionales brindan previsibilidad y equilibrio en las tarifas, protegiendo tanto la estabilidad financiera de los prestadores como los derechos de los usuarios finales a un servicio de calidad y costos razonables”, detalla el contrato.

En cuanto al monto máximo de desembolsos por cada año calendario será determinado por la CAF e imputado al espacio anual de desembolsos asignado al país.

El esquema de ejecución será por intermedio del Ministerio de Economía de la Nación a través de la Secretaría de Energía que actuará mediante la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético como responsable con competencia primaria en la materia, y con el apoyo de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE), dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economíaque estará a cargo de la gestión fiduciaria del Programa.