La empresa estadounidense 3M, conocida por productos como Post-it, Scotch y cinta adhesiva, atraviesa una de las etapas de mayor conflictividad judicial de sus 124 años de historia.
La compañía enfrenta decenas de miles de demandas en distintos países, principalmente por la contaminación atribuida a sustancias PFAS, conocidas como “químicos eternos” y por tapones auditivos vendidos al ejército de Estados Unidos. Solo los principales acuerdos alcanzados por estos dos conflictos ya superan los US$20.000 millones.
Qué son los PFAS, los llamados “químicos eternos”
Los PFAS son un amplio grupo de sustancias químicas utilizadas durante décadas en productos industriales y de consumo por su resistencia al agua, al calor y a las grasas. Se los conoce como “químicos eternos” porque muchos de ellos son extremadamente persistentes y pueden permanecer durante largos períodos en el ambiente y en el organismo.
La preocupación por estas sustancias aumentó a medida que distintos estudios detectaron su presencia en agua, suelo, animales y organismos humanos. Por ese motivo, distintos países avanzaron con restricciones y medidas para reducir su producción y utilización.
El conflicto por la contaminación del agua en Estados Unidos
Uno de los principales frentes judiciales para 3M está relacionado con la presencia de PFAS en sistemas públicos de agua de Estados Unidos. En 2023, la compañía acordó pagar entre US$10.300 millones y US$12.500 millones para compensar a proveedores públicos de agua que detectaron, o puedan detectar en el futuro, estas sustancias.
El acuerdo contempla pagos escalonados hasta 2036 y recibió aprobación judicial definitiva en abril de 2024. Sin embargo, alcanza únicamente los reclamos relacionados con la contaminación del agua potable y no puso fin a todos los litigios vinculados con los PFAS.
La compañía todavía enfrenta miles de demandas individuales por posibles daños a la salud y reclamos de distintos estados por afectaciones a los recursos naturales.
En Decatur, Alabama, 3M acordó pagar US$98 millones a las autoridades después de años de litigio por la contaminación vinculada a su planta. En Cordova, Illinois, también alcanzó un acuerdo con las autoridades ambientales para avanzar con la remediación de la contaminación de sus instalaciones.
La contaminación también llegó a los tribunales europeos
En Bélgica, alrededor de 1.400 residentes de Zwijndrecht demandan a 3M por la contaminación con PFOS proveniente de su planta de Amberes, considerada uno de los principales focos de contaminación de este tipo en Europa.
Los análisis realizados a vecinos de la zona detectaron niveles elevados de exposición. Los demandantes reclaman unos 30 millones de euros en total para afrontar posibles necesidades de salud futuras y la pérdida de valor de sus propiedades.
3M dejó de producir PFAS en ese sitio en 2024 y se comprometió a invertir 500 millones de euros en tareas de remediación.
El caso también tuvo una derivación institucional. La organización ambiental ClientEarth denunció al Estado belga ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por considerar que las autoridades conocían los niveles de contaminación desde 2017 y no actuaron a tiempo.
La contaminación asociada a la planta también alcanzó el estuario del Westerschelde, en los Países Bajos. El gobierno neerlandés declaró responsable a 3M por esa contaminación y la compañía acordó compensar a empresas afectadas, entre ellas la Asociación Holandesa de Pescadores.
Australia también demandó a la empresa
En mayo de 2026, el gobierno de Australia presentó una demanda por US$2.000 millones contra 3M por la contaminación vinculada al uso de espumas contra incendios con PFAS en 28 bases de las Fuerzas de Defensa.
Las autoridades australianas sostienen que la compañía ocultó información sobre los posibles efectos ambientales de estos productos.
3M rechazó las acusaciones y señaló que nunca fabricó PFAS en Australia y que dejó de vender esos productos en el país hace dos décadas. La demanda se suma a un acuerdo colectivo previo, resuelto en 2023 por US$132 millones.
El segundo gran conflicto que enfrenta 3M no está relacionado con los PFAS, sino con los tapones auditivos Combat Arms, vendidos al ejército estadounidense entre 2003 y 2015.
Cientos de miles de veteranos denunciaron que un defecto de diseño podía hacer que los tapones se aflojaran sin que el usuario lo advirtiera, dejando sus oídos desprotegidos durante entrenamientos y situaciones de combate.
El litigio llegó a acumular más de 391.000 demandas individuales en una corte federal de Florida.
En 2023, 3M aceptó pagar US$6.000 millones, entre efectivo y acciones, para resolver las demandas, con desembolsos previstos hasta 2029.
El peso acumulado de estos litigios también se refleja en el mercado. Según estimaciones de Bloomberg Intelligence, las batallas legales de 3M restan hasta US$33.000 millones al valor bursátil de la compañía, mientras que sus acciones acumulan una caída cercana al 19% desde 2018.