Varias organizaciones exigieron el cumplimiento efectivo de la Ley Provincial 3298 y la reglamentación pendiente de la Ley 3288. Además, dieron a conocer un informe de la Unidad de Monitoreo Ambiental (UMA), dependiente de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, que confirma la presencia de agrotóxicos en el agua potable de distintas localidades de la provincia. El reclamo es impulsado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asociación Pampeana de Medicina General. A esta demanda se suman diversas entidades como la Feria por una Alimentación Sana, el Desayunador Comunitario Villa Germinal, Copaderia, ATE La Pampa, CTA Autónoma La Pampa, ADU, Apulp, Satadtya, el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, Radio BDC 106.9 FM, Desde el Pie y Sitep. Organizaciones de La Pampa denuncian el uso de agrotóxicos Durante una conferencia de prensa, voceros de las organizaciones participantes expusieron la problemática del uso de plaguicidas en la provincia. “Nuestro objetivo es volver a poner en el centro del debate la grave situación vinculada a los agrotóxicos en La Pampa”, explicó Clara Sánchez, de la UTT. También anunció que se difundirá públicamente un informe elaborado por la Provincia junto con el Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos de la Universidad Nacional del Litoral. El estudio confirma la detección de diversos químicos en el agua de numerosas localidades. “Solo por nombrar algunos casos, se hallaron residuos de agrotóxicos en la Laguna Don Tomás, en el Bajo Giuliani, y también en General Pico, Arata, Winifreda, Castex, Anguil, Uriburu, Macachín, Hilario Lagos, Rolón, Ingeniero Luiggi, entre otras”, puntualizó. Sánchez advirtió sobre la gravedad de esta situación: “Estamos hablando de sustancias altamente peligrosas, que pueden generar enfermedades crónicas e incluso cáncer”. Aplicación de leyes Iñaki Esponda, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), expresó que reclaman con urgencia la reglamentación y aplicación efectiva de la Ley 3288 de Gestión Integral de Plaguicidas, así como el cumplimiento pleno de la Ley 3298, que promueve el desarrollo de la producción agroecológica en La Pampa. “La Ley 3288 establece distancias mínimas para las fumigaciones: 500 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas. Aunque tiene fuerza de ley, aún no ha sido reglamentada, y exigimos que se reglamente y se aplique. Por otro lado, la Ley 3298 no requiere reglamentación y ya está vigente, promoviendo modelos de producción agroecológicos, porque no hay una única forma de producir alimentos”, explicó. Organizaciones pampeanas proponen la reducción de agrotóxicos para evitar problemas en la salud Esponda denunció que estas normativas no se están cumpliendo y advirtió que, para contrarrestar los efectos nocivos de los plaguicidas sobre la salud de la población pampeana, es necesario avanzar hacia un modelo que reduzca su uso. “Este modelo productivo nos está envenenando. El respeto por las distancias mínimas no elimina completamente el riesgo, pero al menos lo atenúa. Por eso sostenemos que la única salida real es promover la agroecología como forma de producción”. También remarcó la necesidad de una transición agroecológica en toda la provincia: “De los 14 millones de hectáreas productivas que hay en La Pampa, es necesario que ese modelo migre hacia prácticas sustentables. No solo para sostener las exportaciones, sino también para garantizar alimentos sanos al mercado interno. Con solo 200 hectáreas de producción agroecológica de verduras se podría alimentar a toda la provincia”. Y concluyó con una afirmación contundente: “Hay que decidir si se protege el negocio de 5.000 fumigadores del noreste provincial o la salud de 360.000 pampeanos y pampeanas. El gobierno tiene la responsabilidad y las herramientas para hacer cumplir estas leyes”. Por último, mencionaron que en diciembre de 2024 la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático informó que comenzó a trabajar en el equipamiento de un laboratorio provincial para realizar los análisis necesarios que debe implementar la Unidad de Monitoreo Ambiental (UMA). “Queremos conocer los avances en ese sentido, porque es clave contar con información actualizada y continua sobre la presencia de agrotóxicos en el agua superficial, subterránea y en los suelos”, subrayaron.
