A partir de las necesidades de incrementar el potencial eléctrico del país y de, a la misma vez, contribuir con el medio ambiente, tanto el gobierno de Cristina Kirchner como el de Mauricio Macri comenzaron a impulsar el desarrollo de fuentes alternativas de energía. Se trata de un sector cuyo potencial de crecimiento ha llevado a la Argentina a ubicarse entre los tres países con mayor capacidad de desarrollo a nivel mundial en generación eólica y solar. Teniendo en cuenta esa posibilidad, la Ley 27.191 sancionada en el 2015 estableció que en 2025 el 20% de la energía del país deba proceder de fuentes renovables (10 GW) estableciendo un calendario escalonado de cumplimiento. A esto se le suman los programas RenovAr y MATER que ya han adjudicado más de 2.400 MW de energía eólica, además de otros proyectos por 1.500 MW para todas las tecnologías renovables. Por otra parte, la Argentina asumió un compromiso en el Acuerdo de París del 2015 que tiene por objetivo mitigar el calentamiento global y reducir el efecto invernadero. Esto implica reducir un 15% las emisiones para el 2030 y otro 15% adicional, si se otorga financiamiento internacional en materia de innovación. Además de ser una responsabilidad asumida por el país con el medio ambiente, a largo plazo podrían ayudar todavía más a la consolidación de la energía eólica como una de las industrias que ayude a generar divisas al país. Sin embargo, la competitividad del sector se encuentra comprometida al punto de que peligre el cumplimiento de este acuerdo internacional, lo cual redundaría en penalizaciones como ya evalúa la Unión Europea. Los riesgos se originan en las dificultades que encuentran las empresas de energía eólica debido al actual contexto macroeconómico, de restricciones al financiamiento, con tasas de interés que han alcanzado máximos históricos al igual que el riesgo país. Asimismo, el cambio de gobierno podría poner en riesgo la seguridad jurídica, afectando leyes y normas ya establecidas. De hecho, una gran cantidad de compañías ya evidencian problemas para concretar los proyectos adjudicados bajo los plazos comprometidos en los contratos suscriptos con CAMMESA, la empresa que regula el sector energético local. El contexto Hasta la fecha se llevan invertidos cerca de u$s1.600 millones en energías renovables en los últimos tres años y hay inversiones potenciales por otros u$s2.500 millones. Con este escenario, autoridades de la Cámara Eólica Argentina (CEA), mantuvieron una reunión con la Directora Nacional de Generación Hidroeléctrica y Energías Renovables de la Nación, Andrea Polizzotto, en el marco de la primera ronda de reuniones con el sector privado que mantiene la nueva funcionaria de la Secretaría de Energía. Se trata de la cámara empresaria que agrupa a más de 20 empresas que representan en su conjunto el 70% de la potencia instalada nacional de generación eólica, con parques y proyectos en todo el país. Entre sus miembros presentes del encuentro se destacan René Vaca Guzmán, de PCR y presidente de CEA; su vicepresidente; Walter Lanosa, de Genneia; Sebastián Lanusse, del Grupo Frali; y Gastón Guarino, de GRI Calviño. La reunión sirvió para que los empresarios le presentaran a la funcionaria un documento en el cual se expresa la situación del sector eólico y se piden ciertas medidas para evitar que se frenen las inversiones y se contribuya al desarrollo de la actividad, proponiendo consensos que permitan mantener el ciclo virtuoso de la industria a partir del desarrollo de una cada vez más eficiente cadena de valor local y una oferta de energía limpia y competitiva. Se abordaron además temas como la competitividad de la energía eólica y su complementariedad con otras fuentes -como Vaca Muerta-, la necesidad de ampliar y recuperar la capacidad del transporte del sistema eléctrico, la estabilidad fiscal, el empleo generado por la creciente integración nacional de los aerogeneradores, y la estabilidad de los contratos. Como respuesta a estas preocupaciones, Polizzotto manifestó que “el espíritu de las autoridades es respetar los contratos suscriptos”. Y en lo relativo a los proyectos cuya construcción se ha visto afectada por la coyuntura macroeconómica, existe la voluntad de trabajar para encontrar soluciones que potencien el desarrollo del sector, sin afectar los intereses del Estado. El documento que la funcionaria recibió de parte de los miembros de la CEA fue elaborado con el objetivo de aportar las necesidades y problemas de un sector nuevo dentro de la energía que está condicionado al actual marco político, jurídico y económico del país. Según el paper, al que tuvo acceso Economía Sustentable, muchos de los proyectos ya aprobados encuentran dificultades para ser llevados a cabo, mayormente debido al contexto macroeconómico y de restricciones al financiamiento. El informe también agrega que: El sistema de transporte se encuentra mayormente saturado, impidiendo continuar con el crecimiento masivo de la energía eólica.Llevar adelante un plan de ampliación de transporte requiere obras por 2.500 km2 de línea de 500 kV con trabajos adicionales para nuevas subestaciones, y por inversiones de más de u$s2.500 millones.El compromiso asumido por Argentina en el Acuerdo de París (2015) implica reducir un 15% las emisiones para el 2030 y otro 15% adicional, si se otorga financiamiento internacional en materia de innovación.Se requieren políticas para continuar desarrollando el sector y fomentando la inversión en infraestructura, logrando un marco normativo estable que favorezca mayor volumen de inversiones, entendiendo que estos incentivos deberán implementarse en consonancia con la situación macroeconómica del país.Hoy el sistema de generación cuenta con 39,6 GW3 de potencia instalada con un exceso de capacidad de reserva bruta superior al 30%. Este nivel de reserva, considerando los niveles de demanda actuales (-5% último año móvil) y los compromisos asumidos por los agentes generadores, permite al sistema operar con tranquilidad en el corto plazo sin nueva generación.}El sistema debe estar preparado para responder llegado el momento donde la demanda energética nacional una vez más comience a tomar fuerza. Bajo el título de Consensos para el Desarrollo del Sector Eólico en la Argentina, el paper asegura que el sector busca consolidarse como “una industria competitiva, con la implementación de tecnología de vanguardia, el desarrollo de industria nacional, la generación de riqueza y empleo local” Con respecto a los contratos RenoVar, asegura que fueron la principal herramienta de expansión del sistema eléctrico en los últimos 10 años, de allí la importancia de preservarlos. Pero advierte: “la compleja situación fiscal y cambiaria, podría inducir el incumplimiento de algunos de los compromisos asumidos por el Estado Nacional en los contratos”. Para la CEA no debería dejar de considerarse en toda su magnitud el impacto que esto tendría en el futuro, teniendo en cuenta lo que se menciona en los tres subitems siguientes: 1. Se trata de una industria con proyectos de capital intensivos, que cuentan con un muy alto grado de apalancamiento (en promedio entre el 60% y 70%4 del total de la inversión), otorgado por entidades multilaterales y agencias de crédito de exportación (ECAs) extranjeras que han aportado financiamiento externo genuino a riesgo de proyecto y con tasas preferenciales en plazos entre 10- 18 años aproximadamente. Cualquier modificación de los precios o condiciones esenciales de los contratos afectaría dramáticamente la capacidad de los proyectos de repagar su deuda. 2. Los contratos se financiaron con tasas consistentes con el precio ofertado en su oportunidad y luego contractualizado. Si el Regulador revisara el precio de los contratos a la baja, los generadores se verían forzados a renegociar la deuda con sus acreedores en un contexto macroeconómico sustancialmente más adverso, llevando a los proyectos a una situación de inviabilidad destrucción de valor irreparable. 3. Muchos de los proyectos adjudicados cuentan con la garantía otorgada conforme el Acuerdo de Indemnidad con el Banco Mundial (BM) para el Programa de Garantía al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables(FODER) suscripto entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial. Estas garantías ascienden a aproximadamente u$s730 millones bajo el programa RenovAR (Rondas 1, 1,5 y 2). ¿Cómo sigue? En este contexto, el informe advierte que la ejecución de estas garantías podría desencadenarse súbitamente ante modificaciones en los contratos, lo cual provocaría un reclamo del Banco Mundial al Estado Nacional a que responda por la ejecución de las garantías, más intereses y daños. En un caso extremo, se podrían ver afectados también otros acuerdos suscriptos entre el Banco Mundial y la Argentina respecto de desembolsos o líneas de crédito. Además de estos impactos, también se vería afectada la credibilidad sobre los compromisos asumidos por el Estado Argentino, lo que repercutiría negativamente al incentivo de invertir y financiar por parte de capitales privados, entidades financieras, entidades de fomento, agencias de crédito para exportación y bancos de desarrollo, entre otros. Como parte de la solución a estos posibles problemas o para evitar que se concreten las advertencias, la CEA propone a la Ley de Energías Renovables como política de Estado. “Creemos que, a pesar de las vicisitudes que pueda generar el marco económico general y su impacto en la industria de la generación eólica, el cumplimiento de los objetivos de la Ley debería ser un horizonte de referencia para tener como guía a fin de promover la instalación de nueva generación”, señala el documento. Por otra parte, se asegura que existe complementariedad con Vaca Muerta. “Vemos necesario optimizar los distintos recursos naturales aptos para la generación eléctrica donde la utilización de la energía eólica podría destinarse al abastecimiento interno, enfocando los recursos que puedan ser exportados como ser el petróleo y el gas de Vaca Muerta para impulsar el ingreso de divisas con efecto inmediato en la balanza comercial del país”. En otro de sus párrafos, el informe recomienda la necesidad de impulsar todas las alternativas comerciales y regulatorias que permitan impulsar el desarrollo de la energía eólica. La CEA entiende a la vez que para que a mediano plazo se dé un crecimiento masivo de nueva generación eólica a precios competitivos es imprescindible, no solo contar con condiciones oeconómicas estables, sino también que se realicen las obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico “que permitan la evacuación de la energía desde los sitios de mayor aprovechamiento del recurso hacia los nodos de mayor demanda”. Piden además que para continuar desarrollando nueva generación eólica en el corto plazo debe aprovecharse la capacidad de transporte de aquellos proyectos que han superado los plazos comprometidos de ejecución y no han tenido grado de avance significativos. Por ese motivo, proponen que se libere la capacidad de transporte actualmente alocada a proyectos que no tengan grado de avance demostrado, ya sea ejecutando sus garantías o a través de otro mecanismo que se considere adecuado, permitiendo que esta capacidad pueda ser puesta a disposición nuevamente al mercado. En cuanto al escenario tributario, la cámara eólica califica de “imprescindible” la continuidad de la estabilidad fiscal en los contratos celebrados y así establecido en la Ley 27.191. “De esta manera se desincentivará a los Estados provinciales (y/o municipales) a que prosperen iniciativas para la aplicabilidad de nuevos impuestos a los recursos renovables y cuyo único efecto, de ser aplicables, conllevaría el traslado al sistema de tales costos con su consecuente impacto en el aumento del costo de la energía”. Otro de los párrafos del estudio se vincula con la competencia entre el sector privado y el público a partir de que un decreto presidencial habilitó a los gobiernos provinciales a gestionar contrato de compra y venta de energía para que puedan incrementar la infraestructura energética en sus regiones. “Desde la CEA apoyamos el federalismo de la generación, sin prejuicio de visualizar que hay situaciones que se pueden contraponer en algunos casos con la expectativa de rentabilidad que los Estados provinciales esperan de sus proyectos vis a vis las empresas privadas, pudiendo generar eventualmente una situación de competencia no tan equivalente”, argumentan en la cámara. En este sentido, se propone una segmentación de esta competencia como un camino para analizar, además de disponer de un sistema o proceso licitatorio en los cuales la Nación, las provincias o los municipios no compitan con las empresas privadas, en un esquema similar a los programas RenovAr. En cuanto a los tiempos de los trámites y las habilitaciones se le pide al Gobierno celeridad en las aprobaciones y gestiones con los diferentes organismos y entes del Estado.
