Salta: aprobaron el nuevo ordenamiento territorial que habilita grandes desmontes
La actualización provincial genera controversia por su impacto en los bosques nativos de la provincia. Los detalles.
En una sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de Salta aprobó el nuevo mapa de Ordenamiento Territorial, una actualización que ya genera controversia por su impacto en los bosques nativos de la provincia.
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El proyecto, que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación, ha sido criticado por organizaciones ambientalistas y comunidades originarias, debido a la habilitación para desmonte de más de 700.000 hectáreas de bosques.
El legislador Esteban D’Andrea, representante de Chicoana, defendió la iniciativa, asegurando que responde a la obligación de actualizar el ordenamiento cada cinco años, según lo estipulado por la Ley de Bosques. Sin embargo, reconoció que el proceso debería haberse realizado en 2019, y destacó que el nuevo mapa busca fomentar el uso sustentable del medio ambiente. El plan divide el territorio en tres categorías: rojo para zonas de preservación, amarillo para áreas de actividades sustentables y verde para zonas transformables para usos productivos.
Qué implica el ordenamiento territorial
El proyecto redistribuye más de 30.000 hectáreas de categoría 1 y reduce en 300.000 hectáreas la categoría 3, buscando equilibrar la distribución del verde en toda la provincia. Además, pretende controlar los desmontes ilegales y la tala indiscriminada. Sin embargo, la medida fue rechazada por los legisladores Walter Wayar y Manuel Pailler, quienes pidieron que el proyecto volviera a comisión.
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Desde Greenpeace, la respuesta fue contundente. Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques, calificó la aprobación como un golpe devastador para los ecosistemas de la región. La organización planea llevar el caso a la Corte Suprema, en un intento por frenar los desmontes que, según Cruz, amenazan la subsistencia de especies emblemáticas como el yaguareté. Además, criticaron la falta de consulta a las comunidades originarias, lo que considera una violación de sus derechos.
A principios de diciembre, activistas de Greenpeace protestaron frente al Palacio Legislativo, vistiendo trajes tradicionales de los gauchos Infernales de Güemes, para rechazar lo que consideran un retroceso en la protección del medio ambiente.
El nuevo ordenamiento territorial desató un intenso debate sobre los límites entre el desarrollo productivo y la preservación del patrimonio natural de la región, mientras las organizaciones sociales y ambientales continúan su lucha por una gestión más responsable y equitativa de los recursos naturales.
