Crisis climática y de biodiversidad: América Latina y el Caribe, ¿puede aportar soluciones a los desafíos globales?

La cantidad de eventos climáticos extremos en América Latina y el Caribe pasó de un promedio de 28 por año durante el período 1980-1999 a 53 por año en el período 2000-2021. La población afectada aumentó de 4,5 a 7,2 millones de personas por año en los mismos períodos. Estos datos se desprenden del nuevo Reporte de Economía y Desarrollo (RED) de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

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El cambio climático y la pérdida de biodiversidad amenazan al bienestar de la humanidad y la continuidad de todas las formas de vida del planeta. Las proyecciones climáticas para América Latina y el Caribe del reporte indican que la temperatura media durante el período 2021-2040 será de alrededor de 1°C más alta que durante 1985-2014.

Inundaciones y sequías

En este sentido, los eventos más frecuentes son las inundaciones y los ciclones tropicales y estos, junto con las sequías, son los fenómenos que más población afectan cada año.

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Entre varios cambios climáticos, se espera que las precipitaciones disminuyan en el norte de Sudamérica, el Caribe, Centroamérica, parte del Amazonas, el noreste de Brasil, el centro y sur de Chile y el sur de Argentina. Como consecuencia, se espera que la aridez aumente en casi toda la región, con excepción de las costas de Perú y Ecuador.

Estos son algunos de los hallazgos y proyecciones de la publicación insignia de CAF, titulada “Desafíos globales, soluciones regionales: América Latina y el Caribe frente a la crisis climática y de biodiversidad”, cuyo lanzamiento regional se realizó en Santa Marta, Colombia.

“La coordinación internacional en política climática y de biodiversidad es necesaria porque ambos son asuntos donde las acciones de cada país afectan a los demás. Con esta publicación queremos destacar que se requiere integrar estas políticas con las que promueven el crecimiento económico y la inclusión social, lo que puede dar lugar a complementariedades y tensiones que es necesario manejar articuladamente. El mundo necesita soluciones climáticas, alimentarias y sociales con urgencia, esta realidad nos está afectando a todos y debe ser una prioridad en todos los ámbitos, por eso desde CAF queremos liderar esta conversación como el banco verde de América Latina y el Caribe”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en la apertura del evento.

Desafíos globales, soluciones regionales

Según datos de 2019, América Latina y el Caribe contribuye con el 10% de las emisiones actuales de GEI, los países en desarrollo de Asia y el Pacífico con el 44% y los países desarrollados con el 23%. El resto lo explican África (9%), Europa del Este y Asia Central y Occidental (6%), Oriente Medio (5%) y el transporte internacional (2%). A diferencia de los países desarrollados, las emisiones de América Latina y el Caribe provienen en mayor medida de la actividad agropecuaria, principalmente por el cambio en el uso del suelo y, en menor proporción, de los sectores vinculados a la energía fósil.

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El cambio en el uso de suelo, mediante la deforestación, el drenaje de humedales y el reemplazo de pastizales naturales, es también el principal canal directo por el cual la actividad humana degrada los ecosistemas y la biodiversidad en América Latina y el Caribe. Este cambio se encuentra fuertemente vinculado al sector agropecuario: el 35% de la superficie de la región se dedica al pastoreo y el 16% a cultivos, mientras que los asentamientos humanos ocupan el 4% del territorio, y el 45% se conserva en estado seminatural o natural.

América Latina y el Caribe conserva 9,3 millones de km2 de bosques, los cuales cubren un 46% de su territorio y representan una cuarta parte de los bosques mundiales. Los bosques de la región contribuyen cada año a la mitigación del cambio climático con la captura de 1,1 GtCO2eq, albergan una enorme biodiversidad y ofrecen importantes servicios ecosistémicos a la población a nivel local y regional. Por lo tanto, el reto de detener la deforestación es crucial. Para esto es necesario fortalecer la sostenibilidad del sector agropecuario de la región mediante un compromiso creíble con frenar el crecimiento de la frontera agropecuaria, el aumento de la productividad agropecuaria y el uso de prácticas sostenibles en este sector.

El RED presenta un menú de propuestas de políticas en torno a los objetivos de adaptación, mitigación, preservación del capital natural, fortalecimiento de la coordinación regional y aprovechamiento de las oportunidades derivadas de la transición energética global. Entre ellas se encuentran prácticas de agricultura sostenible, soluciones basadas en la naturaleza, inversiones en infraestructura de adaptación, políticas para el manejo de riesgo de desastres, políticas para regenerar y preservar los ecosistemas, y promoción de las fuentes renovables de energía.

“La adaptación climática tiene costos, pero también tiene sinergias positivas con la inclusión social y el crecimiento económico. Esto se debe a que permite evitar pérdidas; por ejemplo, una alerta temprana ante una ola de calor puede salvar vidas. Además, tiene beneficios económicos debido a la reducción de los riesgos —por ejemplo, construir infraestructura para prevenir inundaciones aumenta el valor de la tierra inundable— o a la innovación tecnológica —por ejemplo, introducir el riego por goteo para enfrentar la escasez de agua a la vez mejora la productividad agrícola. También pueden existir beneficios sociales y ambientales; por ejemplo, debido a la protección de recursos naturales que proveen valiosos servicios ecosistémicos, así como la eventual monetización de los esfuerzos de preservación de los recursos forestales. Además, nuestra región puede capitalizar los beneficios económicos de sus reservas de gas natural y minerales críticos contribuyendo a la vez a la descarbonización global durante el proceso de transición energética”, afirmó Ernesto Schargrodsky, coautor del RED23 y director de Investigaciones Socioeconómicas de CAF.

Los mercados de créditos de carbono son una herramienta para financiar la conservación y regeneración de los ecosistemas de la región con alto potencial: si se integran a esquemas nacionales de precio de carbono, permiten mayor flexibilidad y eficiencia para alcanzar los objetivos nacionales de mitigación; si, en cambio, se venden en mercados internacionales, las compensaciones sirven para generar recursos monetarios.