Una empresa quiere encender una central termoeléctrica y los vecinos se oponen al daño ambiental que provocarían

La Justicia le denegó a la empresa Araucaria, una vez más, la posibilidad de prender la central termoeléctrica ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires, por el potencial daño ambiental que produciría y por no cumplir con habilitaciones ambientales.

La historia no es nueva, se remonta a 2016, cuando el Gobierno nacional de Mauricio Macri decidió instalar dos centrales termoeléctricas debido a la crisis energética entre Escobar y Pilar, en medio de una zona residencial.

Desde el anuncio de la instalación de la central, un grupo de vecinos se opuso a la iniciativa y lograron poner una medida cautelar por los altos niveles de ruido y contaminación.

Matheu II y Matheu III, son dos de las usinas de las 20 centrales térmicas que el Ministerio de Energía licitó y adjudicó en distintas ciudades del país y que suman 2.800 MW de generación eléctrica a todo el sistema interconectado. 

Entre las dos Matheu iban a generar una potencia de 500 MW y están catalogadas como industrias categoría 3, lo que representa un peligro desde el punto de vista ambiental.

Hoy solo queda Araucaria, ya que la otra central, operada por APR, anunció en julio su retirada. A fines de octubre, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, rechazó el pedido de la compañía porque, según su resolución, “bajo el pretexto de una modalidad diferente de funcionamiento por parte de la central termoeléctrica la parte no hace más que reeditar cuestiones que ya han sido zanjadas” anteriormente, publicó Infobae. 

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Según entiende la empresa, como ahora quedó una sola industria, el impacto debería ser menor. Sin embargo, los vecinos de la zona no están tranquilos por el potencial impacto que tendrá.

A pesar de que celebraron el anuncio del desmantelamiento de APR, uno de los argumentos de la empresa Araucaria para levantar la cautelar les hizo ruido: “Resulta crítico asegurar la mayor disponibilidad de potencia para abastecer al Sistema Nacional de Interconexión a fin de evitar interrupciones del suministro en los centros de mayor densidad poblacional. En esas condiciones, la operación de la central, aún parcial, resulta esencial para garantizar la continuidad del abastecimiento en los centros urbanos de la Provincia de Buenos Aires”, describió la compañía.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que esta emergencia por sí sola no bastaría para poder levantar la cautelar vigente desde diciembre de 2017, especialmente porque nada ha cambiado: no se ha cumplido con la aprobación ambiental oficial ni del municipio ni del Organismo para el Desarrollo Sostenible bonaerense (Opds). 

“Estamos en alerta porque sabemos que empieza el verano y pueden querer poner en marcha la termoeléctrica. Ellos dicen que como ahora hay una sola empresa el impacto ambiental va a ser menor. Pero la empresa que queda sigue sin estar habilitada. Igualmente hay que recordar que mientras funcionaron (en el verano de 2016) lo hicieron ilegalmente. Nada de lo que se hizo fue legal y, por suerte, luchando y yendo a la Justicia, obtuvimos estos logros”, destacó Raúl Regis, presidente de la ONG 1810 Vecinos Unidos por Pilar, en diálogo con Infobae.

“Desde que las termoeléctricas llegaron a Pilar, sentimos que dimos una pelea de David contra Goliat. (La salida de APR) es un acto de justicia”, agregó.

“Vamos a pedir que dejen los terrenos en condiciones normales y habitables en cuanto a lo ambiental. No queremos que quede allí algún pasivo ambiental que después nos complique la vida”, aseguró Regis. 

En la misma línea, explicó que para el vecino “lo ideal es que los predios vuelvan a categoría residencial para que no quede abierta la posibilidad de que se pueda instalar otra industria”. 

El actual intendente, Federico Achával, parece apoyar el reclamo vecinal, al menos en las declaraciones públicas: “Siempre estuvimos en favor de los vecinos y del cuidado del medioambiente. Esto es lo que queremos para Pilar, para hoy y de cara al futuro”, concluyó.