Nueva Zelanda propone un impuesto a los eructos de vaca y ovejas para reducir emisiones

Con el objetivo de abordar el cambio climático, Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, anunció nuevos planes para mitigar los efectos del calentamiento global, entre ellos el requisito de que los productores agropecuarios paguen un impuesto a partir de 2025 por emisiones de fuentes tales como eructos de vaca.

“La propuesta, tal como está, significa que los agricultores de Nueva Zelanda serán los primeros en el mundo en reducir las emisiones agrícolas”, dijo Ardern, en una conferencia de prensa en una granja lechera en la Isla Norte de Nueva Zelanda.

Ardern, agregó, que los productores agropecuarios que adopten prácticas positivas para el medioambiente e beneficiaran de los pagos de incentivos. Sin embargo, algunos grupos agrícolas criticaron la propuesta, la cual se encuentra abierta hasta el 18 de noviembre.

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• Nueva Zelanda se comprometió a reducir las emisiones de metano en un 10% para 2030 como parte de un objetivo de emisiones netas cero para 2050.
• Hay unas 26 millones de ovejas y 10 millones de cabezas de ganado en Nueva Zelanda y aproximadamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen de las granjas.

“Ningún otro país del mundo ha desarrollado aún un sistema para fijar precios y reducir las emisiones agrícolas, por lo que nuestros agricultores se beneficiarán de ser los primeros en actuar”, dijo Ardern. 

“Reducir las emisiones ayudará a los agricultores de Nueva Zelanda no solo a ser los mejores del mundo, sino también los mejores para el mundo”, señaló.

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Federated Farmers, el principal grupo de presión de la industria, remarcó que el impuesto “arrancaría las entrañas de un pequeño pueblo de Nueva Zelanda” y que, además, afectaría la producción de alimentos porque las granjas serían reemplazadas por árboles.

Según el plan propuesto por la primera ministra de Nueva Zelanda, los productores que alcancen el umbral de tamaño del rebaño y uso de fertilizantes deberán pagar un impuesto que se establecerá a través del asesoramiento de la Comisión de Cambio Climático.

El precio estará influenciado por el progreso del país para cumplir su promesa internacional de reducir el metano en un 10% para 2030, por debajo de los niveles de 2017.