La Justicia intimó a YPF y President Petroleum a cerrar un pozo petrolero contaminante en Salta
La medida cautelar exige presentar un plan de cierre definitivo y remediación ambiental. Las empresas deberán presentar un plan técnico para el cierre definitivo del pozo petrolero Loma de Olmedo X-10.
La Justicia salteña intimó a YPF y President Petroleum a presentar un plan técnico para el cierre definitivo del pozo petrolero Loma de Olmedo X-10, ubicado en Puesto Guardián, en jurisdicción de Pichanal, departamento de Orán.
La medida cautelar ambiental busca detener la contaminación que, desde hace tres años, afecta bosques nativos, suelos y actividades productivas de la zona donde está el pozo conocido como el “Chernobyl Salteño”.
La resolución, notificada el 23 de octubre de 2026, establece un plazo de diez días hábiles para que ambas compañías presenten un plan de cierre seguro y definitivo. También exige la implementación inmediata de medidas de contingencia para impedir que los fluidos e hidrocarburos se dispersen hacia campos agrícolas y ganaderos.
La decisión alcanza además a otras cuatro empresas vinculadas con la cadena de concesiones del yacimiento: E.P.P. Petróleo, Tripetrol Petroleum, Netherfield Corporation Sucursal Argentina y Petrolera San José. En total, son seis las compañías alcanzadas por las medidas judiciales.
La intervención se produjo a pedido de la fiscal penal María Sofía Fuentes. El juez Ramiro Morizzio dispuso las medidas a partir de las investigaciones y pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, que constataron la persistencia de emanaciones gaseosas y la acumulación de sustancias contaminantes en la superficie.
Cómo se contaminó un bosque nativo de Salta
El pozo Loma de Olmedo X-10 fue perforado por YPF en 1983 y posteriormente quedó bajo la operación de distintas compañías. La última concesionaria fue President Petroleum, cuya quiebra fue declarada en 2025.
Los primeros problemas se registraron en agosto de 2023, cuando organismos provinciales detectaron pérdidas de gas en el cabezal del pozo y la aparición de líquidos en sus inmediaciones. Desde entonces, la contaminación se extendió sobre el territorio y afectó la vegetación, el suelo y las actividades ganaderas de las familias rurales.
Según relevamientos de Greenpeace y testimonios de productores locales, unas 20 hectáreas de bosque nativo se encuentran “severamente degradadas” y alrededor de 350 cabezas de ganado habrían muerto como consecuencia de la contaminación. La organización también documentó la presencia de animales silvestres muertos y denunció que numerosas familias debieron abandonar sus viviendas por las condiciones ambientales.
El área afectada se encuentra en una zona de transición entre las ecorregiones del Chaco Seco y la Selva de Yungas, un territorio de alto valor para la conservación de la biodiversidad. Allí habitan especies como el oso hormiguero, el pecarí labiado, el ocelote y la tortuga acuática chaqueña, además de numerosas aves.
Qué exige la Justicia a las empresas petroleras
La medida cautelar establece que las compañías deberán presentar un Plan Técnico de Cierre y Abandono que detalle la metodología de intervención, las medidas de seguridad, los mecanismos para evitar nuevas fugas, un cronograma de ejecución y los sistemas de monitoreo posteriores.
También deberán elaborar un plan de contingencia junto con las autoridades ambientales y energéticas provinciales. Entre las medidas previstas se encuentran el aislamiento del área afectada, la instalación de barreras de contención, el monitoreo de posibles cursos de escurrimiento y procedimientos para recuperar y disponer de manera segura las sustancias contaminantes.
Uno de los aspectos centrales de la resolución es el análisis de la posible responsabilidad de todas las compañías que participaron en la explotación del pozo. La Justicia consideró que podrían responder de manera objetiva y solidaria por los costos del cierre definitivo y la recomposición del suelo afectado.
El fundamento se apoya en los principios de prevención y precaución de la Ley General del Ambiente 25.675 y en las garantías de acceso a la justicia en asuntos ambientales contempladas en el Acuerdo de Escazú.
Sin embargo, la cautelar no constituye una sentencia definitiva sobre la responsabilidad de las empresas. Su objetivo es evitar que el daño continúe agravándose mientras avanza la investigación judicial. El incumplimiento de las intimaciones podría derivar en consecuencias penales por desobediencia judicial.
El pedido de Greenpeace Argentina
Desde Greenpeace celebraron la decisión judicial y señalaron que llega después de años de reclamos de las comunidades afectadas, investigaciones en el territorio y una petición respaldada por casi 130.000 personas.
“El dictamen judicial es un importante avance y el resultado de la movilización y la presión ciudadana”, sostuvo Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina en un comunicado.
La organización también advirtió sobre el riesgo de que las precipitaciones de los próximos meses arrastren las sustancias tóxicas acumuladas hacia terrenos vecinos y extiendan la degradación ambiental.
“Celebramos esta decisión como un logro de la presión popular, pero exigimos que el plazo de 10 días se cumpla estrictamente y que el plan técnico no sea una maniobra dilatoria. Las empresas deben ejecutar el sellado definitivo y la restauración total del ecosistema. No hay verdadera justicia hasta que recuperemos el bosque”, expresó Arrigazzi.
