Denuncian al Estado argentino ante la CIDH por la demora judicial sobre los transgénicos
Naturaleza de Derechos denunció la falta de una sentencia de la Corte Suprema sobre la legalidad de las autorizaciones de cultivos transgénicos, en una causa que lleva más de 13 años.
La aprobación de nuevos organismos genéticamente modificados (OGM) en la Argentina continúa mientras una causa judicial que cuestiona la legalidad de esas autorizaciones permanece sin una resolución definitiva. En ese contexto, la organización Naturaleza de Derechos formalizó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino por la demora de la Corte Suprema de Justicia en resolver un expediente iniciado en 2013. La presentación coincide con la reciente aprobación de una nueva soja transgénica de Syngenta, resistente a cuatro familias de herbicidas.
El 15 de octubre de 2026, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca autorizó la comercialización de esta variedad mediante la Resolución 200/2026. El cultivo fue diseñado para tolerar glifosato, glufosinato de amonio, 2,4-D e inhibidores de la enzima HPPD, una característica que amplía las alternativas de herbicidas que pueden utilizarse sobre las plantaciones.
Cuatro días después, Naturaleza de Derechos, organización dedicada al asesoramiento y patrocinio jurídico en materia socioambiental, presentó la petición internacional por la demora judicial. Su abogado, Fernando Cabaleiro, sostiene que la falta de una sentencia impide obtener una respuesta sobre los cuestionamientos ambientales y legales planteados en la causa.
“Es lisa y llanamente negación de justicia ambiental”, afirmó Cabaleiro.
El planteo ante la CIDH también apunta a las sucesivas autorizaciones comerciales de organismos genéticamente modificados que se otorgaron mientras el expediente continuaba sin resolución. Para la organización, esta situación evidencia las dificultades para garantizar el control judicial sobre decisiones que pueden tener consecuencias ambientales y sanitarias.
Qué cuestiona la demanda contra el Estado en la causa judicial por transgénicos
La causa judicial CAF 6580/2013 se inició el 18 de marzo de 2013 ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. El expediente cuestiona la legalidad de la autorización comercial de la soja transgénica MON87701 x MON89788, conocida como Intacta RR2 PRO y desarrollada originalmente por Monsanto.
El cultivo había sido aprobado mediante la Resolución 446/2012. La demanda sostiene que el procedimiento incumplió las obligaciones de evaluación ambiental, acceso a la información pública y participación ciudadana previstas en la Ley General del Ambiente 25.675.
Entre los demandados figuran el Estado nacional y empresas vinculadas con el agronegocio, como Bayer-Monsanto y Corteva. El planteo también cuestiona distintas normas que regulan los procedimientos de evaluación de bioseguridad y aptitud alimentaria de los organismos genéticamente modificados.
Uno de los ejes de la demanda es que las autorizaciones se concedieron a partir de evaluaciones sectoriales que, según la organización, no cumplían con los requisitos de una evaluación ambiental integral. La presentación señala que los procedimientos debían contemplar los impactos ambientales y garantizar instancias de participación pública antes de aprobar la comercialización de los cultivos.
La discusión se apoya en los artículos 11 a 13 y 19 a 21 de la Ley General del Ambiente, que establecen obligaciones vinculadas con la evaluación de impacto ambiental y la participación ciudadana. Para Naturaleza de Derechos, el sistema de aprobación de transgénicos no habría cumplido adecuadamente con esas exigencias.
La demanda también puso en duda los estudios utilizados para evaluar la seguridad alimentaria de la soja Intacta RR2 PRO. Según la documentación incorporada al expediente, Monsanto había presentado ensayos de alimentación en ratas de 90 días para los eventos MON87701 y MON89788 por separado. Para la combinación de ambos, entre los antecedentes se incluyó un ensayo nutricional en pollos de engorde de 42 días.
La organización cuestionó que esos estudios fueran suficientes para descartar posibles efectos asociados con exposiciones prolongadas. El planteo forma parte de una controversia más amplia sobre los criterios científicos utilizados para evaluar los riesgos de los organismos genéticamente modificados y la necesidad de considerar sus posibles impactos antes de autorizar su comercialización.
La Corte Suprema acumula años de demora mientras avanzan las aprobaciones
El expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia el 22 de mayo de 2017, después de que se concediera a Naturaleza de Derechos el recurso extraordinario federal. Desde entonces, la causa continúa sin una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.
A comienzos de 2024, la organización presentó un pedido de pronto despacho para reclamar que el tribunal resolviera el expediente. Sin embargo, la falta de una decisión se prolongó y motivó la presentación ante la CIDH.
Cabaleiro cuestionó el funcionamiento de la Justicia en materia ambiental y sostuvo que la demora resulta especialmente problemática en un contexto de retroceso de derechos socioambientales.
“En estos tiempos de fuerte regresión de los derechos socioambientales, la Corte tiene que ser un dique de contención frente a los avasallamientos de los extractivimos que vienen ocurriendo, principalmente de la megaminería, la deforestación y el agronegocio. Se necesita una revisión de ciertos estándares procesales, que aplicados a la especialidad ambiental cuyo eje es la prevención y precaución, se vuelven contraproducentes”, afirmó el abogado.
También apuntó contra Néstor Cafferata, a cargo de la Secretaría Ambiental de la Corte Suprema, por los tiempos de tramitación de los expedientes.
“Le imprime tiempos kafkianos a los expedientes. No está preparado para la función judicial. Es una pena porque es un excelente doctrinario, pero la Secretaría del máximo tribunal de justicia de un país no es una biblioteca”, sostuvo Cabaleiro.
La organización considera que la demora judicial tiene consecuencias que exceden el expediente original. Mientras los cuestionamientos sobre la legalidad del sistema de autorizaciones siguen pendientes, el Estado continúa aprobando nuevos eventos transgénicos y modificaciones de cultivos que ya cuentan con autorización comercial.
De acuerdo con el relevamiento presentado por Naturaleza de Derechos, basado en registros oficiales de la Secretaría de Agricultura y publicaciones del Boletín Oficial, hasta octubre de 2026 se contabilizaron más de 60 nuevas autorizaciones y modificaciones relacionadas con organismos genéticamente modificados de soja, maíz, algodón, alfalfa, papa y trigo, entre otros cultivos.
Cuando comenzó la causa, en marzo de 2013, la cantidad de organismos genéticamente modificados aprobados en el país era de 28. El número informado por la organización para octubre de 2026 supera ampliamente esa cifra y expone la expansión del sistema de autorizaciones durante los años en que la Justicia no resolvió la demanda.
