Salta amenaza con demoler viviendas de la comunidad Lule en medio de una disputa territorial

El centro del conflicto se encuentra en el territorio donde reside la comunidad Lule en Fincas las Costas,  unas 11.500 hectáreas dentro del municipio de San Lorenzo, a 15 kms de la ciudad de Salta. Mientras que sus integrantes recurrieron a la justicia para frenar el desalojo, por una denuncia del Ministerio de Ambiente provincial, el municipio planifica su destrucción para fines del mes de octubre. 

Nicol Esquivel es integrante de la comunidad. Empezó a subir contenido a las redes para explicar la situación que están viviendo. “Pertenezco a la comunidad indígena Lule de Finca Las Costas, que se encuentra en el municipio de Villa San Lorenzo, Salta Capital. Nos han notificado a más de 25 familias que tenemos que demoler nuestras casas. Casas donde tenemos nuestra historia y donde echamos raíces”.

La acusación por contaminación y el avance inmobiliario

En realidad, aclara luego, las decisiones afectan a más familias —unas 54 de Fincas Las Costas, entre criollos y miembros de la comunidad—. “Quieren sacarnos de nuestras tierras para darles a los poderosos de adentro y de afuera del país“. En declaraciones a Economía Sustentable, cuenta que el problema se inició con una ley de amparo que acusaba a la comunidad de contaminar las napas. En 2020, el  Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta los demandó por atentar contra la salud del 30% de la población de la ciudad. Pero la abogada que los representa, Mara Puntano, especialista en la defensa de derechos indígenas y socioambientales, lo desmintió y dijo que hay intereses inmobiliarios y un trato discriminatorio hacia la comunidad, ya que la reserva hídrica ha sido rodeada de barrios privados sin cloacas, que tiran los desechos a los ríos. 

“El comunicado lo hizo Serfaty, un juez de paz de Vaqueros que es de otra localidad, y fue notificando casa por casa, dejando una nota de que las personas tenían que demoler sus casas, tenían 25 días”, explica Esquivel, y detalla que han tenido conflictos durante muchos años porque Finca Las Costas es una reserva hídrica, rica en agua, minerales y tierra, por lo que implica un gran negocio inmobiliario. La medida podría hacerse cumplir por la fuerza, algunas viviendas se interponen en el trazado de una nueva ruta. 

En septiembre, organizaciones comunitarias denunciaron un proceso de “desterritorialización”, fruto del avance extractivo y los cambios normativos impulsados por el Gobierno Nacional, por lo que se calculaban alrededor de 1.300 desalojos para las comunidades de 40 naciones indígenas que viven en el país.

Tres meses antes el Gobierno de Salta había promulgado la ley 8543, sancionada por la Legislatura, que autorizaba otorgar en comodato durante 25 años un predio de casi nueve hectáreas al Tigres Rugby Club, para que pudieran ampliar su infraestructura, como lo cuenta esta nota. En declaraciones a la prensa explicaron que “no estaban al tanto de la situación”. 

Por su parte, Esquivel relata que en años anteriores también hubo intentos de quedarse con parte del territorio ancestral y menciona, como ejemplo, a San Lorenzo Chico, a solo 17 km de Finca Las Costas. Según el medio Gente de Salta, está integrado por un entramado de 18 barrios (entre cerrados y abiertos) donde viven aproximadamente 8.000 personas. “Está lleno de empresas privadas y de empresarios japoneses y  estadounidenses, y de personas de mucho dinero”, agrega Esquivel. El boom inmobiliario incluye un hotel de lujo, el Hilton Garden Inn, que tiene apertura prevista para el primer trimestre de 2027.

Si bien la comunidad presentó pruebas en el Senado, de que poseen reconocimiento y relevamiento estatal, su defensa también se basa en los derechos colectivos, ya que esas tierras son necesarias para su subsistencia. “Las familias de acá viven de la agricultura, la ganadería y las comidas regionales, ese es su principal sustento, tamales, humitas, quesos. La posibilidad de negociar la tenemos totalmente cerrada, cuando intentamos hablar en otras oportunidades con el intendente, Manuel Saravia, él dijo que nosotros somos un invento del kirchnerismo, que no existimos, que nunca existimos, que nunca hubo indios acá”, explica Nicol Esquivel. 

Por otra parte, cuenta que hace poco se presentó un proyecto en el concejo deliberante. “Lo presentó el concejal libertario Juan Pablo Dávalos, obviamente impulsado por el intendente también ahora libertario Manuel Saravia. Y los concejales también de la Libertad Avanza, Carlos María Maldonado, Guadalupe Sola, que es del PRO pero forma un bloque con la Libertad Avanza, dentro del concejo deliberante y Agustina Saravia que es la sobrina del intendente”. El proyecto privatizador es para que la intendencia pueda contratar empresas para que exploten el Chipeo y Compostaje Municipal de Lecheronal, (una planta ecológica), en ese caso se podrían explotar los ríos de Finca La Costa para la extracción de áridos en su cantera. 

El marco legal y el reclamo de inconstitucionalidad

Estela Torres, de la comunidad Lule, cuenta que la Dra. Mara Puntano presentó el recurso de inconstitucionalidad de la ley aprobada por la legislatura, teniendo en cuenta que no hubo consulta libre, previa e informada. A la fecha no hubo respuesta del mismo.

Cuenta Torres que la última movilización, el 5 de octubre —en la que se cortó el puente de acceso a la localidad de San Lorenzo—, con mucha presencia policial, surge como respuesta a las notificaciones de la Jueza Villagrán, el anuncio de la demolición de sus casas por la acusación de contaminación del agua por parte de la Comunidad, algo que no fue probado. 

Reconocidos por el INAI en 2014, como pueblo precedente, con personería jurídica, estudios históricos y mapeo realizados por técnicos especializados, Torres asegura que al pueblo Lule lo ampara la normativa indígena argentina, la Constitución Nacional, leyes provinciales y convenios internacionales. “Habitamos ancestralmente antes que existan los estados”, asegura, y por eso tiene prevalencia sus derechos sobre el decreto provincial, el 2327, del 29/09/1995, que declaró esa zona como reserva permanente e intangible por ser cuenca productora de agua potable de la ciudad de Salta. La propiedad, por lo tanto, pasó a la Provincia desde Obras Sanitarias de la Nación mediante la Ley provincial 5540/80. 

El conflicto de Finca las Costas lo determina la Corte de Justicia, según la propia abogada Mara Puntano, “a despacho para resolver una medida cautelar”. La medida es de no innovar, que fue impuesta en 2020. Por esa razón, la jueza Guadalupe Villagrán emitió un ultimátum a los habitantes, con el argumento de que se violó la medida al realizar la ampliación y modificación de las viviendas. “Si no las destruyen, las topadoras lo harán”, denuncia Estela Torres.