Una minera amparada por el RIGI romperá un glaciar y San Juan renunciará a cobrarle multas por daños ambientales

El proyecto Vicuña en San Juan fue anunciado como la mayor inversión minera de la historia argentina con un desembolso inicial de u$s 9.700 millones de dólares y una inversión final proyectada de u$s 18.000 millones y la creación de 5500 empleos directos, el megaemprendimiento minero Vicuña ya está en marcha. Pero podría significar daños ambientales irreparables, además de someter a la provincia de San Juan y a la Argentina a un acuerdo ruinoso por más de 70 años. 

El proyecto, controlado por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining fue uno de los beneficiarios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), e integra dos yacimientos de cobre, oro y plata: José María y Filo del Sol. 

Ambos están situados en la Cordillera Sanjuanina al límite con Chile y asentados sobre glaciares de escombros y el famoso Glaciar GE110, que estaba inventariado y protegido por la antigua norma, antes de que la reforma de la Ley de Glaciares limitara el resguardo de estas reservas de agua dulce.

Diversas organizaciones ambientales -entre ellas las Asambleas por el Agua de Mendoza y San Juan y la Asociación Argentina de Abogados Ambientales- denunciaron que ejecutivos de Vicuña Corp estuvieron entre los principales lobbystas para que se cambie la Ley que protegía a más de 16.000 glaciares inventariados por una versión más “light” que excluye de esa protección a gran parte de ellos. 

Cuáles son los efectos ambientales del megaproyecto

Según detalla el informe de impacto socioambiental del Observatorio del RIGI, integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), entre otros, denunció los efectos socioambientales del megaproyecto. 

Sus autores alertaron que el Glaciar GE110 y su zona periglaciar ya fue intervenida por tareas exploratorias y caminos viales asociados a los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, con el consecuente riesgo para las reservas de agua dulce y el ecosistema andino.

“En materia energética, su demanda podría alcanzar los 700 MW —más que el consumo de toda la población de San Juan— y su abastecimiento ya abrió una disputa con otras empresas mineras por el acceso a una infraestructura eléctrica insuficiente”, apunta Ariel Slipak, de FARN, uno de los integrantes del Observatorio. 

Por otra parte, el consumo masivo de agua propio de la minería de cobre a gran escala genera preocupación por el impacto en los acuíferos y cuencas locales, como la cuenca del río Jáchal.

Cómo es el acuerdo entre San Juan y la minera Vicuña

Una vez modificada la Ley de Glaciares, y ya con el camino allanado, el 5 de agosto de este año, directivos de la corporación Vicuña y el gobernador Marcelo Orrego  firmaron un acta de compromiso, que fue ratificada por ley dos semanas más tarde en la Legislatura de San Juan, con 27 votos a favor y 9 en contra. 

El texto incluye en sus 57 páginas una serie de cláusulas que condicionan cualquier reclamo económico o por daños ambientales tanto del Estado provincial como nacional por los próximos 71 años.

El documento de acuerdo señala, entre otras cosas, que la minera hará un desembolso de u$s 250 millones de dólares en concepto de “daños e impacto ambiental”. 

Pero un informe elaborado por el economista y consultor sanjuanino Hugo Berozzi revela que lo que fue presentado como una “inversión inicial de 250 millones de dólares” es en realidad un pago por adelantado y por todo concepto en caso de daño ambiental. 

“En definitiva, gran parte de esta suma deberá destinarse a la reconstrucción de la ruta 40 entre San Juan y Jáchal, necesaria para la logística de la mina, que tiene un costo estimado de 144 millones de dólares”, señaló Berozzi, en diálogo con Iprofesional. 

Por otro lado, destacó el economista, “con la aceptación de esta suma, la provincia renuncia a imponer cualquier impuesto, contribución, multa o exigencia de reparación ambiental durante toda la vida útil de la mina”.

Descuento de regalías y extensión territorial 

El trabajo de Berozzi —licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Cuyo y magíster en Desarrollo Global por la Universidad de Copenhague— analiza los impactos económicos, fiscales y legales del acuerdo, al tiempo que advierte sobre sus graves consecuencias para el ambiente y el desarrollo territorial.

Uno de los puntos más llamativos es la renuncia de la provincia a incrementar su recaudación. 

“Aunque la Ley Nacional 27.743 autoriza a elevar las regalías al 5% para nuevos proyectos mineros, la norma provincial las congela en un 3% durante toda la vida útil del emprendimiento”, señala el economista en su informe. Esta garantía aplica tanto al área actual como a cualquier yacimiento dentro de un radio de 75 km (lo que abarca más de la mitad del departamento sanjuanino de Iglesia). Al renunciar a ese 2% adicional, la provincia perdería un ingreso estimado en USD 491,2 millones a valor presente.

Sin obligación de restaurar el ambiente ni contratar local

El acuerdo entre la corporación Vicuña y la Provincia de San Juan elimina la obligación de realizar obras de reparación ambiental. De este modo, la compañía australiano-canadiense queda eximida de construir infraestructura hídrica para recuperar el agua consumida por el emprendimiento minero en favor de los pobladores de Jáchal e Iglesia (unas 34.000 personas). 

También se elimina la obligación de realizar dos proyectos de innovación en energías renovables, dos proyectos productivos/industriales, dos de preservación ambiental y la implantación de 10.000 árboles nativos como compensación de la huella de carbono emitida durante la operación de la mina. 

Tampoco se le exige la contratación de empresas y mano de obra local, en tanto la minera pueda demostrar que los proveedores locales no cumplen los requisitos o sus precios son más elevados. 

El proyecto ya levantó polémica al al adjudicar la construcción de su campamento modular a un consorcio de empresas chinas que traen desde los materiales a los trabajadores desde aquel país

Tal vez lo más escandaloso del acuerdo es que la provincia renuncia a juzgar disputas en tribunales locales o nacionales por cuestiones ambientales, tributarias o de fiscalización. “Toda diferencia será resuelta de manera inapelable por un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional”, dispone el acta acuerdo. 

“Esto impone costos de proceso elevados, riesgos de indemnizaciones millonarias en caso de laudos adversos”, advirtió Berozzi, y señaló que “este acuerdo entra en conflicto directo con múltiples artículos de la Constitución Provincial de San Juan, vulnerando la delegación de facultades, la protección del ambiente, la competencia tributaria indelegable, el dominio sobre los recursos minerales y la independencia del Poder Judicial”, sostuvo.

Por qué despidieron al economista que critico el proyecto Vicuña

Conocido el informe, las consecuencias para su autor no se hicieron esperar. Berozzi fue despedido de su empleo en el área de análisis de riesgo crediticio en el Fondo de Garantías de la provincia de San Juan pocos días después de publicarlo. Llevaba 6 años trabajando en el organismo.

“Fue un despido sin causa formal, y en un contexto en el que se necesitan analistas de riesgo crediticio ya que la morosidad es récord”, comentó Berozzi a Iprofesional. 

Sin embargo, en forma oral le hicieron saber que la decisión de prescindir de sus servicios obedecía al informe sobre el acuerdo minero con Vicuña. 

“No estoy en contra de la minería. Me parece que es un vector de desarrollo económico y social. Pero también creo que las empresas deben reparar los daños ambientales, contratar a proveedores y mano de obra local y promover el desarrollo de las comunidades. Y es el Estado quien debe controlarlas. Esta cesión de soberanía es indignante”, señaló.  

La postura de las asambleas ambientales frente al RIGI

Por su parte, las controladoras de Vicuña Corp enfrentan denuncias y juicios internacionales por contaminación y violación de los Derechos Humanos . BHP fue declarada responsable por un tribunal inglés por su participación en el desastre de la represa de Fundão en Mariana, Brasil, considerado uno de los mayores desastres ambientales vinculados a la minería.

Por su parte, Lundin Mining enfrenta un proceso judicial en Suecia, donde ejecutivos del holding fueron acusados de complicidad en crímenes de guerra vinculados a operaciones petroleras en Sudán del Sur entre 1997 y 2003.

“Estas corporaciones forman parte de una misma arquitectura global que combina grandes capitales transnacionales, estrategias de abastecimiento de minerales críticos y mecanismos jurídicos destinados a reducir los riesgos regulatorios de la actividad extractiva. Son actores que llegan a Argentina con trayectorias consolidadas en el uso del arbitraje internacional, en conflictos socioambientales de gran escala y, en algunos casos, en procesos judiciales por violaciones graves de derechos humanos”, señala Mariano Novas, investigador de la UNSAM y coordinador del Observatorio del RIGI. 

“Aquí el gobierno nacional y provincial no solo les tiende la alfombra roja sino que les garantiza, que cualquier intento futuro del Estado argentino de regular en favor de las comunidades o el ambiente podrá ser respondido con una demanda millonaria ante un tribunal internacional”, apunta Novas. 

El costo real del llamado “mayor emprendimiento minero de la historia” parece ser demasiado elevado, y lo pagarán las generaciones futuras.