Un megaproyecto de salmonicultura genera polémica en Malvinas y los isleños exigen decidirlo en un referéndum

Un megaproyecto de salmonicultura contempla instalar granjas en 16 sitios del archipiélago y generar hasta 50.000 toneladas anuales. Mientras sus impulsores destacan la inversión y el empleo, organizaciones de residentes cuestionan los estudios ambientales y advierten sobre el impacto en un ecosistema donde habitan numerosas especies marinas.

Un megaproyecto de salmonicultura en las Islas Malvinas abrió una fuerte controversia entre sus habitantes. La iniciativa contempla desarrollar granjas en 16 ubicaciones y alcanzar una producción de hasta 50.000 toneladas de salmón por año, una escala que convertiría al emprendimiento en uno de los mayores proyectos industriales costeros del archipiélago.

El proyecto es impulsado por Unity Marine, una sociedad integrada por la pesquera local Fortuna y la compañía danesa F-land ApS. Sus promotores destacan el potencial económico de la actividad, mientras un sector de los residentes reclama que la población sea quien defina mediante un referéndum si las islas deben avanzar hacia una industria salmonera de gran escala.

Según informó The Guardian, una evaluación encargada por el gobierno isleño estimó que una producción de 30.000 toneladas anuales podría generar unos 35 millones de libras esterlinas por año -casi 48 millones de dólares-, equivalentes al 11% del PBI del territorio. El estudio también proyectó la creación de alrededor de 133 puestos de trabajo.

Las proyecciones económicas contrastan con las advertencias de organizaciones ambientalistas y residentes, que cuestionan tanto los potenciales efectos de la actividad como la calidad de la información utilizada para analizar su viabilidad.

Salmonicultura en Malvinas y el reclamo por un referéndum

La organización Salmon Free Falklands (SFF), integrada por residentes que se oponen al emprendimiento, reclama que la decisión sea sometida a una votación popular. Para sus integrantes, una iniciativa de semejante escala debería contar con el respaldo de quienes viven en el archipiélago.

“Entonces será la gente la que decida qué ocurre en su propio país”, afirmó la activista Sally Poncet.

La organización también cuestionó los estudios utilizados para evaluar el proyecto. Poncet sostuvo que parte de los análisis encargados por las autoridades se basaron en información proporcionada por Unity Marine que, según afirmó, no podía ser verificada de manera independiente.

Entre las principales preocupaciones aparecen los residuos derivados de la cría intensiva de salmones y sus posibles efectos sobre los ecosistemas marinos. Los residentes advierten especialmente sobre el impacto que podrían sufrir los bosques de algas, las zonas de desove de calamares y otras especies.

Las aguas que rodean las islas albergan una importante diversidad de fauna marina, entre ella lobos y elefantes marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos. Para los críticos del proyecto, la incorporación de una industria de estas dimensiones requiere determinar previamente cuánto puede soportar el ecosistema.

Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad de protección ambiental australiana y asesora de SFF, fue particularmente crítica con los documentos elaborados durante el procedimiento y los calificó como “casi carentes de valor”.

“La capacidad de carga todavía no fue determinada mediante un proceso científico riguroso”, sostuvo.

Cherrie también cuestionó que no se hubieran calculado los eventuales costos regulatorios y ambientales de la actividad. Según su planteo, esto impediría que los habitantes del archipiélago cuenten con todos los elementos necesarios para tomar una decisión informada.

Tom Appleby, jefe de asuntos legales de Blue Marine Foundation, también cuestionó la calidad de los datos utilizados. El especialista consideró “extraordinario” que se presentaran informes sin información primaria verificada independientemente y señaló que las numerosas aclaraciones sobre las fuentes terminaban debilitando sus conclusiones.

Qué dicen el gobierno y la empresa sobre el proyecto salmonero

Frente a las críticas, las autoridades locales aseguraron mantener una posición neutral y afirmaron que no están ni a favor ni en contra de la salmonicultura. Según explicaron, los estudios encargados buscan aportar información para analizar distintos escenarios y no constituyen una autorización para desarrollar un proyecto determinado.

El gobierno también aclaró que el informe sobre la capacidad de carga tenía como objetivo mostrar cómo podría funcionar un eventual proceso de modelización, pero no establecer cuánta producción podrían soportar efectivamente las aguas de las islas. Respecto de los costos regulatorios y ambientales, indicaron que todavía no pueden calcularse con precisión.

La discusión tiene un antecedente reciente. En 2022, las autoridades habían rechazado la instalación de una granja salmonera. Unity Marine impulsó posteriormente una revisión judicial al considerar que antes de tomar esa decisión debía realizarse una consulta general. Finalmente, un acuerdo anuló aquella resolución y dio paso al actual proceso de participación pública.

Desde la empresa, James Wallace, director gerente de Fortuna, defendió el proceso y aseguró que Unity Marine no solicitó una licencia inmediata para comenzar a producir. Según explicó, la intención fue permitir que las autoridades contaran con tiempo suficiente para estudiar la viabilidad económica, social y ambiental de una industria salmonera a gran escala.

Wallace destacó además las consultas públicas y la publicación de informes preliminares. “Esperamos que un proceso de decisión informado sobre si la salmonicultura a gran escala es adecuada para las Islas Malvinas incluya una evaluación de impacto ambiental sólida”, manifestó.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. Mientras tanto, Salmon Free Falklands busca que la definición final sea sometida a un referéndum entre los aproximadamente 3.500 habitantes del archipiélago.

La discusión enfrenta dos modelos de futuro para las islas: por un lado, la posibilidad de incorporar una industria capaz de generar inversiones, empleo y nuevos ingresos; por otro, el temor de que una actividad de semejante escala genere impactos irreversibles sobre uno de los principales ecosistemas que rodean al territorio.