Fuerte repudio tras el fallo por las fumigaciones en Pergamino: denuncian que la absolución de los acusados agrava la impunidad ambiental

La absolución de los productores agropecuarios acusados por contaminación con agrotóxicos en Pergamino desató un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, que consideran que el fallo representa un retroceso en la lucha contra los delitos ambientales en Argentina.

Desde Greenpeace repudiaron la decisión del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario, que absolvió a todos los imputados por contaminación ambiental y condenó únicamente a dos ex funcionarios municipales por incumplimiento de sus deberes de control.

“Desde Greenpeace repudiamos la absolución de quienes fueron acusados por contaminación ambiental en el juicio por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino. Si bien el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario condenó a dos ex funcionarios municipales por incumplimiento de sus deberes de control, el fallo deja sin responsabilidad penal a los acusados por contaminar y representa un retroceso grave para la protección del ambiente, la salud de las personas y el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano”, expresó la organización.

El juicio investigó hechos ocurridos entre 2011 y 2019 en la zona periurbana de Pergamino, donde vecinos denunciaron fumigaciones cercanas a viviendas, escuelas y fuentes de agua. Durante el proceso se incorporaron análisis de suelo y agua, testimonios de habitantes de la zona y estudios científicos que detectaron indicadores de daño genético en personas expuestas a agroquímicos.

Sin embargo, los jueces concluyeron que, si bien quedó acreditado el impacto de los agroquímicos sobre el ambiente y la salud, no existían pruebas suficientes para atribuir responsabilidad penal individual a los productores imputados, por lo que aplicaron el principio de la duda.

Juicio por fumigaciones en Pergamino: qué resolvió la Justicia

El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario absolvió a los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Roces, Carlos y Hugo Sabatini, el ingeniero agrónomo José Luis Grattone, el aplicador Cristian Taboada y otros acusados, todos investigados por presunta contaminación ambiental en el marco del artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

En cambio, los magistrados condenaron a Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, ex funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino, a dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según el fallo, ambos omitieron controlar el cumplimiento de la ordenanza municipal que regula las fumigaciones en zonas periurbanas y permitieron aplicaciones sin la documentación correspondiente y sin respetar las distancias mínimas exigidas.

Para Greenpeace, la condena a los funcionarios confirma que existieron fallas estatales, pero resulta insuficiente frente a la magnitud de los hechos investigados.

“La condena a los ex funcionarios municipales confirma que hubo fallas en los controles, pero no alcanza. Una sentencia de estas características profundiza la impunidad ambiental y debilita la obligación del Estado de prevenir daños graves o irreversibles. La Justicia debe proteger a las comunidades afectadas, no consolidar un sistema donde quienes contaminan pueden seguir adelante sin consecuencias”, sostuvo la organización.

Greenpeace advierte que el fallo deja un precedente para los delitos ambientales

La entidad ambientalista considera que la sentencia trasciende el caso de Pergamino y reabre el debate sobre la eficacia del sistema judicial para sancionar los delitos ambientales.

“Después de años de denuncias, testimonios de la comunidad, estudios científicos y reclamos de las familias afectadas, la absolución de quienes fueron acusados por contaminar deja un mensaje peligroso: que la contaminación puede no tener responsables y que la salud de las personas vale menos que los intereses de quienes contaminan”, señalaron.

Además, remarcaron que el caso refleja un problema estructural vinculado al uso intensivo de agrotóxicos y la falta de controles efectivos.

“Pergamino no es un caso aislado. Expone una problemática estructural: el uso masivo de agrotóxicos y la falta de controles efectivos siguen dejando a comunidades enteras expuestas a sustancias peligrosas. No se trata sólo de quienes aplican estos productos, sino de una cadena que permite que los agrotóxicos se produzcan, circulen, lleguen al agua, al suelo y a los cuerpos de las personas, sin respuestas proporcionales al daño causado”.

Greenpeace también sostuvo que la evidencia científica sobre sustancias como el glifosato, la atrazina y otros agroquímicos obliga a fortalecer los controles y ampliar las zonas de resguardo alrededor de viviendas, escuelas y cursos de agua.

Mientras tanto, el fallo vuelve a poner en el centro de la discusión el alcance de la responsabilidad penal por contaminación ambiental y el desafío de garantizar que los daños sobre la salud y los ecosistemas no queden sin consecuencias judiciales.